Judicial
Policía acosaba a su compañera de trabajo y recibió esta condena
El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió Instrucción con detención provisional en contra del agente de la Policía Nacional Civil, Oscar Daniel Martínez Posada de 42 años de edad, acusado de Acoso Sexual previsto y sancionado en el Código Penal y expresiones de violencia contra la mujer previsto y sancionado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en perjuicio de una víctima.
La víctima, quien también labora como agente de la policía Nacional Civil manifiesta que le fue muy difícil tomar la decisión de denunciar el acoso del que estaba siendo víctima por parte de su compañero de trabajo y encargado de área.
Ella laboraba en la sede de la PNC del departamento de Santa Ana desde 2012 pero en septiembre del 2017 fue trasladada para el área de emergencia 911 en San Salvador, a los tres días de iniciadas sus funciones su compañero de trabajo, motorista de patrulla y encargado de esa área le empezó a hacerle preguntas de su vida personal, propuestas de citas y no perdía oportunidad para hacerle saber que a él le parecía bonita. Ante esta actitud ella le comunicó que no estaba interesada en tener ningún tipo de relación con él más que la estrictamente laboral, pero el ahora imputado insistió subiendo cada vez más de tono sus frases obscenas.
Cansada de la insistencia le advirtió que no continuara con el acoso o le pondría una demanda, el abusando de su cargo le dice que no le van a creer y además de hacer caso omiso a la negativa de la víctima intentó besarla a la fuerza, laboralmente la denigraba ante todos sus compañeros haciendo comentarios inmorales sobre ella en el área profesional.
El Juzgado 13° giro la continuidad del proceso en los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres con cinco meses de instrucción, guardando detención para que no exista posibilidad de entorpecer el procedimiento de investigación y proteger la integridad de la víctima
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
