Judicial
Raúl Mijango queda en libertad tras ser acusado de extorsión contra arrocera
La Cámara Especializada de Sentencia de Santa Tecla revocó la detención provisional que se mantenía contra el mediador de la Tregua, quien es acusado por el delito de extorsión a una arrocera en el periodo de la tregua entre pandillas.
Fuentes judiciales confirmaron que la Cámara ha tomado esta decisión que estaría dejando en el libertad inmediata a Mijango, quien ha guardado prisión en el penal La Esperanza, mejor conocido como “Mariona”
Hasta el momento, el hecho no se ha hecho oficial, puesto que solo ha notificado al imputado, pero no a las demás partes involucradas en el proceso.
El 22 de agosto de 2017 se realizó la audiencia de imposición de medidas en este caso y se le decretó detención provisional para Mijango y 12 personas más que ya están vinculados a otros casos.
Ahora el caso se encuentra en el Sentencia, luego de que el Juzgado Especializado de Instrucción “B” decidiera el pasado 23 de marzo que Mijango y a otros 12 fueran enviados a juicio por estar implicados en una extorsión a una empresa arrocera.
Según la investigación, Mijango supuestamente asesoraba a los otros hampones para así poder obtener dinero, mediante extorsiones, de la empresa arrocera.
Durante los años 2013 y 2014, Mijango y otros imputados exigían mercadería a la empresa y posteriormente esos productos eran comercializados por mareros en los diferentes mercados del país.
Según la Fiscalía, Mijango se presentó ante la empresa para indicarles que en vez de pagar con billetes, pasarían a un pago parcial con productos a granel, aunque siempre hubo un pago en efectivo de al menos $6,000 en efectivo.
Aunque los fiscales no lo detallaron, se presume que los granos eran frijol, arroz y probablemente maíz y que Mijango pedía a la empresa que le dieran facturas bajo el concepto de “pago de renta”, dijeron los investigadores fiscales.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
