Judicial
Una joven huye de su casa con su vecino de 35 años tras discutir con su madre, consumen drogas y el abusa de la adolescente
Una discusión con su madre llevó a que Sara (nombre cambiado por protección a la víctima), una joven de 16 años de edad, tomara una mala decisión.
El 12 de junio de 2017, la joven le consultó a su progenitora si su vecino Armando C., un mensajero de profesión y 19 años mayor que ella, podía llega a su vivienda ubicada en una colonia de Ayutuxtepeque para visitarla.
Armando, de 35 años de edad, conoció a Sara cuando se mudó a la colonia, por lo que ambos tenían solamente cinco meses de ser vecinos.
La estudiante de séptimo grado, quien es la menor de tres hermanos, se molestó ante la negativa de su madre de no dejar que el hombre llegara a la casa de habitación, por lo que la joven tomó su teléfono celular y le llamó a Armando para que fuera por ella.
A eso de las 6:30 de la tarde, su vecino llegó a traerla a bordo de una motocicleta con el fin de que la llevara a la casa de un amigo, según dicta el expediente judicial.
Ambos se desplazaron hacia la plaza de El Salvador del Mundo, en donde permanecieron alrededor de 45 minutos. En ese lapso, Sara le relató a Armando lo ocurrido con su madre y la razón de su molestia con ella.
Luego, según el relato de la joven, ella le solicitó al hombre que la llevara a la colonia Zacamil para ir a comprar un dólar de marihuana. La joven le aseguró que andaba el dinero para adquirirla.
Tras esto, los dos volvieron a subir a la motocicleta para dirigirse hacia la colonia donde residen, en donde se alojaron en una de las casetas de vigilancia para consumir lo adquirido minutos atrás. Las horas pasaron y se llegó la medianoche. La joven amaneció en ese lugar y no llegó a su vivienda.
A las 5:00 de la mañana, Sara y Armando salieron de la caseta de seguridad, sitio en donde sostuvieron relaciones sexuales, aunque el expediente judicial no detalla que el hombre haya obligado a la menor.
Armando llevó a la joven a la casa de una de sus hermanas para que pudiera permanecer ahí mientras él iba a trabajar. Sin embargo, el plan no le resultó, pues su familiar le negó la estadía a ambos para evitar algún tipo de problema debido a que se trataba de una menor de edad.
Ese día, el hombre decidió no ir a trabajar y llevar a su pequeña vecina hacia un hospedaje situado en el centro de San Salvador, a las 8:30 de la mañana. Ahí volvieron a sostener relaciones sexuales. El expediente judicial detalla que en este lugar tuvieron tres encuentros sexuales más esa mañana.
Un mensaje vía WhatsApp y la detención
Antes del mediodía, Sara tomó su celular y a través de un mensaje por la aplicación telefónica WhatsApp le mandó una notificación a su madre, quien horas antes había interpuesto una denuncia ante la PNC del Centro Histórico por la supuesta desaparición de la joven.
Sara le pidió a su madre que la llegara a traer, pero por motivos laborales la mujer no pudo hacerlo en ese momento.
A mediodía, el hermano de la joven logró ver que ella y Armando se encontraban en el parque de la colonia Mompegon a bordo de la motocicleta, por lo que alertó a su madre y esta se presentó junto a agentes policiales a la zona.
A las 2:10 de la tarde del 13 de junio de 2017, Armando C. fue detenido en flagrancia, en ese momento bajo los cargos de estupro por prevalimiento.
El proceso
Tras el proceso que inició en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador, se estipuló que el sujeto iba a ser acusado por el delito de violación y no por estupro, como se catalogó en un inicio.
Como etapa final, el Tribunal 6° de Sentencia será quien instale la audiencia de vista pública en contra de Armando, el próximo 6 de julio de este 2018.
En esta se conocerá si es culpable o inocente del delito que se le imputa, mientras tanto se encuentra recluido en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como «Mariona», sitio en donde guarda prisión preventiva desde el año pasado.
Judicial
Condenan a 90 años de prisión a seis pandilleros por el asesinato de un agente policial en Sonsonate
El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana impuso una condena de 90 años de prisión a seis miembros de la clica San Cocos Salvatruchos, perteneciente a la MS-13, tras ser encontrados culpables de la desaparición y homicidio agravado de un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido en enero de 2022 en Sonsonate.
Los condenados fueron identificados como Eduardo José Cruz Hernández, David Eduardo Hernández Zeledón y Marco Daniel Cruz Hernández, quienes estuvieron presentes durante la vista pública. En tanto, Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, Miguel Ángel Cortez Lozano y Nelson Alexánder Chacón Rivas fueron condenados en ausencia y deberán cumplir la pena una vez sean capturados.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el agente Nahúm Elías Hernández Escobar fue privado de libertad el 2 de enero de 2022 en la colonia Sensunapán, cuando se disponía a visitar a unos familiares. En ese momento fue interceptado por los pandilleros, quienes lo obligaron a bajar de su vehículo y lo trasladaron por la fuerza en otro automóvil.
Posteriormente, fue llevado a las orillas del río Sensunapán, donde fue asesinado y enterrado en una fosa clandestina. Su cuerpo fue localizado seis días después, el 8 de enero, e identificado mediante una prueba de ADN debido al avanzado estado de descomposición.
Los seis implicados fueron encontrados culpables de los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas. Según la resolución judicial, cada uno recibió 60 años por homicidio agravado, 25 por desaparición y 5 por pertenecer a estructuras criminales.
La FGR reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quienes atenten contra la vida de servidores públicos y la seguridad de los salvadoreños.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
