Judicial
Nulidad absoluta en el «Caso Corruptela» por prefabricación de pruebas del exfiscal Douglas Meléndez y compañia
Este día, la Jueza 7o de Paz, sin dejarse presionar ni engañar por el ente fiscal, falló a favor de cuatro fiscales que, según el requerimiento fiscal, estaban vinculados a los hechos del denominado “Caso Corruptela” en que supuestamente con sus actuaciones habían favorecido al empresario Enrique Rais, al quedar al descubierto la prefabricación de pruebas, se declaró el fallo judicial de Sobreseimiento Definitivo.
Las partes procesales estaban citadas a las 10:00 am, del miércoles 11 de diciembre de este año, en el juzgado 7o de Paz de esta ciudad, para conocer la resolución de la auidencia inicial efectuada en contra de los fiscales Carolina Jeanette Manzanares Noches, Yesenia Carolina Aguilar de Ayala, Mauricio Alberto Aguilar Rivas y Marta Cecilia Colindres Flores, a quienes se acusaba de los delitos de omisión de la investigación, falsedad documental agravada y privación ilegal de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
La fiscalía acusaba a los cuatro fiscales, como una derivación de hechos del caso que el ex fiscal Douglas Meléndez presentó mediáticamente como el “caso corruptela”, en que supuestamente se había determinado una red de corrupción dirigida por el Ex Fiscal General, Luis Martínez, quien supuestamente había recibido dádivas de parte de los empresarios Enrique Rais y Hugo Blanco, para que los eximiera de responsabilidades, omitiendo investigación y faltando al cumplimiento de sus deberes.
De manera, que la decisión de la Jueza 7o de Paz de Sobreseer definitivamente a los cuatro fiscales acusados, confirma lo que siempren han expresado los abogados del empresario Enrique Rais, que los señalamientos contra el empresario fueron fabricados por el Ex Fiscal Meléndez con la intención de proseguir contra éste una persecución penal ilegal y arbitraria y además buscar votos para su reelección aparentando que estaba realizando un combate a la corrupción, cuando en realidad dejó de perseguir a personas y casos sobre los que sí existían pruebas de corrupción.
Cronología del Caso Corruptela
Desde el pasado 29 de enero del 2019 cuando los seis testigos criteriados
en el caso “Corruptela”, decidieron denunciar las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y auxiliares, Diario Digital Cronio se dio a la tarea de investigar, y se dedujo gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se imputó directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos. Luego de esperar que se determinará una sentencia, ahora, el juzgador nos da la razón de la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Con las declaraciones de los criteriados, desde aquel 29 de enero, dejaban clara la imagen de un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro “sonado caso de combate a la corrupción” no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.
Desde esa fecha, se destapó la olla de corrupción y podredumbre del proceder del exfiscal Douglas Meléndez y sus allegados.
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Confesiones basadas en coacciones y torturas.
En el caso corruptela, la prueba empleada por la fiscalía para acusar a Enrique Rais, fueron las confesiones extra judiciales de los cuatro testigos con criterio de oportunidad que posteriormente renunciaron a tal condición. En enero de este año y a días que asumiera en el cargo como Fiscal General, Raúl Melara, estos fiscales interpusieron denuncias ante la Procuraduría de Derechos Humanos y ante la misma Fiscalía, informando que fueron coaccionados psicológica y físicamente para que suscribieran las confesiones extrajudiciales que les habían redactado, las cuales no coincidían con la realidad de los hechos.
Al aceptar el juez de paz, la renuncia del criterio de oportunidad, la fiscalía volvió a victimizar a estas personas, iniciando contra ellos una acusación y exponiéndolos públicamente como delincuentes, a pesar que en realidad eran víctimas de las acciones ilegales y fraudulentas del Ex Fiscal Meléndez y algunos de sus más cercanos colaboradores, afirmó una fuente consultada.
De acuerdo a los abogados del empresario Hugo Blanco, la decisión de la Jueza 7o de Paz, viene a hacer justicia a estas personas que fueron injustamente acusados y están a la espera que igual ocurra con respecto a su cliente, quien es víctima de las falsas imputaciones que fiscalía basó en las confesiones extrajudiciales obtenidas ilegalmente, por lo que también están confiandos que obtendrán un sobreseimiento definitivo para su defendido.
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Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
