Judicial
«De todos, el caso de Norman Quijano es el más relevante… Ahora le toca enfrentar a la justicia»: Presidente Bukele
Tras la presentación de la solicitud de antejuicio contra Norman Quijano por fraude electoral y agrupaciones ilícitas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, emitió su opinión, y señaló que la Fiscalía General de la República, debe investigar a todas las personas que se reunieron con pandillas, si tienen indicios.
El presidente Bukele argumentó en conferencia de prensa, que el único que tiene fuero es el diputado Norman Quijano “Es el único caso de todos los que pueden mencionar, que tiene fuero; el fiscal debe investigar a todos, todas las personas que tengan indicios con pandillas, sobre todo si son funcionarios públicos. En el caso especial de Quijano, él tiene fuero. Si hay pruebas,¡hombre! que enjuicien a todos los que se tengan que enjuiciar”, dijo contundentemente el mandatario salvadoreño.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República pidió a la Asamblea Legislativa retirar el fuero constitucional para procesar al diputado de Arena, Norma Quijano, quien según videos de la operación Cuscatlán se reunió con pandilleros, durante la campaña presidencial de 2014-2015.
Por lo que, el presidente exhortó a los partidos mayoritarios ARENA y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a no volver a unir sus votos para mantener el blindaje que le otorga la Asamblea Legislativa con el fuero.
“Quiero hacer un llamado a los diputados a que no vayan a caer en un suicidio político u ocupar su capacidad aritmética e incluso que se vuelvan a unir los votos ARENA y el FMLN en la Asamblea para proteger al diputado Quijano de la justicia», indico el mandatario.
El mandatario pidió a los legisladores hacer su trabajo que es seguir los lineamientos de la ley “sino ellos estarían metiéndose en delito como encubrimiento, cohecho”, indicó Bukele, “los diputados tienen que remover el fuero a Norman Quijano. Luego deberá demostrarse su culpabilidad o inocencia”, un papel que le corresponde con investigaciones sustentadas a la Fiscalía ante un tribunal de la República.
El Fuero Constitucional
El fuero constitucional tiene una el objetivo de: prevenir obstrucciones injustificadas a las labores de los funcionarios y garantizar el normal funcionamiento de las instituciones públicas. A fin de que las personas que quieran acusar a un funcionario, no lo hagan con iniciativas subjetivas, y se retire al funcionario de su cargo y se entorpezca su trabajo con el Estado.
“Este es el único caso que tiene fuero y está protegido por el este blindaje que tiene como diputado, y es por eso que el fiscal ha pedido que se le remueva para poder ser investigado», indicó el presidente Bukele.
La Constitución de la República establece en los artículos 125, 236 al 238 que los funcionarios públicos, así como los diputados “responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan” y fija el procedimiento a seguir; es decir, se establece una etapa previa a los tribunales del Órgano Judicial, y por ende la Asamblea Legislativa, es la que decide si “hay lugar a formación de causa” o si el funcionario debe enfrentar o no un proceso judicial por el delito que se le atribuya.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
