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El TSE dirigido por Julio Olivo es enviado a juicio de cuentas por $143,032
Un examen especial de la Corte de Cuentas de la República (CCR) señaló irregularidades contractuales que suman $143,032.05 de fondos públicos que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dirigido por el magistrado Julio Olivo, cuota del FMLN, administró como parte del presupuesto extraordinario para las elecciones presidenciales del 3 de febrero de 2019.
El examen —practicado por la Dirección de Auditoría Uno y cuya versión pública consta de 30 páginas— fue subido a su sitio web por el ente contralor y pasará a una de las cámaras como parte del proceso de juicio de cuentas para determinar la responsabilidad administrativa o patrimonial, o ambas, de los funcionarios involucrados.
El primer reparo está detallado en la página 3 del documento, que señala que el TSE adjudicó el contrato CD-01/ TSE/PEE-2019 por $101,710.35 a la empresa Lemusimun Publicidad, S. A. de C. V., para que proveyera el «servicio de agencia de publicidad para el desarrollo de la fase 1: campaña de consulta de verificación de datos en el registro electoral para el evento electoral 2019».
En la auditoría, el TSE es cuestionado por no haber dado el «seguimiento a la ejecución de las cláusulas contractuales», situación que provocó que no haya evidencia de que la empresa realmente cumplió —tal como se comprometió— con el desarrollo de una campaña de comunicación social (en los canales de televisión, prensa escrita, radio, publicidad exterior con pantallas digitales, hojas volantes y producción de materiales, spot, cuña e impresos) sobre la verificación ciudadana de los datos en el registro electoral para las elecciones de 2019.
Tampoco hay evidencia, según la CCR, de que la empresa dio cumplimiento al plan de medios, los productos realizados, la ejecución y alcances de la campaña publicitaria presentada inicialmente por la empresa Lemusimun Publicidad, S. A. de C.,V. El TSE trató de subsanar esos cuestionamientos y entregó información de los contratos a los auditores; sin embargo, señalaron que no lograron esclarecer los hechos.
«El administrador de contrato presenta dos documentos digitales con el mismo contenido: uno en PDF, denominado Informe Final, que se encuentra no visible completamente, y [un] documento en formato Power Point titulado Alcance Medios CONSULTA, sin firma y sello de la agencia publicitaria y fecha de elaboración y presentación de este, por lo que no existe un documento formal que compruebe la elaboración del informe», se lee en la página 11 del examen especial.
En el documento también es señalado que la información que entregó el TSE para aclarar los cuestionamientos de los auditores solo fue estadística; por lo tanto, no especificó cuáles fueron las emisoras ni dónde se instalaron las pantallas digitales que la empresa Lemusimun contrató para desarrollar la campaña de medios por la cual el organismo colegiado le pago $101,710.35.
«Respecto a la publicidad escrita, refleja cuántos fueron los anuncios; sin embargo, como parte de un seguimiento, no especifica las fechas en que fueron publicados, el alcance de la publicidad de spot televisivos, de cable, cuñas radiales, pantallas digitales, prensa, periódicos digitales y redes sociales. No deja claras las fechas en que se proporcionó el servicio; en ese sentido, al no evidenciarse la presentación formal del documento ante el Tribunal Supremo Electoral por parte de la agencia publicitaria al finalizar la campaña, tal como lo establece el contrato suscrito y con base en las inconsistencias antes detalladas, los auditores ratificamos la condición señalada», añade el examen especial en la página 11.
El segundo hallazgo es en relación con el contrato LG-60/TSE/PEE-2019, que el TSE suscribió para el «servicio de radiocomunicación portátil, necesario para el desarrollo de actividades propias del evento electoral 2019» por $41,321.70. Ese equipo sería utilizado por los miembros de la Dirección de Organización Electoral (DOE) e instalado en las bases de la DOE y en las bases vehiculares. Sin embargo, según los auditores, el TSE no tiene las actas de recepción, entrega o asignación del total de las radios de comunicación portátil contratadas y tampoco hay evidencia de que al finalizar el evento electoral fueron devueltas por el personal al que se le asignó.
A pesar de los argumentos presentados por el TSE para revertir los señalamientos, los auditores plantearon que la documentación solo fue parcial; por lo tanto, ratificaron las observaciones sobre ese contrato por $41,321.70.
En suma, en los reparos de la CCR por los contratos de $143,032.05 hubo vulneración al reglamento y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) —vigente en ese momento— porque hubo falta de controles por parte del TSE para garantizar el buen uso de los recursos públicos.
El tercer y último reparo está contemplado en la página 15 del examen especial y señala que el TSE vulneró el reglamento y la Ley de Administración Financiera del Estado al haber autorizado y nombrado al director financiero del organismo colegiado para las gestiones correspondientes a la programación de la ejecución presupuestaria del evento electoral 2019.
«Le asignó las gestiones para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de recursos financieros, una para pago de remuneraciones y otra para bienes y servicios, y a la vez lo designó como encargado de pagos “ad honorem” de dicho presupuesto, generando incompatibilidad de funciones, ya que en una misma persona recaen las funciones de presupuesto, tesorería y contabilidad», cuestionó la CCR.
Dos hombres en estado de ebriedad fueron capturados por la Policía Nacional Civil (PNC) tras agredir con un corvo a un tercero que también se encontraba bajo los efectos del alcohol en el distrito de Santiago Nonualco, La Paz Centro.
De acuerdo con el informe policial, el hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas dentro de su vivienda y los dos hombres ingresaron al inmueble. Posteriormente, tras una acalorada discusión, lo atacaron con un corvo.
Las autoridades detallaron que la víctima sufrió heridas en una mano y la pérdida de uno de sus dedos a causa de la agresión.
Los atacantes fueron identificados como Benjamín Edgardo Hernández Rodríguez y José Noé Díaz González, quienes fueron localizados y capturados mediante un inmediato dispositivo policial. Ambos serán remitidos por el delito de lesiones.
Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y la Cruz Roja Salvadoreña atendieron un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 34 de la carretera Panamericana, en el distrito de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán Sur.
De acuerdo con las autoridades, el Equipo Táctico Operativo de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate para auxiliar a las personas involucradas en el percance.
Como resultado del accidente, tres personas resultaron lesionadas y fueron estabilizadas en el lugar por personal de emergencia antes de ser trasladadas al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, donde recibirán atención médica.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas que originaron el accidente ni han revelado la identidad de las personas lesionadas.
La tendencia en materia de seguridad registrada durante los últimos años bajo el Gobierno del presidente Nayib Bukele continuó mostrando mejoras durante el primer semestre de 2026, al registrar una nueva reducción en los homicidios respecto al mismo período de 2025.
Entre enero y junio de este año, las autoridades de Seguridad contabilizaron 29 homicidios, la cifra más baja para ese período. El resultado representa una disminución del 32.6 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se registraron 43 asesinatos, consolidando la tendencia a la baja de este delito en el país.
La reducción se suma al comportamiento observado en los últimos años, en los que El Salvador ha reportado una disminución sostenida de los homicidios, junto con un incremento en los días sin asesinatos, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción.
Las estadísticas correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio reflejan un promedio de 0.16 homicidios por día. Además, la Policía Nacional Civil reportó 156 días sin homicidios en lo que va de 2026.
Durante el primer trimestre del año se registraron 19 homicidios: cuatro en enero, cinco en febrero y 10 en marzo. Posteriormente, la Policía Nacional Civil informó de tres homicidios en abril, seis en mayo y uno en junio, convirtiendo a este último en el mes más seguro del semestre.
Las autoridades señalaron que, al igual que en los últimos tres años, más del 70 % de los homicidios registrados han estado relacionados con casos de intolerancia social y familiar, tendencia que se mantiene durante este año.
«En este país, quien se atreva a atentar contra la vida de otra persona debe tener claro que pasará el resto de sus días tras las rejas. No hay perdón ni olvido, nos encargaremos de que no salga caminando de la cárcel», afirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Las autoridades también destacaron que, además de la reducción sostenida de homicidios, la gestión de Seguridad se ha caracterizado por resolver los casos reportados mediante la captura inmediata de los responsables, en la mayoría de los casos en un plazo menor a 72 horas.
Para cada homicidio reportado, la Policía activa el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), cuyo objetivo es localizar y capturar a los responsables para que enfrenten la justicia.
Entre las capturas recientes figura la de José Roberto Arévalo Mojica, de 28 años, señalado por la Policía como el presunto responsable de un homicidio ocurrido el pasado 16 de junio en Soyapango, San Salvador Este.
De acuerdo con el reporte oficial, Arévalo Mojica habría dado muerte a su padrastro, un hombre de 78 años, quien fue lesionado con un objeto contundente. Las autoridades indicaron que el móvil del crimen estuvo relacionado con problemas familiares.
