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Presidente salvadoreño Nayib Bukele combate a las pandillas, dice el estudio regional de Latinobarómetro
El Latinobarómetro 2023 (un estudio de opinión pública que anualmente se aplica en 18 países de América Latina) destacó la política de seguridad implementada por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, para combatir a las pandillas, que por décadas causaron luto y dolor a las familias salvadoreñas.
«[Nayib] Bukele en su política detiene a miembros de las maras y del narcotráfico masivamente disminuyendo la tasa de homicidios y violencia en el país. Es aplaudido por moros y cristianos por el efecto en la sociedad salvadoreña», se lee en la página 29 del informe, que también plantea la supuesta vulneración a los derechos humanos de los capturados.
Para combatir a los grupos delincuenciales, el presidente Nayib Bukele implementó desde el inicio de su mandato, en 2019, el Plan Control Territorial (PCT), que fue atacado en ese entonces por la oposición política en la Asamblea Legislativa, con mayoría de diputados de ARENA y el FMLN.
El bipartidismo negó el financiamiento de $200 millones para las fases II y III del PCT, aduciendo falta de transparencia en cómo sería ejecutado el dinero. Fue la nueva Asamblea Legislativa, con mayoría de Nuevas Ideas y que tomó posesión el 1.° de mayo de 2021, la que desentrampó la aprobación de los recursos.
El 27 de marzo de 2022, el PCT para el combate de las pandillas fue reforzado con la aprobación del régimen de excepción, medida que actualmente está vigente por los votos de Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC. Los grupos parlamentarios de ARENA, FMLN, VAMOS y Nuestro Tiempo no han respaldado la medida constitucional.
El año pasado, el grupo parlamentario del FMLN presentó un proyecto de ley para derogar el régimen de excepción, sin embargo, la iniciativa fue enviada al archivo por falta de apoyo. Actualmente, las autoridades reportan la captura de más de 71,000 pandilleros con esa medida constitucional.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
