Judicial
Piden que líderes comunitarios de Santa Marta y ADES sean sobreseidos definitivamente
El Movimiento de Oenegés para el Desarrollo Solidario de El Salvador (MODES) se pronunció ante el caso de los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, y exigió el sobreseimiento y cierre definitivo de la acción penal.
El MODES considera que «no hay pruebas reales de la existencia de los delitos ni de la participación de los imputados en su cometimiento». El Ministerio Público Fiscal les acusa de haber asesinado a una persona durante la guerra civil de El Salvador. Sin embargo, diferentes organizaciones han argumentado que no hay suficientes pruebas para procesar a los líderes ambientalistas.
«La acusación penal es improcedente debido a la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992 y puesta en vigencia nuevamente por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016 cuando derogó la Ley de Amnistía», planteó MODES.
El Movimiento concluyó que el Estado Salvadoreño debe cumplir con lo que establece la «Declaración sobre Defensores de los Derechos Humanos de 1998 de la ONU» … que losEstados deben proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras por la labor que realizan… para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales por medios pacíficos.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
