Judicial
Nulidad absoluta en el «Caso Corruptela» por prefabricación de pruebas del exfiscal Douglas Meléndez y compañia
Este día, la Jueza 7o de Paz, sin dejarse presionar ni engañar por el ente fiscal, falló a favor de cuatro fiscales que, según el requerimiento fiscal, estaban vinculados a los hechos del denominado “Caso Corruptela” en que supuestamente con sus actuaciones habían favorecido al empresario Enrique Rais, al quedar al descubierto la prefabricación de pruebas, se declaró el fallo judicial de Sobreseimiento Definitivo.
Las partes procesales estaban citadas a las 10:00 am, del miércoles 11 de diciembre de este año, en el juzgado 7o de Paz de esta ciudad, para conocer la resolución de la auidencia inicial efectuada en contra de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres Flores, a quienes se acusaba de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
La fiscalía acusaba a los cuatro fiscales, como una derivación de hechos del caso que el ex fiscal Douglas Meléndez presentó mediáticamente como el “caso corruptela”, en que supuestamente se había determinado una red de corrupción dirigida por el Ex Fiscal General, Luis Martínez, quien supuestamente había recibido dádivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco, para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes.
De manera, que la decisión de la Jueza 7o de Paz de Sobreseer definitivamente a los cuatro fiscales acusados, confirma lo que siempren han expresado los abogados del empresario Enrique Rais, que los señalamientos contra el empresario fueron fabricados por el Ex Fiscal Meléndez con la intención de proseguir contra éste una persecución penal ilegal y arbitraria y además buscar votos para su reelección aparentando que estaba realizando un combate a la corrupción, cuando en realidad dejó de perseguir a personas y casos sobre los que sí existían pruebas de corrupción.
Cronología del Caso Corruptela
Desde el pasado 29 de enero del 2019 cuando los seis testigos criteriados
en el caso “Corruptela”, decidieron denunciar las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y auxiliares, Diario Digital Cronio se dio a la tarea de investigar, y se dedujo gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se imputó directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos. Luego de esperar que se determinará una sentencia, ahora, el juzgador nos da la razón de la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Con las declaraciones de los criteriados, desde aquel 29 de enero, dejaban clara la imagen de un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro “sonado caso de combate a la corrupción” no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Desde esa fecha, se destapó la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados.
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Confesiones basadas en coacciones y torturas.
En el caso corruptela, la prueba empleada por la fiscalía para acusar a Enrique Rais, fueron las confesiones extra judiciales de los cuatro testigos con criterio de oportunidad que posteriormente renunciaron a tal condición. En enero de este año y a días que asumiera en el cargo como Fiscal General, Raúl Melara, estos fiscales interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante la misma Fiscalía, informando que fueron coaccionados psicológica y físicamente para que suscribieran las confesiones extrajudiciales que les habían redactado, las cuales no coincidían con la realidad de los hechos.
Al aceptar el juez de paz, la renuncia del criterio de oportunidad, la fiscalía volvió a victimizar a estas personas, iniciando contra ellos una acusación y exponiéndolos públicamente como delincuentes, a pesar que en realidad eran víctimas de las acciones ilegales y fraudulentas del Ex Fiscal Meléndez y algunos de sus más cercanos colaboradores, afirmó una fuente consultada.
De acuerdo a los abogados del empresario Hugo Blanco, la decisión de la Jueza 7o de Paz, viene a hacer justicia a estas personas que fueron injustamente acusados y están a la espera que igual ocurra con respecto a su cliente, quien es víctima de las falsas imputaciones que fiscalía basó en las confesiones extrajudiciales obtenidas ilegalmente, por lo que también están confiandos que obtendrán un sobreseimiento definitivo para su defendido.
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Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
