Judicial
Joven de 20 años, que nunca tuvo síntomas de embarazo, dio a luz en un baño y asesinó con un cuchillo a la bebé
Luego de sentir una molestia en el vientre, una joven se encerró en el baño y dio a luz a una niña, a quien acuchilló en reiteradas ocasiones e intentó ocultarla dentro de su cuarto, según la versión de la Fiscalía. Ahora que enfrenta un juicio penal en su contra, la joven asegura que no estaba consciente de lo que hacía.
Andrea Q., de 20 años de edad, era una joven estudiante que desde que entró a la adolescencia experimentó cambios hormonales en su cuerpo que provocaban que su menstruación fuera irregular, según ventiló en el juicio que se lleva en su contra.
No obstante, la joven llegó a adaptarse a su cuerpo señalando que en un momento pasó 12 meses sin menstruar, algo que pese a tener una vida sexual activa no la preocupó, ya que estaba consciente de lo que pasaba con su cuerpo.
Según se conoció en la audiencia, la joven vivía con su mamá, su hermano de cinco años y su padrastro, quienes conocieron a los dos novios formales que tuvo en dos años, ya que luego tuvo encuentros casuales con uno de sus vecinos a quien conocían como Josué.
La “vida normal” de Andrea cambió drásticamente el 10 de abril de 2018 cuando se encontraba sola en casa con su hermano y sintió una sensación extraña en su vientre. La joven contó que caminó hacia el baño y una vez adentro sintió algo que bajaba de su cuerpo: era una bebé que sin saber, dijo, había llevado en su cuerpo por varios meses.
Bañada en su propia sangre, tomó el cordón umbilical y lo arrancó desprendiéndose del cuerpo inmediatamente. Encerrada en el baño, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al bebé que no sobrevivió al ataque, consigna la acusación fiscal en su contra.
Posteriormente, se dirigió a su cuarto para tomar sábanas y envolver el cadáver que dejó al interior de guarda ropas queriendo que nadie supiera de lo ocurrido, dijeron las investigaciones.
La hemorragia que alertó a una vecina
Frente a la casa de la imputada, una vecina notó que del tragante salía agua roja con sangre. Preocupada, tocó la puerta y de inmediato salió Andrea, quien nerviosa le aseguró que todo estaba bien.
Minutos después, la joven salió a lavar, con lejía y detergente para borrar cualquier rastro antes de que llegaran sus padres, algo para lo que le pidió ayuda a su vecina, quien no dejó de tener sospechas sobre la situación.
Luego de realizar las labores, Andrea se puso pálida y comenzó a mostrarse cada vez más fatigada hasta que sufrió una hemorragia que obligó a su vecina a llevarla a un hospital, donde fue atendida de emergencia.
“Todo estaba salpicado de sangre, en ese momento me resbalé y observé que habían muchas cobijas llenas de sangre hasta el colchón”, señaló la vecina a las autoridades.
Los médicos que atendían a la joven no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero luego de una serie de exámenes confirmaron que Andrea había tenido un parto y decidieron llamar a la Policía para que investigara el caso.
Incluso, los doctores cuestionaron a la joven sobre su embarazo y esta desconcertada manifestó que no sabía sobre su estado, ya que nunca tuvo señales de haber estado encinta y explicó que no sabía lo que había ocurrido en su casa.
Era una bebé sana
Horrorizada, la madre de la joven descubrió la escena, digna de una película de terror, que la llevó hasta el guardarropa donde localizó una bolsa negra que no tuvo el valor de abrir, ya que no estaba segura de lo que se trataba.
La mujer cargó la bolsa hasta el lavadero donde posteriormente fue examinado por forenses que determinaron que la bebé presentaba heridas en la mandíbula, cuello, tórax y en el estómago. Esta última la más considerable de todas, ya que mostraba todos los órganos internos.
El forense señaló en su informe que la bebé cuando nació estaba sana, había llorado y respirado con normalidad y se estimó que Andrea tenía entre 38 y 40 semanas de gestación.
Un psicólogo forense explicó que la joven no presentó ningún tipo de trastorno mental, aunque durante la entrevista que le realizó a la imputada esta manifestó que no estaba consciente de las acciones que realizó ese día y que se sentía culpable.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspender la audiencia, ya que necesitaba el testimonio de la doctora que atendió a la joven, quien por problemas de salud no se había presentado.
La audiencia se reprogramó para el viernes 18 de enero y se desarrollará en la casa de la testigo que el ministerio público considera clave para el caso.
La parte acusadora pide la pena máxima de 50 años por el delito de homicidio agravado, mientras la defensa solicita un sobreseimiento definitivo, alegando el desconocimiento de la joven.
Por: El Salvador Times.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
