Judicial
Policía acosaba a su compañera de trabajo y recibió esta condena
El Juzgado 13° de Paz de San Salvador resolvió Instrucción con detención provisional en contra del agente de la Policía Nacional Civil, Oscar Daniel Martínez Posada de 42 años de edad, acusado de Acoso Sexual previsto y sancionado en el Código Penal y expresiones de violencia contra la mujer previsto y sancionado en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en perjuicio de una víctima.
La víctima, quien también labora como agente de la policía Nacional Civil manifiesta que le fue muy difícil tomar la decisión de denunciar el acoso del que estaba siendo víctima por parte de su compañero de trabajo y encargado de área.
Ella laboraba en la sede de la PNC del departamento de Santa Ana desde 2012 pero en septiembre del 2017 fue trasladada para el área de emergencia 911 en San Salvador, a los tres días de iniciadas sus funciones su compañero de trabajo, motorista de patrulla y encargado de esa área le empezó a hacerle preguntas de su vida personal, propuestas de citas y no perdía oportunidad para hacerle saber que a él le parecía bonita. Ante esta actitud ella le comunicó que no estaba interesada en tener ningún tipo de relación con él más que la estrictamente laboral, pero el ahora imputado insistió subiendo cada vez más de tono sus frases obscenas.
Cansada de la insistencia le advirtió que no continuara con el acoso o le pondría una demanda, el abusando de su cargo le dice que no le van a creer y además de hacer caso omiso a la negativa de la víctima intentó besarla a la fuerza, laboralmente la denigraba ante todos sus compañeros haciendo comentarios inmorales sobre ella en el área profesional.
El Juzgado 13° giro la continuidad del proceso en los juzgados especializados para una vida libre de violencia para las mujeres con cinco meses de instrucción, guardando detención para que no exista posibilidad de entorpecer el procedimiento de investigación y proteger la integridad de la víctima
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
