Judicial
Cuál es el mensaje que está enviando la Fiscalía General de la República
La siguiente nota periodística fue emitida este día, jueves 12 de septiembre por Diario Latino.net, en la cual dan a conocer los nombres de los fiscales y empleados del Ministerio Público que fueron acusados por la actual administración de la Fiscalía General de la República, por diferentes delitos en el del caso corruptela, en el que también estaría involucrado el exfiscal Douglas Meléndez.
Lea la nota completa, a continuación:
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos del Ministerio Público, fueron acusados formalmente este martes 11 de septiembre por la Fiscalía de la República, por los delitos de privación de libertad, omisión de investigación, falsedad material y peculado. Los acusados son Carolina Manzanares Nochez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre los años 2013 y 2015.
En el requerimiento no se contempla el hecho de que, tanto los fiscales mencionados como los empleados administrativos, hayan reconocido judicialmente haber actuado como testigos criteriados y obligados a mentir sobre hechos falsos que dieron origen al caso corruptela a cambio de no ser procesados por los delitos que ahora les imputan.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
No sabemos cuál era el trato que existía, pero al darse cuenta de que seguían siendo investigados con el propósito de ser procesados, los cuatro fiscales y los dos empleados administrativos, decidieron renunciar a su calidad de testigos criteriados y denunciaron a otros fiscales así como al ex fiscal general, Douglas Meléndez, de haberlos obligado a mentir sobre hechos falsos con los que se “armó” el caso corruptela.
El Fiscal Melara fue enfático desde su llegada al ministerio público: dijo que iba acabar con las “manzanas podridas” pero la ambigüedad de los hechos con que está actuando la FGR hacen incomprensibles sus declaraciones. Consignar a los tribunales a fiscales que delinquieron aprovechando su posición como tales, que han reconocido que mintieron, aunque sea obligados por sus superiores, para “inventar casos” y pedir a su vez que sean juzgados en libertad, es algo más que benevolencia. Refleja que algo muy malo está ocurriendo en la Fiscalía General de la República.
Hemos dicho, y lo Reiteramos, que el Fiscal General, Raúl Melara, debe ser considerado como lo mejor que le ha ocurrido a la FGR en muchos años. Decir que no se da cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la FGR, sería una ofensa y un insulto que no merece. Entonces, cómo explicarnos la desvinculación que se pretende hacer de los delitos por los que se está instruyendo a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, con los delitos de falsedad y fraude procesal con los que “inventaron” el caso corruptela.?
Cómo es posible que los autores intelectuales de la fabricación del caso Corruptela, es decir, el exfiscal general Douglas Meléndez, los fiscales Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez y Mario Huezo, entre otros, a pesar de ser señalados como los que obligaron a fabricar pruebas y a mentir, no hayan sido incluidos en el requerimiento fiscal.
El 22 de agosto del 2016, hace más de tres años, el exfiscal Douglas Meléndez puso una trampa al empresario Enrique Rais y al también exfiscal, Luis Martínez, dando inicio el llamado caso Rais Martínez. Dos años más tarde, ante la inminente posibilidad de que se frustrara dicho caso y con ello la posibilidad de ser reelecto, Meléndez se vio en la necesidad de “inventar” el caso corruptela, que impidió en definitiva la puesta en libertad del exfiscal Martínez y el sobreseimiento de Enrique Rais a quienes dicho sea de paso, nunca les han probado los cargos que se les atribuye.
En el ínterin de esta trifulca judicial, cuando estaban vencidos todos los plazos y Martínez se aprestaba a recuperar su libertad, Meléndez mandó por el famoso padre toño, que se encontraba en España a donde se le permitió escapar a cambio de un proceso abreviado, que le facilitó el mismo exfircal Martínez, y que lo eximió de los delitos por los que había sido acusado, permitiéndole residir en El Salvador nuevamente a cambio de una demanda express por divulgación de información, contra Martínez, quien poco o nada pudo hacer, desde la cárcel donde aún se encuentra, para evitar ser condenado.
Otros once fiscales, acusados de delitos contra la administración de justicia, de falsedad y de actos arbitrarios y que supuestamente formaban parte de la mafia de Meléndez, fueron consignados a los tribunales en los primeros días de enero de este año, poco antes de que Melara asumiera el cargo, con la recomendación expresa de que fueran sobreseídos definitivamente.
Si esos fiscales fueron consignados a los tribunales es porque tuvo que haber una investigación previa que permitió establecer que había, por lo menos, indicios de su responsabilidad; sin embargo, Meléndez les proporcionó impunidad absoluta. Será eso lo que se busca con los cuatro fiscales y dos empleados administrativos que enfrentarán próximamente la Audiencia Inicial, al pedir que sean procesados en libertad aunque sigan siendo juzgados por delitos graves ?. Cuál es el mensaje que está dando la Fiscalía General de la República ?.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.




