Judicial
CONTROVERSIA: Peritaje acusa a mujer de usar sus conocimientos en leyes para reclamar a su expareja pensión alimenticia para sus hijas
La violencia psicológica y económica es un tipo de delito establecido dentro de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, y es uno de los que pasan desapercibidos en muchos hogares del país.
Un peritaje socioeconómico del Tribunal Especializado para una vida de Violencia contra las Mujeres ha puesto entre la espada y la pared a una madre que dice solo busca que su expareja se haga responsable de sus hijas.
En enero de 2018, Sandra inició su recorrido lleno de obstáculos para que Samuel (ambos nombres modificados a petición) le brinde la asistencia socioeconómica a las dos niñas producto de una relación de siete años.
La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero por episodios de violencia económica y psicológica que este ejerció sobre ella mientras vivieron juntos en una colonia de San Salvador.
La jueza del tribunal que recibió el caso ordenó que los peritos iniciaran un estudio a las finanzas de ambos para verificar los hechos denunciados, algo que no fue favorable para la supuesta víctima.
El examen concluyó que Sandra se había aprovechado de sus conocimientos en leyes de género para señalar a su excompañero como el responsable de ejercer violencia económica y psicológica.
“Decía que prácticamente yo vulneraba los derechos de mi pareja, que yo lo agredía a él. Eso no fue así”, explicó la mujer mientras analizaba sobre el verdadero papel que dicha instancia ha tenido en el caso.
Este no sería el único golpe para la madre quien no fue informada de los avances de las investigaciones, lo único que supo fue que el lunes 4 de marzo había una audiencia para la que no contó con ningún abogado que la representara, algo que provocó la reprogramación de esta para el 16 de mayo.
Según lo dicho por la mujer a El Salvador Times, cuando solicitó una abogada para su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), el colaborador jurídico le explicó que no podía acceder a este servicio debido a que Samuel ya contaba con uno de la misma institución.
Dos días después y tras asesoramientos y constantes presiones a la PGR a Sandra le fue asignado un defensor público que poco ha podido hacer por la mujer que teme represalias de Samuel ya que las medidas de protección que se le brindaron vencen el 8 de mayo y hasta el momento no han sido renovadas.
“Él está empecinado en querer ver a mis hijas; me manda correos diciéndome que ama, que me quiere y en otros me insinúa que se va a suicidar. Cuando me dice que se va a llegar a mis hijas entro en pánico porque yo sé sus niveles de alcoholismo, me genera miedo”, señaló angustiada la mujer
Las deudas por amor a él
Pago de vehículo, proyectos fracasados y una casa, son el fruto que la mujer ha recogido de su relación con ese hombre por quien se endeudó con más de $50,000 que tienen comprometido más de la mitad de su salario.
“Me tocó aguantar cosas difícil económicamente. Él decía que iba a hacer proyectos de los cuales nunca daban buenos resultados, nos íbamos endeudado y no me permitía avanzar en mis cosas”, recordó Sandra.
La deuda por una casa valorada en $39,000 la tuvo que asumir la mujer en su totalidad cuando su todavía pareja se quedó sin trabajo, situación que se repitió con el préstamo de $2,230 que la mujer adquirió para recuperar un carro que habían perdido y que nunca volvió a ver.
“A veces decía que no tenía dinero para el supermercado y yo extralimite la tarjeta de crédito porque ya tenía un crédito anterior pero al final financió la deuda”, comentó a El Salvador Times.
Sandra explicó que lo único que busca es justicia para sus hijas y que el padre no deje de llevarle el sustento a su casa. Así como también el compromiso de pagar las deudas.
Ella se espera la fecha de la nueva audiencia con la esperanza que el abogado asignado le ayude a agilizar una estrategia que le sea favorable a sus hijas.
Nota tomada de El Salvador Times
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
