Judicial
Policía acosaba a su compañera de trabajo y recibió esta condena
El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió Instrucción con detención provisional en contra del agente de la Policía Nacional Civil, Oscar Daniel Martínez Posada de 42 años de edad, acusado de Acoso Sexual previsto y sancionado en el Código Penal y expresiones de violencia contra la mujer previsto y sancionado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en perjuicio de una víctima.
La víctima, quien también labora como agente de la policía Nacional Civil manifiesta que le fue muy difícil tomar la decisión de denunciar el acoso del que estaba siendo víctima por parte de su compañero de trabajo y encargado de área.
Ella laboraba en la sede de la PNC del departamento de Santa Ana desde 2012 pero en septiembre del 2017 fue trasladada para el área de emergencia 911 en San Salvador, a los tres días de iniciadas sus funciones su compañero de trabajo, motorista de patrulla y encargado de esa área le empezó a hacerle preguntas de su vida personal, propuestas de citas y no perdía oportunidad para hacerle saber que a él le parecía bonita. Ante esta actitud ella le comunicó que no estaba interesada en tener ningún tipo de relación con él más que la estrictamente laboral, pero el ahora imputado insistió subiendo cada vez más de tono sus frases obscenas.
Cansada de la insistencia le advirtió que no continuara con el acoso o le pondría una demanda, el abusando de su cargo le dice que no le van a creer y además de hacer caso omiso a la negativa de la víctima intentó besarla a la fuerza, laboralmente la denigraba ante todos sus compañeros haciendo comentarios inmorales sobre ella en el área profesional.
El Juzgado 13° giro la continuidad del proceso en los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres con cinco meses de instrucción, guardando detención para que no exista posibilidad de entorpecer el procedimiento de investigación y proteger la integridad de la víctima
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
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«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
