Judicial
Magistrado desaforado y acusado de agresión sexual contra una menor queda en libertad por la Cámara Primera de lo Penal
La Cámara Primera de lo Penal decretó este martes instrucción con medidas sustitutivas a la detención en contra del magistrado de la Cámara Tercero de lo Civil, Eduardo Jaime Escalante Díaz, por el delito de agresión sexual en menor o incapaz.
El tribunal superior quitó la agravante al delito que se le imputa al Escalante Díaz, quien deberá pagar una fianza de $10 mil y presentarse cada 30 días a la Cámara, asimismo tiene prohibido salir del país.
Escalante Díaz es acusado de tocar las partes íntimas de una niña de diez años, delito que habría sido cometido el pasado 18 de febrero.
Este martes en la audiencia inicial en su contra, Escalante Díaz aseguró ante la Cámara que “todo fue parte de un incidente vehicular”.
“Solo quiero expresarles que nunca creí estar de este lado de la sala, mi intención es demostrar mi inocencia y todo fue parte de un incidente vehicular (…) estoy interesado que la verdad salga a la luz, yo necesito demostrar mi inocencia para que mis hijos puedan levantar su frente, yo necesito recuperar mi honor”, señaló.
Su abogado indicó que en la fase de instrucción se va esclarecer el caso. “Él se bajó a ayudar y ese fue su problema (…) lo más grave o quizá lo más difícil es hacer ver qué estaba haciendo él ahí y eso también tiene una explicación que durante la etapa de instrucción se irá desarrollando”, aseguró.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
