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Los pandilleros detenidos en el régimen de excepción en El Salvador superan los 48,764
Según el Ministerio de Seguridad, hLa guerra contra las pandillas y la criminalidad que las autoridades de seguridad han librado en todo el territorio salvadoreño con mayor intensidad en los últimos meses continúan dejando resultados positivos.
Según el Ministerio de Seguridad, hasta este jueves se han registrado más de 48,700 pandilleros capturados en todo el país en el marco del régimen de excepción.
Según los datos publicados por esta cartera de Estado, en total son 48,764 miembros de grupo de pandillas o colaboradores que han sido puestos bajo arresto en todo El Salvador en lo que lleva de vigencia el régimen de excepción.
Desde el pasado 27 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción como una rápida y efectiva respuesta ante la última alza de homicidios que se ha registrado en el país, desde entonces dicho régimen se ha prolongado hasta en cuatro ocasiones ante los evidentes resultados positivos que ha dejado.
Esta iniciativa, junto a la ejecución del Plan Control Territorial, han permitido que la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), así como también la Fiscalía General de la República (FGR), tengan las herramientas ideales para perseguir, capturar y llevar ante la justicia a los miembros de grupos terroristas en todo el país.
El presidente de la República, Nayib Bukele, ha destacado este régimen de excepción como un factor clave para la histórica reducción de homicidios que el país experimenta, plasmada en las estadística del recién finalizado mes de julio, el cual contabilizó 21 días con cero homicidios, convirtiéndose en el más seguro en la historia de El Salvador.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
