Nacionales
Historia: El drama que viven las niñas y adolescente tras ser obligadas por pandilleros a ser sus mujeres en el oriente del país
El acecho de las pandillas al parecer ha tomado un nuevo rumbo en sus modus operandi en los últimos años, sobre todo en el oriente del país, específicamente en los municipios de Lolotique, Moncagua y Chapeltique, en San Miguel.
Según una investigación de El Salvador. com ahora la Mara Salvatrucha que domina estos municipios, se ha dado a la tarea de reclutar niñas y adolescentes, no para que éstas recojan la denominada “renta” o “extorsión”, sino para que ellas sirvan de esclavas sexuales a los mismos cabecillas de dicha pandilla.
Las adolescentes y menores de edad, rondan entre los 13 y 17 años, las cuales son privadas de libertad en la mayoría de los casos para que éstas se conviertan en las parejas de dichos pandilleros.
Una vez ellas conviven obligadamente con los delincuentes, éstos las utilizan como esclavas sexuales por tres miembros de la clica denominada “Seilor Locos Salvatruchos” (SLS).
Una vez los malhechores satisfacen sus bajos deseos se deshacen de las menores que tras los actos sexuales salen embarazas, las que no siempre son utilizadas en estado de
Niñas y adolescentes de tres municipios del departamento de San Miguel son dominadas sexualmente por miembros de una clica de la Mara Salvatrucha (MS) quienes las abandonan una vez estas terminan embarazadas, las que no, son obligadas a seguir con los pandilleros.
La investigación señala que los pandilleros que están actuado de esta manera contra las niñas y adolescentes han sido identificados como: Luis Alberto Aguirre Castillo, alias “El Thunder”, Luis Anatanael Sandoval Trejo, alias “Chiqui” y Nelson Guadalupe García Guevara, alías “Callado”, quienes ya están en la mira de la Policía Nacional Civil (PNC).
Este modus operandi ha sido confirmado por un testimonio de una madre de familia a quien los pandilleros le violaron a su hija. “Si es cierto, a mi niña a los 13 años ese maldito comenzó a violarla”, cuenta la madre.
De acuerdo con la investigación, los cabecillas de la pandillas buscan a las niñas y adolescentes “más bonitas” para forzarlas a convertirse en sus parejas y someterlas sexualmente.
Entre los años de 2016 y 2017 en esos municipios 180 menores de edad se convirtieron en madres, en edades que oscilan entre los 13 a 17 años de edad. Las menores inscribieron a sus hijos en el registro familiar, no obstante 43 de ellas no revelaron el nombre del padre.
Puestos policiales de los tres municipios han identificados a los tres cabecillas responsables de varios embarazos en menores de edad, Las autoridades aseguran que Alberto Aguirre, quien se encuentra detenido, tuvo mientras estaba libre a cuatro menores de edad, a las cuales embarazó, además de otras que le servían como esclavas sexuales.
La policía sospecha que El Thunder violó y embarazó a más adolescentes y que para evitar que estas le solicitaran hacerse cargo del bebé que esperaban las asesinó.
En cuanto al Chiqui, la policía registró que un 24 de diciembre secuestró a una niña, desde entonces la familia de la menor no supo nada de ella durante dos años, hasta que regreso a su casa cuando estaba a punto de dar a luz.
Por su parte el Callado vive con una adolescente de 17 con la que tiene un hijo, así como una relación sentimental con una menor de 13 años que reside en el cantón Valencia del municipio de Lolotique.
A pesar de haber identificado el modus operandi de la estructura, la policía asegura que existen casos en que las menores se van junto a los terroristas por voluntad propia.
“Quizá es por que ellas quieren (…) porque si las amenazan, lo que hacen normalmente abandonen su hogar”, dijo un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).
Hasta marzo del presente año, en los tres municipios se contabilizaban 19 embarazos en menores de edad, entre los 14 y 17 años de edad, siendo Moncagua el que más caso registrados tiene.
Economia
Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.
El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.
La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
