Judicial
«De todos, el caso de Norman Quijano es el más relevante… Ahora le toca enfrentar a la justicia»: Presidente Bukele
Tras la presentación de la solicitud de antejuicio contra Norman Quijano por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, emitió su opinión, y señaló que la Fiscalía General de la República, debe investigar a todas las personas que se reunieron con pandillas, si tienen indicios.
El presidente Bukele argumentó en conferencia de prensa, que el único que tiene fuero es el diputado Norman Quijano “Es el único caso de todos los que pueden mencionar, que tiene fuero; el fiscal debe investigar a todos, todas las personas que tengan indicios con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. En el caso especial de Quijano, él tiene fuero. Si hay pruebas,¡hombre! que enjuicien a todos los que se tengan que enjuiciar”, dijo contundentemente el mandatario salvadoreño.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional para procesar al diputado de Arena, Norma Quijano, quien según videos de la operación Cuscatlán se reunió con pandilleros, durante la campaña presidencial de 2014-2015.
Por lo que, el presidente exhortó a los partidos mayoritarios ARENA y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a no volver a unir sus votos para mantener el blindaje que le otorga la Asamblea Legislativa con el fuero.
“Quiero hacer un llamado a los diputados a que no vayan a caer en un suicidio político u ocupar su capacidad aritmética e incluso que se vuelvan a unir los votos ARENA y el FMLN en la Asamblea para proteger al diputado Quijano de la justicia», indico el mandatario.
El mandatario pidió a los legisladores hacer su trabajo que es seguir los lineamientos de la ley “sino ellos estarían metiéndose en delito como encubrimiento, cohecho”, indicó Bukele, “los diputados tienen que remover el fuero a Norman Quijano. Luego deberá demostrarse su culpabilidad o inocencia”, un papel que le corresponde con investigaciones sustentadas a la Fiscalía ante un tribunal de la República.
El Fuero Constitucional
El fuero constitucional tiene una el objetivo de: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. A fin de que las personas que quieran acusar a un funcionario, no lo hagan con iniciativas subjetivas, y se retire al funcionario de su cargo y se entorpezca su trabajo con el Estado.
“Este es el único caso que tiene fuero y está protegido por el este blindaje que tiene como diputado, y es por eso que el fiscal ha pedido que se le remueva para poder ser investigado», indicó el presidente Bukele.
La Constitución de la República establece en los artículos 125, 236 al 238 que los funcionarios públicos, así como los diputados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y por ende la Asamblea Legislativa, es la que decide si “hay lugar a formación de causa” o si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
