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Denuncian que Soyapango despide atletas pero incrementa sus deudas al recoger la basura de Mejicanos
La abogada Bessy Ríos aseguró que la alcaldía de Soyapango está recogiendo la basura de Mejicanos y llevándola a botaderos en Santa Ana.
«Entonces la Alcaldía de Soyapango despide atletas porque no tiene pisto…Pero incrementa sus deudas haciéndose cargo de la basura de Mejicanos y los de Mejicanos cobrando a la gente y no pagan ni a la empresa ni a Soya… ¡es que son incachables!», escribió en su Twitter la abogada Bessy Ríos, en la que se evidencia que el judista Carlos Figueroa fue despedido «por ser atleta».
Rios justifica que pese a los altos cobros de impuestos por recolección de desechos, actualmente la municipalidad de Soyapango es la que está recogiendo la basura y llevándola a sus botaderos.
Según la abogada son un aproximado de 10 compactadores los que se trasladan hacia el plantel de Soyapango, «o sea que la deuda millonaria de Soya se va a incrementar al hacerse cargo de la basura de Mejicanos», añadió.
«Estos siguen cobrando por disposición de desechos solidos y no pagan… y el resto de equipos los envían al botadero de Santa Ana… puro engaño y fraude… Diocuarde con estos alcaldes mañosos», aseveró Rios.
Cabe mencionar que el Alcalde de Mejicanos, Saúl Meléndez, ha sido cuestionado por alza de tributos y por oscuros manejos de contratos de transporte y recolección de la basura.
Mientras que Soyapango se ha visto envuelto en pólemicas desde la captura de la exalcaldesa Nercy Montano, por corrupción y los cientos de despidos injustificados que se han realizado en los últimos días.
Nota retomada: La Noticia SV
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
