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Las políticas de seguridad del Gobierno de El Salvador mantienen la tasa más baja de homicidios en la región
Las políticas de seguridad pública implementadas por el Gobierno Central, dirigido por el presidente Nayib Bukele, garantizan que El Salvador continúe con la tasa más baja de homicidios en Latinoamérica, dato no registrado durante los 30 años de gobiernos de ARENA y del FMLN.
Esas políticas son de naturaleza punitiva y preventiva en contra del delito y han sido implementadas desde el inicio de la presente gestión presidencial —en 2019— y reforzadas el año pasado con el régimen de excepción.
Como fruto de esas acciones hay una drástica reducción en el índice de los homicidios, que mayoritariamente eran cometidos por pandilleros, que han sido reducidos en número porque más de 61,000 están tras las rejas gracias al estado de excepción.
De igual manera, el Plan Control Territorial (PCT) ha permitido el combate de las pandillas y del crimen organizado con el decomiso de droga procedente, principalmente, de Sudamérica.
«Cerramos el día 25 de 2023 y El Salvador continúa con la tasa de homicidios más baja de Latinoamérica», anunció el gobernante en Twitter, en referencia a los resultados de las políticas de seguridad impulsadas.
El miércoles pasado, el reconocido periodista venezolano Eduardo Menoni aplaudió el trabajo del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad pública y criticó a los medios de comunicación que han atacado su gestión, como lo hizo recientemente el «Washington Post» al publicar una columna de opinión escrita por Juan Martínez d’Aubuisson, periodista del medio digital «El Faro», acérrimo atacante del trabajo del Ejecutivo.
«El “Washington Post” critica a Nayib Bukele por combatir las maras en El Salvador. ¿Qué querían, que no tocara a los criminales? ¡Los medios tradicionales son basura!», escribió el periodista.
Además de los medios internacionales, los locales también atacan, como parte de la oposición política, las acciones de seguridad calificándolas de atentatorias contra los derechos humanos, a pesar de que los capturados son pandilleros o tienen vínculos con estas estructuras, según el Gabinete de Seguridad Pública.
Aparte de los medios nacionales e internacionales, los partidos políticos tradicionales también se han sumado a la agenda de ataque y obstaculización del trabajo de seguridad. Por ejemplo, ARENA y el FMLN se opusieron en 2021 al financiamiento de las fases II y III del Plan Control Territorial.
También se han negado a dar los votos para mantener la vigencia del régimen de excepción, prorrogado por décima ocasión este mes por la Asamblea Legislativa. Ambos partidos, cuando estuvieron al frente del Ejecutivo, impulsaron planes de «mano dura» para el combate de los grupos delincuenciales, e incluso pactaron con las pandillas para reducir los homicidios.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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