Judicial
Cuál es el mensaje que está enviando la Fiscalía General de la República
La siguiente nota periodística fue emitida este día, jueves 12 de septiembre por Diario Latino.net, en la cual dan a conocer los nombres de los fiscales y empleados del Ministerio Público que fueron acusados por la actual administración de la Fiscalía General de la República, por diferentes delitos en el del caso corruptela, en el que también estaría involucrado el exfiscal Douglas Meléndez.
Lea la nota completa, a continuación:
Cuatro fiscales y dos empleados administrativos del Ministerio Público, fueron acusados formalmente este martes 11 de septiembre por la Fiscalía de la República, por los delitos de privación de libertad, omisión de investigación, falsedad material y peculado. Los acusados son Carolina Manzanares Nochez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres. Los hechos atribuidos a los imputados ocurrieron entre los años 2013 y 2015.
En el requerimiento no se contempla el hecho de que, tanto los fiscales mencionados como los empleados administrativos, hayan reconocido judicialmente haber actuado como testigos criteriados y obligados a mentir sobre hechos falsos que dieron origen al caso corruptela a cambio de no ser procesados por los delitos que ahora les imputan.
Estos fiscales han señalado que fueron obligados por el exfiscal Douglas Meléndez a criteriarse en ese proceso tras acumularles una serie de hechos, estos mismos auxiliares del Ministerio Público han interpuesto denuncia contra de 12 fiscales, entre ellos Douglas Meléndez y otro grupo.
No sabemos cuál era el trato que existía, pero al darse cuenta de que seguían siendo investigados con el propósito de ser procesados, los cuatro fiscales y los dos empleados administrativos, decidieron renunciar a su calidad de testigos criteriados y denunciaron a otros fiscales así como al ex fiscal general, Douglas Meléndez, de haberlos obligado a mentir sobre hechos falsos con los que se “armó” el caso corruptela.
El Fiscal Melara fue enfático desde su llegada al ministerio público: dijo que iba acabar con las “manzanas podridas” pero la ambigüedad de los hechos con que está actuando la FGR hacen incomprensibles sus declaraciones. Consignar a los tribunales a fiscales que delinquieron aprovechando su posición como tales, que han reconocido que mintieron, aunque sea obligados por sus superiores, para “inventar casos” y pedir a su vez que sean juzgados en libertad, es algo más que benevolencia. Refleja que algo muy malo está ocurriendo en la Fiscalía General de la República.
Hemos dicho, y lo Reiteramos, que el Fiscal General, Raúl Melara, debe ser considerado como lo mejor que le ha ocurrido a la FGR en muchos años. Decir que no se da cuenta de lo que está ocurriendo al interior de la FGR, sería una ofensa y un insulto que no merece. Entonces, cómo explicarnos la desvinculación que se pretende hacer de los delitos por los que se está instruyendo a los cuatro fiscales y dos empleados administrativos, con los delitos de falsedad y fraude procesal con los que “inventaron” el caso corruptela.?
Cómo es posible que los autores intelectuales de la fabricación del caso Corruptela, es decir, el exfiscal general Douglas Meléndez, los fiscales Wil Walter Ruiz, Jorge Cortez y Mario Huezo, entre otros, a pesar de ser señalados como los que obligaron a fabricar pruebas y a mentir, no hayan sido incluidos en el requerimiento fiscal.
El 22 de agosto del 2016, hace más de tres años, el exfiscal Douglas Meléndez puso una trampa al empresario Enrique Rais y al también exfiscal, Luis Martínez, dando inicio el llamado caso Rais Martínez. Dos años más tarde, ante la inminente posibilidad de que se frustrara dicho caso y con ello la posibilidad de ser reelecto, Meléndez se vio en la necesidad de “inventar” el caso corruptela, que impidió en definitiva la puesta en libertad del exfiscal Martínez y el sobreseimiento de Enrique Rais a quienes dicho sea de paso, nunca les han probado los cargos que se les atribuye.
En el ínterin de esta trifulca judicial, cuando estaban vencidos todos los plazos y Martínez se aprestaba a recuperar su libertad, Meléndez mandó por el famoso padre toño, que se encontraba en España a donde se le permitió escapar a cambio de un proceso abreviado, que le facilitó el mismo exfircal Martínez, y que lo eximió de los delitos por los que había sido acusado, permitiéndole residir en El Salvador nuevamente a cambio de una demanda express por divulgación de información, contra Martínez, quien poco o nada pudo hacer, desde la cárcel donde aún se encuentra, para evitar ser condenado.
Otros once fiscales, acusados de delitos contra la administración de justicia, de falsedad y de actos arbitrarios y que supuestamente formaban parte de la mafia de Meléndez, fueron consignados a los tribunales en los primeros días de enero de este año, poco antes de que Melara asumiera el cargo, con la recomendación expresa de que fueran sobreseídos definitivamente.
Si esos fiscales fueron consignados a los tribunales es porque tuvo que haber una investigación previa que permitió establecer que había, por lo menos, indicios de su responsabilidad; sin embargo, Meléndez les proporcionó impunidad absoluta. Será eso lo que se busca con los cuatro fiscales y dos empleados administrativos que enfrentarán próximamente la Audiencia Inicial, al pedir que sean procesados en libertad aunque sigan siendo juzgados por delitos graves ?. Cuál es el mensaje que está dando la Fiscalía General de la República ?.
Judicial
Prisión para esposos por tráfico ilícito de drogas en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
Judicial
PNC El Salvador captura a dos personas con marihuana en La Libertad Costa

Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.


67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.

Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.


El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.







