Judicial
Defensa sostiene que varias personas tenían copia de llave de la vivienda de Mario Huezo y Karla Turcios, espera que su acusado salga en libertad
Este martes ha continuado el juicio contra Mario Huezo en el Juzgado Especializado de Sentencia para una vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador. El detenido es acusado por las autoridades de quitarle la vida a su esposa, la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha dado a conocer que redujo de 40 a 29 los testigos que declararán contra Huezo, en el desarrollo del juicio.
“El desfile probatorio inició ayer, es bastante basto, se tiene previsto que el jueves culminemos el desfile probatorio testimonial, y nos quedamos con la incorporación de prueba documental, para pasar a alegatos finales o a las conclusiones, que son lo que la Fiscalía pediría en concreto”, explicó la fiscal Graciela Sagastume.
Por su parte, el abogado defensor, Giovanni Rivera, indicó que hay elementos aportados por los mismo testigos que exponen que Huezo no estuvo involucrado en la muerte de Turcios, debido a que este nunca se ha caracterizado por ser un hombre violento.
«Realmente ellos (FGR) no tienen nada concreto, todo lo que alegan, se presume. Se presume que mató a su pareja, que transportó el cuerpo de la pareja en el vehículo en la familia, pero no hay nada que establezca esa versión», afirmó Rivera.
Agregando que “todos los testigos que la Fiscalía presentó ayer (lunes) establecieron que nunca hubo violencia física contra su pareja, que el señor Mario Huezo nunca fue violento con ella ni con otra persona; y se dejó constancia que de la casa de la víctima existen varias llaves, incluso, unas de ellas están en poder de personas que ni siquiera forman parte de la familia”.
Según las investigaciones fiscales, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo, asfixió a su esposa en la cama de la habitación que compartían en la vivienda.
Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.
Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales. No obstante, las pruebas que iban surgiendo lo señalaban claramente.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
