Judicial
Cuál es el mensaje que está enviando la Fiscalía General de la República
La siguiente nota periodística fue emitida este día, jueves 12 de septiembre por Diario Latino.net, en la cual dan a conocer los nombres de los fiscales y empleados del Ministerio Público que fueron acusados por la actual administración de la Fiscalía General de la República, por diferentes delitos en el del caso corruptela, en el que también estaría involucrado el exfiscal Douglas Meléndez.
Lea la nota completa, a continuación:
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos del Ministerio Público, fueron acusados formalmente este martes 11 de septiembre por la Fiscalía de la República, por los delitos de privación de libertad, omisión de investigación, falsedad material y peculado. Los acusados son Carolina Manzanares Nochez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre los años 2013 y 2015.
En el requerimiento no se contempla el hecho de que, tanto los fiscales mencionados como los empleados administrativos, hayan reconocido judicialmente haber actuado como testigos criteriados y obligados a mentir sobre hechos falsos que dieron origen al caso corruptela a cambio de no ser procesados por los delitos que ahora les imputan.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
No sabemos cuál era el trato que existía, pero al darse cuenta de que seguían siendo investigados con el propósito de ser procesados, los cuatro fiscales y los dos empleados administrativos, decidieron renunciar a su calidad de testigos criteriados y denunciaron a otros fiscales así como al ex fiscal general, Douglas Meléndez, de haberlos obligado a mentir sobre hechos falsos con los que se “armó” el caso corruptela.
El Fiscal Melara fue enfático desde su llegada al ministerio público: dijo que iba acabar con las “manzanas podridas” pero la ambigüedad de los hechos con que está actuando la FGR hacen incomprensibles sus declaraciones. Consignar a los tribunales a fiscales que delinquieron aprovechando su posición como tales, que han reconocido que mintieron, aunque sea obligados por sus superiores, para “inventar casos” y pedir a su vez que sean juzgados en libertad, es algo más que benevolencia. Refleja que algo muy malo está ocurriendo en la Fiscalía General de la República.
Hemos dicho, y lo Reiteramos, que el Fiscal General, Raúl Melara, debe ser considerado como lo mejor que le ha ocurrido a la FGR en muchos años. Decir que no se da cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la FGR, sería una ofensa y un insulto que no merece. Entonces, cómo explicarnos la desvinculación que se pretende hacer de los delitos por los que se está instruyendo a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, con los delitos de falsedad y fraude procesal con los que “inventaron” el caso corruptela.?
Cómo es posible que los autores intelectuales de la fabricación del caso Corruptela, es decir, el exfiscal general Douglas Meléndez, los fiscales Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez y Mario Huezo, entre otros, a pesar de ser señalados como los que obligaron a fabricar pruebas y a mentir, no hayan sido incluidos en el requerimiento fiscal.
El 22 de agosto del 2016, hace más de tres años, el exfiscal Douglas Meléndez puso una trampa al empresario Enrique Rais y al también exfiscal, Luis Martínez, dando inicio el llamado caso Rais Martínez. Dos años más tarde, ante la inminente posibilidad de que se frustrara dicho caso y con ello la posibilidad de ser reelecto, Meléndez se vio en la necesidad de “inventar” el caso corruptela, que impidió en definitiva la puesta en libertad del exfiscal Martínez y el sobreseimiento de Enrique Rais a quienes dicho sea de paso, nunca les han probado los cargos que se les atribuye.
En el ínterin de esta trifulca judicial, cuando estaban vencidos todos los plazos y Martínez se aprestaba a recuperar su libertad, Meléndez mandó por el famoso padre toño, que se encontraba en España a donde se le permitió escapar a cambio de un proceso abreviado, que le facilitó el mismo exfircal Martínez, y que lo eximió de los delitos por los que había sido acusado, permitiéndole residir en El Salvador nuevamente a cambio de una demanda express por divulgación de información, contra Martínez, quien poco o nada pudo hacer, desde la cárcel donde aún se encuentra, para evitar ser condenado.
Otros once fiscales, acusados de delitos contra la administración de justicia, de falsedad y de actos arbitrarios y que supuestamente formaban parte de la mafia de Meléndez, fueron consignados a los tribunales en los primeros días de enero de este año, poco antes de que Melara asumiera el cargo, con la recomendación expresa de que fueran sobreseídos definitivamente.
Si esos fiscales fueron consignados a los tribunales es porque tuvo que haber una investigación previa que permitió establecer que había, por lo menos, indicios de su responsabilidad; sin embargo, Meléndez les proporcionó impunidad absoluta. Será eso lo que se busca con los cuatro fiscales y dos empleados administrativos que enfrentarán próximamente la Audiencia Inicial, al pedir que sean procesados en libertad aunque sigan siendo juzgados por delitos graves ?. Cuál es el mensaje que está dando la Fiscalía General de la República ?.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
