Judicial
Profesional del derecho interpone aviso penal ante la FGR por presunta existencia de actos de corrupción en el Juzgado Cuarto de Familia de San Salvador
En los últimos días ha corrido la noticia que en el Juzgado Cuarto de Familia e San Salvador se estarían dando actos de corrupción cometidos presuntamente por el Secretario y Notificador de la misma sede judicial, según una profesional del derecho quien ya ha interpuesto un aviso penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Específicamente, los casos que llamaron más la atención de la demandante han sido los que tienen que ver con declaratorias de divorcio y en de adopción, procesos que han sido según la profesional del derecho, resueltos en tiempo “récord” (pocos días), y que han sido trabajados hasta en la misma oficina de uno de los usuarios o interesados en proceso de divorcio.
Esto ha llevado a la demandante a creer que dentro del juzgado en mención existan graves indicios de haberse cometido actos de corrupción para favorecer a ciertos abogados y sus clientes, brindándoles trámites exprés que contrastan totalmente con el alargamiento de plazos y actividad judicial que normalmente representa diligenciar un proceso de familia en ese tribunal.
En el primero de los casos que llamó la atención del denunciante fue el hecho que un mismo usuario en tres ocasiones solicitó la declaratoria de divorcio de sus respectivos matrimonios y de su clienta con quien después contrajo matrimonio.
Lo curioso de ello es que todos los procesos se llevaron en el mismo juzgado, a pesar que en San Salvador, se cuenta con cuatro juzgados de familia y a la vez con una oficina receptora y distribuidora de demandas que precisamente se encarga de direccionar cada demanda, haciendo prácticamente imposible que las cuatro demandas del mismo peticionante en distintos periodos lleguen al mismo tribunal Juzgado Cuarto de Familia y sean adjudicados a los mismos empleados, el Secretario y el Notificador en todos los casos.
Sin embargo, los indicios de corrupción quedan en evidencia, al advertir que al demandante se le siguieron sus dos procesos de divorcio con sus respectivas parejas, en el mismo tribunal y se resolvieron con inusitada celeridad impropia de los plazos legales que ordinariamente se requieren para llegar a sentencia en cualquier proceso de divorcio en el referido juzgado. Además, también tuvo un similar beneficio en el mismo juzgado, con un proceso resuelto en cuestión de días, una usuaria que solo meses después terminó por convertirse en la tercera esposa del otro demandante al que se hizo referencia previamente.
De acuerdo a la relación de hechos contenidos en el aviso penal, del que se tuvo conocimiento por parte de este medio, el demandante, habría tenido contacto permanente y compensando por medio de entrega de dádivas al Secretario y Notificador del juzgado de familia donde laboraban los señalados.
Por consecuencia, el pago de esas dádivas le habría permitido al demandante que se manipulara la oficina de distribución de demandas para que sus dos demandas de divorcios y el divorcio de su actual cónyuge, fueren remitidas al Juzgado donde laboran los señalados; las demandas habrían sido preparadas por el notificador, inclusive llegando a trabajarlas en la oficina del demandante y que durante el trámite para declarar la cancelación de los matrimonios contó con asesoría permanente del Secretario del juzgado; finalmente, logró que sus procesos se resolviesen en cuestión de días, cuando lo ordinario en dicho juzgado por un caso similar podía implicar de seis a ocho meses.
Los empleados judiciales señalados en la investigación también habrían asesorado y aceptado beneficios como dádivas en el seguimiento de otros procesos de familia y hasta en más de algún caso de adopción. Finalmente, en el aviso penal, se solicitaron las bitácoras de registros telefónicos del Secretario y Notificador con el demandante y favorecido injustamente por tráfico de influencias, como por conductas que podrían ser constitutivas de los delitos de cohecho activo y cohecho propio.
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
Axel Moisés Ramírez Jiménez fue condenado a cinco años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de dos personas. El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador emitió una orden de captura en su contra, debido a que fue procesado en ausencia.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República (FGR) estableció que, en abril de 2025, una de las víctimas publicó en la plataforma Marketplace el alquiler de una vivienda ubicada en Ciudad Marsella, en San Juan Opico, La Libertad Centro.
Al ver la publicación, Ramírez Jiménez contactó a la persona y manifestó su interés en el inmueble. Mientras realizaban los trámites, la convenció de invertir en la compra de materiales de construcción.
El condenado le aseguró que disponía de un código de mayorista que le permitiría adquirir los materiales a bajo precio. La víctima creyó en la propuesta y le transfirió $1,635 para iniciar el supuesto negocio.
Días después, el imputado convenció al hermano de la primera víctima para que también invirtiera en ese rubro. El segundo afectado le transfirió $1,135.50.
Sin embargo, pese a haber entregado el dinero, los hermanos nunca recibieron los materiales de construcción ofrecidos ni la devolución de las cantidades transferidas.
En su resolución, el Tribunal Cuarto de Sentencia valoró las pruebas presentadas, las cuales vincularon a Ramírez Jiménez con el delito de estafa. Por ello, lo condenó a cinco años de prisión y ratificó la orden de captura para localizarlo y garantizar que cumpla la pena en un centro penal.
