Judicial
Una joven huye de su casa con su vecino de 35 años tras discutir con su madre, consumen drogas y el abusa de la adolescente
Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 16 años de edad, tomara una mala decisión.
El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla.
Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos.
La estudiante de séptimo grado, quien es la menor de tres hermanos, se molestó ante la negativa de su madre de no dejar que el hombre llegara a la casa de habitación, por lo que la joven tomó su teléfono celular y le llamó a Armando para que fuera por ella.
A eso de las 6:30 de la tarde, su vecino llegó a traerla a bordo de una motocicleta con el fin de que la llevara a la casa de un amigo, según dicta el expediente judicial.
Ambos se desplazaron hacia la plaza de El Salvador del Mundo, en donde permanecieron alrededor de 45 minutos. En ese lapso, Sara le relató a Armando lo ocurrido con su madre y la razón de su molestia con ella.
Luego, según el relato de la joven, ella le solicitó al hombre que la llevara a la colonia Zacamil para ir a comprar un dólar de marihuana. La joven le aseguró que andaba el dinero para adquirirla.
Tras esto, los dos volvieron a subir a la motocicleta para dirigirse hacia la colonia donde residen, en donde se alojaron en una de las casetas de vigilancia para consumir lo adquirido minutos atrás. Las horas pasaron y se llegó la medianoche. La joven amaneció en ese lugar y no llegó a su vivienda.
A las 5:00 de la mañana, Sara y Armando salieron de la caseta de seguridad, sitio en donde sostuvieron relaciones sexuales, aunque el expediente judicial no detalla que el hombre haya obligado a la menor.
Armando llevó a la joven a la casa de una de sus hermanas para que pudiera permanecer ahí mientras él iba a trabajar. Sin embargo, el plan no le resultó, pues su familiar le negó la estadía a ambos para evitar algún tipo de problema debido a que se trataba de una menor de edad.
Ese día, el hombre decidió no ir a trabajar y llevar a su pequeña vecina hacia un hospedaje situado en el centro de San Salvador, a las 8:30 de la mañana. Ahí volvieron a sostener relaciones sexuales. El expediente judicial detalla que en este lugar tuvieron tres encuentros sexuales más esa mañana.
Un mensaje vía WhatsApp y la detención
Antes del mediodía, Sara tomó su celular y a través de un mensaje por la aplicación telefónica WhatsApp le mandó una notificación a su madre, quien horas antes había interpuesto una denuncia ante la PNC del Centro Histórico por la supuesta desaparición de la joven.
Sara le pidió a su madre que la llegara a traer, pero por motivos laborales la mujer no pudo hacerlo en ese momento.
A mediodía, el hermano de la joven logró ver que ella y Armando se encontraban en el parque de la colonia Mompegon a bordo de la motocicleta, por lo que alertó a su madre y esta se presentó junto a agentes policiales a la zona.
A las 2:10 de la tarde del 13 de junio de 2017, Armando C. fue detenido en flagrancia, en ese momento bajo los cargos de estupro por prevalimiento.
El proceso
Tras el proceso que inició en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador, se estipuló que el sujeto iba a ser acusado por el delito de violación y no por estupro, como se catalogó en un inicio.
Como etapa final, el Tribunal 6° de Sentencia será quien instale la audiencia de vista pública en contra de Armando, el próximo 6 de julio de este 2018.
En esta se conocerá si es culpable o inocente del delito que se le imputa, mientras tanto se encuentra recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona», sitio en donde guarda prisión preventiva desde el año pasado.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
