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FGR giró nueva orden de captura para expresidente Mauricio Funes, José Miguel Menéndez y un guatemalteco
Este nuevo proceso se refiere a la adjudicación, de forma fraudulenta, del proyecto de construcción de un puente en el año 2013 por un valor de US$8,487,716,94.
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer las nuevas órdenes de captura giradas en contra del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena; el empresario, José Miguel Antonio Menéndez Avelar y el representante legal de una empresa constructora, Jaime Ramón Aparicio Mejía, de origen guatemalteco. Esta vez por un hecho de corrupción en la adjudicación de un proyecto de construcción y en el que como dádiva fue entregado un avión.
La Unidad Especializada Contra el Lavado de Activos (UECLA), confirmó que en el nuevo proceso se les atribuirán los delitos siguientes: Casos especiales de lavado de dinero y de activos para Funes Cartagena y Menéndez Avelar, mientras que Cohecho Activo para Aparicio Mejía.
Los hechos que se les atribuyen se centran a partir de la forma irregular que se otorgó el contrato para la construcción de un puente, a la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción, S.A. (SERDELCO S.A.), firmándose el mismo bajo la modalidad de diseño y construcción en fecha 10 de octubre de 2013.
La adjudicación fue en el proyecto “Construcción Puente San Isidro sobre Río Lempa (Km. 75.5 LIB31N) La Libertad- Chalatenango”, proceso que inició en marzo de 2013 en el Ministerio de Obras Públicas.
Dicho proyecto, el referido Ministerio lo consideró de gran relevancia para proporcionar un mejor flujo vial a la Zona Sur Occidental con la Zona Norte del país, pues conectaría el municipio de San Pablo Tacachico, departamento de La Libertad con el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado fue por la cantidad de US $8,487,716,94.
De igual manera, la investigación determinó que Aparicio Mejía, entregó a los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar, como dádiva el avión con registros -Beechcraft King Air 90- TG ADL- con el objetivo de ser favorecido con la adjudicación del contrato ya descrito.
Se acreditó que el uso y posesión del avión por parte de los señores Funes Cartagena y Menéndez Avelar fue compartido, pues la dádiva fue para ambos, quienes entre los años 2013 al 2016, lo usaron para viajes familiares a Los Estados Unidos de América, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y hasta lo alquilaban a $ US1,300.00 la hora.
Por incumplimiento en la ejecución de la obra el Ministerio de Obras Públicas caducó el contrato, por lo que reclamaron la devolución de esa nave, pero los imputados Funes Cartagena y Menéndez Avelar, no lo devolvieron quedando siempre bajo su custodia.
Menéndez Avelar utilizó el avión en 47 vuelos con siete destinos: El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá, Costa Rica y Los Estados Unidos, durante el periodo del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016.
Funes Cartagena utilizó la aeronave en 16 vuelos con seis destinos a Los Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, durante el periodo del 28 de marzo de 2013 al 31 de octubre de 2014.
A esta fecha, la UECLA solicitó medida cautelar patrimonial por medio de Asistencia Jurídica Internacional a la República de Guatemala, en la que se pidió la incautación del avión, solicitud que se resolvió favorablemente y es el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio y Departamento de Guatemala, el que decretó la incautación de dicha aeronave y actualmente está depositado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
Las órdenes emitidas por la FGR, las ejecuta la Policía Nacional Civil (PNC), en el caso del señor Menéndez Avelar, fue intimado en el Centro Penal La Esperanza; sobre Funes Cartagena, se le hará del conocimiento al juez que conozca del proceso para que haga el trámite correspondiente y en cuanto al guatemalteco, Aparicio Mejía, también le corresponde hacerlo al Juzgador, dado que actualmente está en prisión en su país, al enfrentar un proceso por un caso similar.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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