ENTREGA ESPECIAL
ATAQUE SANGRIENTO | Hoy se cumplen 10 años en el que 17 pasajeros fueron carbonizados en un microbús en Mejicanos por disputa de poder entre las pandillas
“Los vecinos recordaban el horror de los gritos. Una señora me dijo que no sabía cómo iba a digerir eso, los gritos de alguien que está siendo calcinado”.
Diez años después, el periodista salvadoreño Eric Lemus recuerda con nitidez los detalles de la noticia que tuvo que cubrir para BBC Mundo el 20 de junio de 2010: la quema de un microbús con pasajeros a bordo en el municipio de Mejicanos a manos de las pandillas.
No es para menos: el ataque acabó siendo una verdadera masacre en la que murieron 17 personas en el interior del transporte o baleados mientras intentaban escapar de las llamas por las ventanas.
Organizado como venganza del Barrio 18 frente a sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13), este atentado está considerado como el más sangriento de las pandillas de El Salvador debido a una crueldad nunca vista hasta entonces contra la población civil.
La conmoción que dejaron aquellas dantescas imágenes fue tal que acabó por marcar la forma en que las autoridades pasaron a enfrentar el problema de las maras en el país desde entonces.
Sus efectos, según expertos, siguen vigentes a día de hoy.
Mejicanos es uno de los municipios más grandes del área metropolitana de San Salvador, golpeado casi a partes iguales por la pobreza y la violencia.
Como tantos otros, está terriblemente fragmentado por la pugna de las distintas pandillas presentes en el pueblo por controlar sus territorios. Y eso marca irremediablemente a quienes viven ahí, tengan poca o nula relación con estos grupos.
El 19 de junio de 2010, un miembro del Barrio 18 conocido como “Crayola” fue asesinado en una balacera en Mejicanos. Sus compañeros escucharon que los responsables habían huido en un microbús de la ruta 47 hacia una de las colonias controladas por la MS-13.
Su venganza apuntó por lo tanto a ese mismo transporte y a esa misma ruta. Era la manera de dejar claro a sus rivales que el crimen no quedaría impune, aunque los pasajeros que acabarían siendo sus víctimas no tuvieran nada que ver.
Al día siguiente, hombres de la 18 dispararon contra un microbús que venía de aquella misma colonia gobernada por la MS-13. Murió una niña y el conductor.
No está claro si este primer ataque fue producto de la desorganización interna de la pandilla o si pretendían distraer la atención de la policía de lo que, minutos después, se convertiría en su atentado más sangriento.
Aquel 20 de junio era domingo y llovía, pero eso no impidió que María Jesús Orellana estuviera vendiendo paletas por la calle, como cada uno de los siete días de la semana.
En temporada de lluvias aprovechaba también para vender paraguas. “Mi mamá se dedicaba a lo que había en cada época”, recuerda su hija Isamar en conversación con BBC Mundo.
Esa misma lluvia fue la que hizo a María Jesús apresurarse a tomar el microbús de la ruta 47 que la llevaría ya de noche de vuelta a casa.
Allí, en la colonia Montreal territorio de la MS-13, vivía con Isamar, de 18 años, y su otro hijo de 20. De su marido apenas sabían nada.
Isamar pasaba el fin de semana en casa de una amiga y su hermano trabajaba de noche, por lo que nadie esperaba en casa. A la mañana siguiente, una prima llamó a la joven para contarle sobre el ataque a un microbús y decirle que no encontraban a su madre por ningún sitio.
“Me preocupé, me regresé a mi casa y empezamos a llamarla por teléfono sin parar”, recuerda. Pero siempre saltaba el buzón.
Otro grupo de pandilleros del Barrio 18, distinto al del primer ataque, había estado esperando al microbús de la ruta 47 en el que viajaba María Jesús. Algunos de ellos ni siquiera alcanzaban la mayoría de edad.
Montaron y obligaron al conductor a desviar su ruta para acercarse al lugar donde había sido asesinado “Crayola”.
Allí dispararon contra la treintena de personas aterrorizadas, que se agolpaban en la parte trasera mientras veían cómo los pandilleros rociaban con gasolina la puerta y el pasillo del vehículo y le prendían fuego.
Los pasajeros a bordo con niños e incluso bebés trataron de escapar desesperados por las ventanas a medida que el microbús era consumido por las llamas. Pero al salir envueltos en humo y fuego, algunos eran ametrallados por pandilleros que los esperaban fuera.
La tragedia no duró más que unos pocos minutos. 17 personas murieron carbonizadas en el mismo lugar o a los pocos días en los hospitales, y otros sufrieron heridas de extrema gravedad.
Carlos Martínez, periodista del diario digital salvadoreño El Faro, cree que el fraccionamiento en la estructura del Barrio 18 y su escasa organización de entonces están detrás de la extraordinaria crueldad de este ataque contra la población.
“No fue una decisión de la estructura nacional de la pandilla sino por la clica (grupo local de la mara). Pasaron solo horas desde la muerte de ‘Crayola’ hasta la venganza, que fue planeada por muchachos jóvenes y de bajo perfil en la jerarquía del grupo”, le dice a BBC Mundo.
“No fue un atentado planeado, fue cosa de horas, un arrebato en caliente en el que se les fue la mano. Tanto así, que los perpetradores del crimen fueron castigados por la propia pandilla, algunos fueron asesinados por llamar tanto la atención y centrar el interés de las autoridades”.
Cuando el periodista Eric Lemus llegó, el microbús aún estaba en llamas y algunas de las víctimas yacían en el suelo.
Recuerda la consternación y el silencio sobrecogedor que reinaban aquel lugar. Algunos vecinos de un edificio cercano le dijeron que estaban en shock tras haber visto y escuchado los disparos y los gritos.
“Cuando vi aquello, se me activaron los chips de la guerra, de cómo cubrir una escena en conflicto. Estábamos en un escenario de guerra de baja intensidad”, le dice a BBC Mundo.
Pero cree que ni la guerrilla ni el ejército que participaron en la guerra civil salvadoreña que le tocó cubrir como periodista décadas antes habrían quemado un autobús con gente en su interior.
“Para nosotros, fue como una ruptura sobre lo que podía ser capaz algo que se podía ver entonces como un grupo marginal. Fue una masacre sin precedentes por el nivel de violencia y brutalidad masiva. El mensaje de crueldad había sido transmitido con éxito”.
Martínez, especialista en pandillas, coincide en que “a día de ahora, este ataque se sigue viendo en El Salvador como que reveló el rostro monstruoso de estas organizaciones criminales”.
Al llegar al lugar del atentado a la mañana siguiente, a Isamar le dijeron que fuera directamente a la morgue para comprobar si allí estaba su madre. Pero ella no perdió la esperanza y la buscó antes por todos los hospitales.
La encontró en una unidad de cuidados intensivos. Tenía el 89% del cuerpo quemado y solo la pudo reconocer, cuenta, por el color azul de las uñas de los pies que ella misma le había pintado la semana anterior.
Un detective le contó que un hombre que habría sobrevivido fue quien ayudó a su madre a salir del microbús, pero que cuando lo hizo, ya tenía las vías respiratorias quemadas.
Los médicos no le daban esperanzas de sobrevivir. Recuerda que, el primer día, su madre tenía unas cinco máquinas conectadas. Al cuarto, ya solo tenía una.
“El mismo detective me llamó para decirme lo que había pasado. Cuando vi la llamada, ya esperaba una mala noticia. Había muerto de un paro respiratorio”.
El sacerdote Antonio Rodríguez, párroco de Mejicanos en aquel entonces, escuchó los balazos desde su propia casa, a solo dos cuadras de la masacre.
Conocido como “padre Toño”, creó una asociación con los familiares de las víctimas para asistirles con ayuda médica, psicológica y becas de educación para quienes habían quedado huérfanos.
Asegura que lo hizo ante el abandono por parte de las autoridades. El entonces presidente salvadoreño, Mauricio Funes, prometió una indemnización de US$2.000 para cada familia que nunca llegó.
“El presidente dijo que, si les daban el dinero, iban a ser víctimas de extorsión. Yo les sugerí que entonces se lo dieran como entrada para una vivienda de protección social, pero el gobierno se negó”, le dice a BBC Mundo.
Ayudar a las víctimas no fue fácil al principio. Al trauma de perder a sus familiares en semejantes circunstancias, pronto se sumó el miedo a sufrir represalias por parte de las pandillas.
“La gente entró en una clandestinidad donde tenía mucho miedo de casa. Nadie quería hablar ni ser identificado, ni como sobreviviente ni como victima. Fue difícil hablar con ellos, todo el municipio quedó conmocionado”.
Isamar corrobora cada palabra del padre Toño. Tras la muerte de su madre, dice que su hermano y ella se quedaron “completamente solos” y que no quería estar en su propia casa por temor a que alguien fuera a hacerles daño.
El miedo aumentó cuando, dos meses después, su hermano decidió irse “de mojado” a Estados Unidos y ella quedó sola. La idea era que ella se reuniría con él un año después, cuando hubiera devuelto el dinero que le habían prestado para viajar.
Pero sus planes cambiaron cuando, al poco tiempo, quedó embarazada de su primera hija. “Pasé un embarazo tan malo que mi hija estuvo desnutrida en mi estómago porque yo nada más que vivía llorando por los recuerdos de mi mamá”, cuenta la joven.
Paradójicamente, el padre de su hija también había sido miembro de pandillas en el pasado. Isamar cuenta que llevaba cinco años alejado de ellas y trabajaba en un programa de reinserción del padre Toño.
“Al principio me dio un poquito de miedo al iniciar la relación, pero él fue la única persona que me ayudó a salir del agujero en el que estaba”, responde a la pregunta de si no tuvo temor por ese pasado en las mismas maras que habían destrozado su familia.
“Él ayudó a que me pusieran un psicólogo y así lo conocí. Yo ya no veía lo que él había hecho en su pasado, yo veía su presente y veía que era una persona diferente”.
Una nueva tragedia volvió a sacudir la vida de Isamar cuando a su pareja la mataron las pandillas en 2013. Fue entonces cuando decidió huir de El Salvador.
Expertos coinciden en que la brutalidad de la masacre de Mejicanos supuso “un antes y un después” en cómo la población salvadoreña pasó a percibir a las pandillas y, sobre todo, cómo las autoridades les hicieron frente desde entonces.
Lemus dice que “se esperaba que el gobierno, por ser de izquierdas (FMLN), buscaría otros métodos disuasorios. Pero el gobierno repitió el “manodurismo” que había hecho la derecha años atrás”.
Martínez coincide en que la masacre impidió “cualquier salida negociada” con las pandillas porque la población “estaba verdaderamente horrorizada” con lo ocurrido. “El presidente se vio en la obligación de mostrar fuerza”, dice.
Ese rechazo de la población salvadoreña a otro tipo de estrategias se vio por ejemplo durante la tregua que, tras un proceso secreto de negociación entre gobierno y pandillas, se tradujo en una importante reducción de asesinatos en el país entre 2012 y 2013.
Según Martínez, “la quema del microbús en la memoria colectiva de la población salvadoreña impidió e impide cualquier salida que no sea de corte policial, militar o punitiva para atender el problema de las pandillas”.
“Los efectos de ese hecho siguen vivos a día de hoy”, opina pocas semanas después de que el actual gobierno liderado por Nayib Bukele endureciera las condiciones de los pandilleros en las cárceles pese a las críticas de organismos de derechos humanos.
“La población de El Salvador es muy anuente a los planes de mano dura”, apunta.
Una de las consecuencias inmediatas del atentado en Mejicanos fue la “Ley de Proscripción de Pandillas” que declaraba ilegales a las maras y convertía en agravante de cualquier delito pertenecer a ellas. Sin embargo, los jueces encontraron en muchos casos de difícil aplicación.
En 2015, la Sala de lo Constitucional declaró a las pandillas como “grupos terroristas”. También englobó en este concepto a “colaboradores, apologistas y financistas” de estas estructuras.
El sacerdote Rodríguez interpreta que, de acuerdo a la Sala, “trabajar por la transformación de las pandillas puede terminar con una persona vinculada a grupos terroristas, lo que cerró la puerta a la reinserción de estos jóvenes”.
En 2014, el religioso fue condenado por los delitos de introducción de objetos ilícitos para los pandilleros en las cárceles y de tráfico de influencias.
Isamar lleva siete años viviendo en España, desde donde atiende a BBC Mundo y donde consiguió formar una familia y tener otras dos hijas.
El año pasado, su hermano fue a visitarla desde EE.UU. y pudo conocer por fin a sus sobrinas. Era la primera vez que se reencontraban en casi nueve años.
Entre los planes de Isamar está el poder estudiar enfermería, pero no contempla regresar a su país. “Me da mucho miedo y también porque creo que sería duro regresar al pasado, recodar todo otra vez”.
Dos de los principales responsables del trágico ataque en el que su madre perdió la vida cumplen condenas de 66 y 410 años de cárcel respectivamente, pero Isamar asegura que nunca les ha guardado rencor.
“Mi mamá era tan buena y sencilla que llegaba a casa y, aunque solo tuviera frijoles, ella te invitaba a comer. Que no se pierda esa esencia de la humildad, que las víctimas siempre sean recordadas y que no queden en el olvido”, pide.
“Y de las personas que lo hicieron, ya que Dios se encargue de ellos”.
ENTREGA ESPECIAL
Abogados denuncian presunta injerencia de juez de EE. UU. en proceso penal de El Salvador
Representantes legales vinculados a Terra Towers y TBS Management solicitaron la intervención de la Fiscalía y Cancillería ante decisiones del juez federal Lewis A. Kaplan que, según sostienen, han producido efectos sobre actuaciones judiciales y bienes relacionados con un proceso penal abierto en territorio salvadoreño.
Abogados acuden a Fiscalía y Cancillería
Dos abogados salvadoreños acudieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores para solicitar la intervención de ambas instituciones frente a una serie de decisiones adoptadas por el juez federal estadounidense Lewis A. Kaplan, del Distrito Sur de Nueva York.
Los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantearon mediante escritos formales lo que consideran una injerencia en la jurisdicción salvadoreña, al sostener que determinadas resoluciones dictadas en Estados Unidos han terminado repercutiendo sobre procedimientos judiciales que se desarrollan en El Salvador.
La controversia forma parte de una prolongada disputa empresarial por el control y eventual venta de Continental Towers Latam Holdings Limited, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura de telecomunicaciones en varios países de América Latina.
Documentos del tribunal federal estadounidense identifican a Terra Towers y TBS Management como accionistas mayoritarios de Continental, mientras que Telecom Business Solution y Latam Towers —vinculadas a Peppertree— y AMLQ Holdings figuran entre los inversionistas minoritarios. El mismo expediente señala que AMLQ es una afiliada de Goldman Sachs.
Una disputa empresarial que llegó a los tribunales
El conflicto entre los socios terminó trasladándose a un arbitraje en Nueva York y posteriormente a los tribunales estadounidenses. Desde entonces, las partes han protagonizado una extensa batalla jurídica que ha producido laudos arbitrales, órdenes judiciales, sanciones por desacato y decisiones relacionadas con el control y las acciones de Continental Towers.
La protesta presentada en El Salvador sostiene que las consecuencias de algunas de esas decisiones habrían trascendido la controversia estadounidense y alcanzado a sociedades y procedimientos sometidos a la jurisdicción salvadoreña.
Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con una resolución emitida en abril de 2025. Según los escritos de los abogados, Kaplan dispuso el desistimiento de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, además de la revocación de un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria del país.
La medida contemplaba multas coercitivas que comenzaban en $10,000 diarios y podían incrementarse cada 14 días mientras persistiera el incumplimiento. Los representantes legales salvadoreños sostienen que esa presión económica llevó a la representante de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El traspaso de las acciones eleva la controversia
El conflicto escaló nuevamente en 2026.
De acuerdo con la documentación presentada por los abogados, el 21 de enero de 2026 se produjo una nueva decisión relacionada con la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management mantenían en Continental Towers Latam Holdings.
Posteriormente, el 7 de mayo, Kaplan declaró en desacato a las sociedades y estableció un plazo para concretar el traspaso. Ante el incumplimiento de la orden, el secretario del tribunal estadounidense quedó facultado para ejecutar los documentos necesarios para efectuar la transferencia.
Esta parte del conflicto también consta en el expediente federal de Nueva York. La resolución del 7 de mayo señala que Terra Towers y TBS Management habían incumplido una orden que exigía transferir sus acciones como satisfacción total o parcial de una sentencia superior a $300 millones a favor de los peticionarios. El tribunal estadounidense sostiene que las sociedades habían desobedecido reiteradamente resoluciones anteriores.
Esta última precisión resulta relevante porque muestra las dos posiciones enfrentadas: mientras los representantes salvadoreños cuestionan los efectos que las decisiones estadounidenses habrían producido sobre asuntos sometidos a la justicia de El Salvador, el tribunal de Nueva York sostiene que sus actuaciones forman parte de la ejecución de laudos arbitrales y sentencias previamente dictadas dentro de esa controversia.
Denunciantes señalan efectos sobre un proceso penal salvadoreño
Para los abogados que acudieron a la FGR y Cancillería, el problema adquiere una dimensión mayor porque el traspaso de las acciones habría generado consecuencias sobre bienes relacionados con un proceso penal que permanece activo en El Salvador.
El expediente es conocido por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador e incluye señalamientos por los delitos de estafa agravada, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas contra cinco personas relacionadas con la disputa empresarial, según la documentación proporcionada por los denunciantes.
Los representantes legales afirman que existen órdenes de arresto contra los procesados y señalan que entre ellos figuran tres ejecutivos estadounidenses relacionados con Peppertree, a quienes describen como fugitivos. Asimismo, indican que esperan la tramitación de una difusión roja de INTERPOL para su localización y detención. La documentación base no señala que esa difusión roja ya haya sido emitida.
Terra Towers, TBS Management y las subsidiarias salvadoreñas aparecen, de acuerdo con los escritos, como víctimas reconocidas dentro de esa causa penal.
Piden valorar una protesta diplomática
Ante este escenario, los abogados solicitaron que las autoridades salvadoreñas informen al Gobierno de Estados Unidos sobre las actuaciones que cuestionan y que se valore la presentación de una protesta diplomática.
El argumento central de los denunciantes es que las resoluciones adoptadas por el tribunal de Nueva York podrían reducir la eficacia práctica de medidas dictadas por la justicia salvadoreña, especialmente aquellas relacionadas con consecuencias patrimoniales dentro del proceso penal.
El caso abre así un nuevo capítulo en una disputa corporativa que dejó de limitarse hace tiempo a un desacuerdo entre accionistas. El conflicto involucra ahora arbitraje internacional, resoluciones de una corte federal estadounidense, procedimientos judiciales en El Salvador y cuestionamientos sobre hasta dónde pueden extenderse los efectos de decisiones adoptadas en una jurisdicción extranjera.
Por ahora, la calificación de estas actuaciones como una “injerencia” corresponde a los abogados que presentaron los escritos ante las autoridades salvadoreñas. En paralelo, el expediente estadounidense muestra que el tribunal de Kaplan considera sus decisiones parte de la ejecución de obligaciones contractuales, laudos arbitrales y sentencias que ha confirmado durante el litigio. En junio de 2026, el mismo tribunal confirmó el laudo arbitral final y rechazó la solicitud presentada para anularlo.
ENTREGA ESPECIAL
VIDEO | Marbeli, la niña que enseñó que los sueños también se caminan de la mano de papá
El 15 de septiembre de 2026, entre música de bandas y celebraciones por la Independencia, Marbeli protagonizó una escena que conmovió las redes sociales. Vestida de cachiporra, avanzaba acompañada por su padre, quien la sostenía para que pudiera participar junto a sus compañeras. Las imágenes se viralizaron y despertaron el interés por conocer a aquella niña. Detrás del momento había una decisión muy suya: quería desfilar, y estaba dispuesta a prepararse para hacerlo.
Dos días después, el 17 de septiembre, nuestro equipo fue a buscarla en Ciudad Arce. El Colegio Reforma y su banda habían sido invitados a participar en un nuevo desfile, y aprovechamos la ocasión para conocer a Marbeli, a sus padres y a su instructora. Allí descubrimos una historia que merecía contarse más allá del video viral: la de una niña que reconoce sus propios avances y encuentra alegría en cada nueva experiencia.
«Siento que voy avanzando un paso más», Marbeli, estudiante y cachiporra del Colegio Reforma.
Su deseo de desfilar nació al observar a otras niñas realizar sus pasos. Marbeli quiso estar allí también y se lo pidió a su papá. Miguel Ángel Ramírez contó que no quería responderle con un no, pero necesitaba encontrar una manera de acompañarla tomando en cuenta sus necesidades. Habló con su esposa y consultaron con la fisioterapeuta. Consideraron alternativas, escucharon la insistencia de su hija y buscaron cómo prepararla. Después, al recordar los aplausos que recibieron durante el recorrido, describió lo que había sentido:
«Sinceramente, muy emotivo, muy alegre», Miguel Ángel Ramírez, papá de Marbeli.
Para Guadalupe Haydee Guevara, su mamá, acompañar ese deseo también significó organizar el tiempo y pensar en los apoyos necesarios. Marbeli tiene una rutina que incluye escuela, terapias y actividades de iglesia; incorporar la preparación del desfile requería dedicación. Su testimonio permitió conocer el trabajo que las imágenes virales apenas muestran: los horarios, los traslados y las decisiones de una familia que busca dar espacio a las aspiraciones de su hija.
«Se piensa primero cómo hacerlo», Guadalupe Haydee Guevara, mamá de Marbeli.
En esa preparación estuvo Adriana Bautista, conocida por Marbeli como Adri, instructora de cachiporras del Colegio Reforma. Ella explicó que se organizó con la mamá para realizar los ensayos. En el reportaje también la vemos peinar y maquillar a su alumna, compartiendo los preparativos de la presentación. Al hablar de sus cualidades, Adriana destacó su sonrisa y esa vitalidad que la acompaña. Marbeli, por su parte, reconoció en su instructora a alguien que la ayuda y la motiva.
«Siempre está con una energía increíble», Adriana Bautista, instructora de cachiporras del Colegio Reforma.
Durante el nuevo recorrido, Marbeli volvió a compartir las calles con sus compañeras, acompañada por sus padres y entre muestras de cariño del público. Sin embargo, su historia también abre una conversación sobre las oportunidades para participar. Miguel Ángel señaló que todavía existen barreras de accesibilidad y que la inclusión exige que el entorno responda a las necesidades de las personas con discapacidad. Su acompañamiento expresa amor familiar; su reflexión recuerda que las familias también necesitan condiciones que faciliten ese camino.
Marbeli tiene más sueños: durante la entrevista habló de ser actriz y pintora. El desfile es parte de una infancia con intereses, deseos y mucho por descubrir. Por eso, al recordarla como la princesa del 15 de septiembre, vale la pena escuchar lo que ella misma dice sobre su experiencia: siente que está avanzando. Su padre le ofrece las manos, su madre organiza y acompaña, su instructora enseña y anima. Marbeli pone el deseo de seguir.
Actualmente, Marbeli necesita una caminadora especial para continuar con su proceso de movilidad y rehabilitación. Por ello, las personas, empresas o instituciones interesadas en apoyarla mediante la donación completa de una caminadora médica y de rehabilitación neurológica pueden comunicarse con nosotros al teléfono 7599-9181.
Entre las especificaciones de la caminadora médica y de rehabilitación neurológica Dyaco Medical 8.0T, comercializada también bajo marcas como Spirit Fitness, se encuentran un motor de 3.0 HP de grado médico y capacidad de marcha bidireccional, tanto hacia adelante como en reversa. La velocidad hacia adelante puede regularse de 0.1 km/h a 22 km/h, en incrementos de 0.1 km/h, mientras que en reversa alcanza de 0.1 km/h a 8 km/h.
El equipo cuenta además con un rango de inclinación de -12 % hasta 25 %, regulable en incrementos de 0.5 % mediante dos motores independientes. Su superficie de cinta mide 22 por 60 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 56 por 152 centímetros, e incluye marcas de seguridad visuales. También dispone de un sistema de elevación de plataforma con superficie autolubricada y una consola con pantalla táctil integrada de 10 pulgadas, que ofrece analítica en la nube y protocolos de pruebas de esfuerzo cardíaco.
Conoce la historia y escucha a sus protagonistas en el reportaje disponible en nuestras plataformas de Facebook, TikTok y YouTube.
👑🇸🇻 Todo comenzó con una pequeña princesa que conquistó las redes este 15 de septiembre. Pero detrás de aquel momento había una historia que merecía ser contada. ❤️
Hoy queremos que conozcas a Marbeli: sus sueños, su familia y a las personas que la acompañan en cada paso.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 29, 2026
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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