Judicial
Joven de 20 años, que nunca tuvo síntomas de embarazo, dio a luz en un baño y asesinó con un cuchillo a la bebé
Luego de sentir una molestia en el vientre, una joven se encerró en el baño y dio a luz a una niña, a quien acuchilló en reiteradas ocasiones e intentó ocultarla dentro de su cuarto, según la versión de la Fiscalía. Ahora que enfrenta un juicio penal en su contra, la joven asegura que no estaba consciente de lo que hacía.
Andrea Q., de 20 años de edad, era una joven estudiante que desde que entró a la adolescencia experimentó cambios hormonales en su cuerpo que provocaban que su menstruación fuera irregular, según ventiló en el juicio que se lleva en su contra.
No obstante, la joven llegó a adaptarse a su cuerpo señalando que en un momento pasó 12 meses sin menstruar, algo que pese a tener una vida sexual activa no la preocupó, ya que estaba consciente de lo que pasaba con su cuerpo.
Según se conoció en la audiencia, la joven vivía con su mamá, su hermano de cinco años y su padrastro, quienes conocieron a los dos novios formales que tuvo en dos años, ya que luego tuvo encuentros casuales con uno de sus vecinos a quien conocían como Josué.
La “vida normal” de Andrea cambió drásticamente el 10 de abril de 2018 cuando se encontraba sola en casa con su hermano y sintió una sensación extraña en su vientre. La joven contó que caminó hacia el baño y una vez adentro sintió algo que bajaba de su cuerpo: era una bebé que sin saber, dijo, había llevado en su cuerpo por varios meses.
Bañada en su propia sangre, tomó el cordón umbilical y lo arrancó desprendiéndose del cuerpo inmediatamente. Encerrada en el baño, agarró un cuchillo y comenzó a apuñalar al bebé que no sobrevivió al ataque, consigna la acusación fiscal en su contra.
Posteriormente, se dirigió a su cuarto para tomar sábanas y envolver el cadáver que dejó al interior de guarda ropas queriendo que nadie supiera de lo ocurrido, dijeron las investigaciones.
La hemorragia que alertó a una vecina
Frente a la casa de la imputada, una vecina notó que del tragante salía agua roja con sangre. Preocupada, tocó la puerta y de inmediato salió Andrea, quien nerviosa le aseguró que todo estaba bien.
Minutos después, la joven salió a lavar, con lejía y detergente para borrar cualquier rastro antes de que llegaran sus padres, algo para lo que le pidió ayuda a su vecina, quien no dejó de tener sospechas sobre la situación.
Luego de realizar las labores, Andrea se puso pálida y comenzó a mostrarse cada vez más fatigada hasta que sufrió una hemorragia que obligó a su vecina a llevarla a un hospital, donde fue atendida de emergencia.
“Todo estaba salpicado de sangre, en ese momento me resbalé y observé que habían muchas cobijas llenas de sangre hasta el colchón”, señaló la vecina a las autoridades.
Los médicos que atendían a la joven no estaban seguros de lo que estaba pasando, pero luego de una serie de exámenes confirmaron que Andrea había tenido un parto y decidieron llamar a la Policía para que investigara el caso.
Incluso, los doctores cuestionaron a la joven sobre su embarazo y esta desconcertada manifestó que no sabía sobre su estado, ya que nunca tuvo señales de haber estado encinta y explicó que no sabía lo que había ocurrido en su casa.
Era una bebé sana
Horrorizada, la madre de la joven descubrió la escena, digna de una película de terror, que la llevó hasta el guardarropa donde localizó una bolsa negra que no tuvo el valor de abrir, ya que no estaba segura de lo que se trataba.
La mujer cargó la bolsa hasta el lavadero donde posteriormente fue examinado por forenses que determinaron que la bebé presentaba heridas en la mandíbula, cuello, tórax y en el estómago. Esta última la más considerable de todas, ya que mostraba todos los órganos internos.
El forense señaló en su informe que la bebé cuando nació estaba sana, había llorado y respirado con normalidad y se estimó que Andrea tenía entre 38 y 40 semanas de gestación.
Un psicólogo forense explicó que la joven no presentó ningún tipo de trastorno mental, aunque durante la entrevista que le realizó a la imputada esta manifestó que no estaba consciente de las acciones que realizó ese día y que se sentía culpable.
El pasado 9 de enero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador suspender la audiencia, ya que necesitaba el testimonio de la doctora que atendió a la joven, quien por problemas de salud no se había presentado.
La audiencia se reprogramó para el viernes 18 de enero y se desarrollará en la casa de la testigo que el ministerio público considera clave para el caso.
La parte acusadora pide la pena máxima de 50 años por el delito de homicidio agravado, mientras la defensa solicita un sobreseimiento definitivo, alegando el desconocimiento de la joven.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
