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El CECOT, la megacárcel que recibe halagos que opacan a los críticos
El Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot) ha sido el símbolo más fuerte de la guerra contra las pandillas en el gobierno de Nayib Bukele y tras un año de funcionamiento, ha recibido halagos local e internacionalmente, ya que para miles significa el golpe más fuerte a las maras, y críticas de grupos pro pandillas, que lo venden como un lugar de violaciones a derechos humanos.
Ante esas críticas, Bukele ha buscado desafiarlas demostrando que es así, bajo un estricto sistema penitenciario, que se ha logrado frenar el accionar de las pandillas en El Salvador que por muchos años mantuvieron el control de diversos municipios del país, y por supuesto de las cárceles.
«La tasa de homicidios más alta del mundo = la mayor cantidad de asesinos en las calles del mundo.
¿Solución? Mételos a todos en la cárcel para que no puedan matar más. Resultado: La tasa de encarcelamiento más alta del mundo / el país más seguro del hemisferio occidental», ese ha sido el argumento del presidente Bukele, luego que varios sectores, medios internacionales y otros han criticado su efectivo método contra las pandillas las cuales han sido desarticuladas y ahora están tras las rejas en el Cecot.
«No es ciencia espacial», dice el mandatario y es que bajo su mandato El Salvador se ha convertido en el país más seguro de Latinoamérica, esto luego que con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción se lograron debilitar las maras, encarcelar a sus integrantes y principalmente se han creado reformas penales para asegurar su permanencia en prisión.
La creación del Cecot, que tiene espacio para alojar a más de 40,000 reclusos potenció la seguridad en El Salvador. Y así como esta megacarcel dio un golpe de timón al tema de pandillas, las críticas se cirnieron para exhibirla como una «representación clara de violaciones a derechos humanos», compararla con «campos de concentración», entre otras versiones, pero que han sido opacadas con los buenos resultados obtenidos contra las maras.
Cuando se ha calificado ser un «campo de concentración», los críticos no mencionan que los reos del Cecot son pandilleros asesinos, y con los más altos récords criminales del país, contrario a los reales campos de exterminio nazi donde se mató a millones de personas solo por discriminación racial.
Para Bukele, el Cecot significó una pieza fundamental para ganar la guerra contra las maras y ha expresado su falta de interés en críticas opositoras alegando que la población apoya sus proyectos y esto, lo ha llevado a ganar su segundo mandato presidencial, con más del 84% de apoyo popular.
El presidente ha dicho que no defenderá a las maras, las cuales fueron causantes de una ola superior de muertes a la que registradas durante la guerra civil que ascendió a más de 70,000 crímenes contra la vida. De igual forma autoridades externas al Gobierno han dicho y constatado que la disciplina aplicada es propia de un régimen penitenciario.
HACE UN AÑO EL CECOT RECIBIÓ EL PRIMER TRASLADO DE REOS
Un año ha pasado desde que, bajo un amplio dispositivo de seguridad, liderado por la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada y personal de Centros Penales, se llevó a cabo el primer traslado masivo de pandilleros desde diversos centros penales en todo el país al Cecot.
«Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)», informó el presidente Bukele. El mandatario sostuvo que «esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población».
Bukele anunció el primer traslado masivo de reos a Cecot a través de redes sociales, adjuntando un video donde se exhibió el amplio dispositivo de seguridad, con el que fueron llevados los reos. La logística de este operativo se hizo en aproximadamente 20 horas. En varios puntos de El Salvador se establecieron puntos de control que permitieron brindar seguridad durante el traslado de los privados de libertad, quienes fueron movilizados en autobuses.
Los pandilleros, quienes en su mayoría lucen tatuajes alusivos a la pandilla 18 y MS, fueron ingresando uno por uno, esposados, a la mega cárcel donde fueron distribuidos en sus nuevas celdas por las autoridades. A la fecha, ya se resguardan más de 12,500 integrantes de dichas estructuras terroristas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
