Judicial
Acusados de asesinar niña de 5 años e intentar asesinar a recién nacido enfrentan audiencia
La Fiscalía General de la República ha iniciado dos procesos penales a cinco personas que atentaron en contra de la vida de dos niños en San Martín e Izalco, en uno de los hechos, la niña falleció y sus padres enfrentarán este lunes la primera audiencia.
En el Juzgado Segundo de Paz de San Martín, Jacqueline Carolina Cruz Martínez, tendrá la audiencia inicial por los delitos de homicidio agravado, abandono y desamparo de personas y maltrato infantil, en perjuicio de su hija de cinco años.
Mientras que Carlos Francisco Sosa Pérez, es acusado de abandono y desamparo de personas y maltrato infantil en la modalidad de comisión por omisión.
Según la Unidad Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de Soyapango, ha solicitado que ambos sigan en detención provisional.
«De la relación de pareja procrearon dos hijas, una de cinco años y la otra de tres años de edad, teniendo además la imputada un hijo de otra relación a quienes la imputada dejaba sin ninguna supervisión y cuidado parental, utilizando métodos de corrupción extremos e inapropiados que dañaban la integridad física y psicológica de los niños, situación que tenía conocimiento el señor Carlos Francisco Sosa Pérez, pero no realizó ninguna acción a favor de los niños», dijo la fiscal del caso.
En la acusación presentada, se menciona que el hecho ocurrió en San Martín cuando la madre de la niña de cinco años, presuntamente le propinó una golpiza por no hacer la limpieza de la casa, y por la gravedad de los golpes la niña falleció.
Un segundo expediente fue iniciado en el Juzgado de Paz de Izalco, Sonsonate, el ministerio público acusa de intento de homicidio agravado en perjuicio de un recién nacido, a Rina Marlene García Guzmán, Edenilson Omar Sarceño Vásquez y a Marta Lilian Vásquez de Valle.
Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2024, cuando a las 5:00 de la mañana fue encontrado el recién nacido en una fosa séptica ubicada en la casa de una de las imputadas, en el cantón San Isidro, de Izalco.
Un equipo de policías, del puesto de la PNC de ese cantón ubicado a media cuadra del lugar, llegaron para rescatar al niño y darle los primeros auxilios y luego lo trasladaron al Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate donde fue atendido en máxima urgencia.
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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.