Judicial
Supuesta líder de “Las Viudas Negras” asegura que testigo clave y policías la extorsionaban por ser cuñada del pastor Toby
“Esta es la historia de la sirvienta que te roba, te daña y te va a ponerse como víctima ante la policía”, esa fue la frase que Esmeralda Flores, la supuesta líder de “Las Viudas Negras”, utilizó para referirse a su proceso judicial en el que es señalada de obligar a mujeres jóvenes a contraer matrimonio para luego matarlos y cobrar sus seguros de vida. Ella, al igual que el resto de los imputados, dice no pertenecer a la pandilla y se declara inocente.
Esmeralda llegó con la frente en alto a su primer día de audiencia ante el Tribunal Especializado de Sentencia «A» de San Salvador. Esposada de sus manos y vestida como prisionera mostró una pequeña sonrisa ante el ojo de los periodistas que llegaron a cubrir el juicio. De las cuatro mujeres que estaban sentadas en el banquillo de los acusados, era la que única que se erguía como quien sale a defenderse de algún ataque.
La audiencia que estaba agendada para que iniciara a las 8:30 de la mañana comenzó una hora después. En la sala se rumoraba que esta se suspendería, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) no había logrado ubicar a cuatro de sus testigos con régimen de protección, entre ellos uno de nombre “Mónica”, quien es la que puso al descubierto la red –en 2017- y quien aseguró que fue obligada a casarse a la fuerza.
Dos horas más tarde, la representación fiscal confirmó este percance y solicitó al juez reprogramar la audiencia, y así fue. Según lo dicho por la Fiscalía, este último testigo era una “declaración de vital importancia”, pero habría salido del país ilegalmente debido a una serie de amenazas por parte de personas que son parte de esta estructura.
Tras conocer la nueva fecha de la vista pública, Esmeralda fue esposada y enlazada con otra de sus compañeras, mientras esto pasaba hablaban con sus abogados. Su compañera de prisión observó a otro de los imputados y este al seguirle la mirada le dio un beso en la mejía cuando se despedía. Ambos sonrieron.
Se abrieron las puertas de la sala y todos los imputados salieron caminando y arrastrando sus cadenas. “Esmeralda, ¿Cómo se declara ante las acusaciones?”, pregunté mientras bajamos las escaleras del centro judicial rumbo a las bartolinas.
“Inocente, este es un montaje de la policía. Donde lo único que hacen es llamar la atención de los medios y a la larga posiblemente una condena. Lo hacen ver a uno como el peor de los monstruos, más aún cuando tiene problemas con la Policía, quienes se encargan de hacerle complicada la vida”, señaló con tranquilidad. También negó ser parte de Mara Salvatrucha como lo ha mencionado en reiteradas ocasiones la acusación fiscal.
La sirvienta que informaba a la DCI
Con tono firme y sin titubear explicó que todo esto nació luego que contratara a “Mónica” para que cuidara a sus hijos en su casa, pero tiempo después comenzó a recibir llamadas extrañas de supuestos policías que le exigían dinero a cambio de no involucrarla con pandillas ya que, por alguna razón, se enteraron que su hermana menor era la esposa del pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, Edgar López Bertrand, mejor conocido como el hermano Toby.
“Todo esto se ha dado por cuestiones de dinero, en los cuales hay policías implicados. Yo puse la denuncia ante la central de investigaciones de la PNC que estaba siendo extorsionada. Se me decía que yo estaría involucrada en homicidios si yo no pagaba. Ellos (los policías) están conscientes de todo esto. No hicieron nada, lo que sí hicieron fue hacer más grande este montaje”, explicó ya un tanto indignada y molesta a unos cuantos metros de las bartolinas.
Esmeralda dijo que se dio cuenta que toda la información que los supuestos policías sabían era gracias a que “Mónica” era pariente cercana de un miembro de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC. Estos sabían la ubicación de ella todos los días, los lugares que frecuentaba con sus hijos y hasta la ropa que vestía el día que recibía las llamadas.
“Todo se llegó a saber porque al final uno llega a determinar quién es la persona que te está afectando y a la larga fue ella (Mónica) y por miedo a que fuera ella la dañada en todo esto le dio vuelta a la situación. No tengo nada que ver con la mara”, sentenció mientras seguíamos caminando.
En la conversación de siete minutos, ella reiteró en varias ocasiones ser inocente y de ser una “persona normal y civil”, al igual que el resto de las personas que la acompañan en el proceso.
“Puede haber muertos, una viuda, pero cómo van a probar las víctimas que las han obligado casarse. Nadie puede ser casado a la fuerza, usted está disponible a ir a la delegación más cercana y cualquiera le puede ayudar”, dijo frunciendo la frente.
La relación con su familia
Luego de que Esmeralda fuera detenida y llevada a prisión, la relación con su familia afuera terminó en una ruptura debido a que fue ella misma quien pidió mantenerlas alejadas de todo este proceso y de la vista de los medios de comunicación.
Gabriela Guadalupe Flores, ahora viuda del religioso y hermana de Esmeralda, dijo a El Salvador Times en noviembre de 2018 que se sentía afectada por todas las conjeturas que las personas hacían sobre ella y el matrimonio con el popular pastor.
Cuando se le preguntó a la detenida sobre esto dijo: “He tenido grandes problemas con mi familia porque esto no es grato para nadie. Nosotros no tenemos contacto con ella (Gabriela) porque sentimos que es lo mejor, ella tiene una situación complicada a raíz de todo esto”. Aclaró que no recibió dinero del religioso y que no le interesa.
A pocos metros de que ingresara a la detención espera salir libre del juicio junto con el resto de personas que, según ella, son inocentes de todos los delitos por los que son judicializados. Al preguntarle cuáles eran sus actividades favoritas dentro del centro penitenciario señaló que gusta de la lectura e ir a la iglesia.
“Las delincuentes son las víctimas, por dinero nos están haciendo este daño. Yo no tengo nada que avergonzarme porque en este país uno está sujeto a todo esto”, concluyó mientras entraba a su celda.
Los siete imputados están procesados por los delitos de homicidio agravado, trata de personas en modalidad matrimonio forzado, explotación sexual, agrupaciones ilícitas y estafa. El juez determinó que la vista pública se realizará el 8 y 9 de abril donde se espera que comparezcan los testigos.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
