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El Hospital El Salvador registra solo 12 pacientes ingresados por COVID-19 desde el inicio de la pandemia
Solo 12 pacientes ingresados son los que registra el Hospital El Salvador, según detalló esta mañana el ministro de Salud, Francisco Alabi, una situación que atribuyó al buen manejo de la pandemia en el país y que permite tener condiciones favorables en comparación con otras naciones.
El ministro Alabi dijo que la implementación y amplia cobertura de la vacunación contra el virus que se desarrolla desde el pasado 17 de febrero de 2021 han generado que la afectación de la COVID-19 disminuya.
«Gracias a esa situación, El Salvador está con la estadística epidemiológica de COVID-19 como estamos observando: 12 pacientes en el Hospital El Salvador. De verdad a mí me da alegría ver esa cantidad de pacientes porque cada decisión, cada decisión difícil que no tocó enfrentar a todos los salvadoreños ha tenido un resultado que puede ser medible, y el hospital está vacío», señaló Alabi.
De igual manera, señaló que la cantidad de casos confirmados han disminuido y el país atraviesa por uno de los puntos más bajo de la pandemia, luego de haber superado la llegada de ómicron.
«En la medida van pasando de las pandemia y van llegando las subvariantes de las pandemias, la característica usual, no digo que el 100 %, pero lo usual es que cada vez sean menos agresivas en intensidad o en complicaciones, hace que las personas tengan menos hospitalizaciones, porque el virus quiere sobrevivir», agregó el funcionario.
Son estas condiciones las que permitieron que el país adoptase el uso voluntario de la mascarilla, ya que El Salvador cumple con los parámetros establecidos por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés): la cantidad de casos positivos, cantidad de ingresos hospitalarios, porcentaje de camas utilizadas por casos.
Alabi explicó que el uso de mascarilla deber ser acorde al nivel de riesgo individual que cada persona tenga, si es de bajo riesgo solo debe completar el esquema de vacunación y si tiene dudas hacerse una prueba; si es de riesgo moderado (con comorbilidades) esquema completo de vacunación, hacerse una prueba PCR y utilizar mascarilla; y si es de alto riesgo, usar mascarilla.
Asimismo, subrayó que, aunque el uso de la mascarilla no es obligatorio, esto no significa que la población debe dejar de lado la vacunación contra el virus, por el contrario, exhortó a los salvadoreños a cumplir con la aplicación de la cuarta dosis.
«El tema de la vacunación es clave, a pesar de que la obligatoriedad del uso de la mascarilla ya no está, eso no debe interpretarse como no completemos nuestro esquema de vacunación. La cuarta dosis va a continuar, está disponible para la población, solo tiene que acercarse a uno de los puntos», indicó el titular de Salud.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
