Judicial
Acusados de asesinar niña de 5 años e intentar asesinar a recién nacido enfrentan audiencia
La Fiscalía General de la República ha iniciado dos procesos penales a cinco personas que atentaron en contra de la vida de dos niños en San Martín e Izalco, en uno de los hechos, la niña falleció y sus padres enfrentarán este lunes la primera audiencia.
En el Juzgado Segundo de Paz de San Martín, Jacqueline Carolina Cruz Martínez, tendrá la audiencia inicial por los delitos de homicidio agravado, abandono y desamparo de personas y maltrato infantil, en perjuicio de su hija de cinco años.
Mientras que Carlos Francisco Sosa Pérez, es acusado de abandono y desamparo de personas y maltrato infantil en la modalidad de comisión por omisión.
Según la Unidad Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de Soyapango, ha solicitado que ambos sigan en detención provisional.
«De la relación de pareja procrearon dos hijas, una de cinco años y la otra de tres años de edad, teniendo además la imputada un hijo de otra relación a quienes la imputada dejaba sin ninguna supervisión y cuidado parental, utilizando métodos de corrupción extremos e inapropiados que dañaban la integridad física y psicológica de los niños, situación que tenía conocimiento el señor Carlos Francisco Sosa Pérez, pero no realizó ninguna acción a favor de los niños», dijo la fiscal del caso.
En la acusación presentada, se menciona que el hecho ocurrió en San Martín cuando la madre de la niña de cinco años, presuntamente le propinó una golpiza por no hacer la limpieza de la casa, y por la gravedad de los golpes la niña falleció.
Un segundo expediente fue iniciado en el Juzgado de Paz de Izalco, Sonsonate, el ministerio público acusa de intento de homicidio agravado en perjuicio de un recién nacido, a Rina Marlene García Guzmán, Edenilson Omar Sarceño Vásquez y a Marta Lilian Vásquez de Valle.
Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2024, cuando a las 5:00 de la mañana fue encontrado el recién nacido en una fosa séptica ubicada en la casa de una de las imputadas, en el cantón San Isidro, de Izalco.
Un equipo de policías, del puesto de la PNC de ese cantón ubicado a media cuadra del lugar, llegaron para rescatar al niño y darle los primeros auxilios y luego lo trasladaron al Hospital Jorge Mazzini, de Sonsonate donde fue atendido en máxima urgencia.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
