Judicial
CONTROVERSIA: Peritaje acusa a mujer de usar sus conocimientos en leyes para reclamar a su expareja pensión alimenticia para sus hijas
La violencia psicológica y económica es un tipo de delito establecido dentro de la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, y es uno de los que pasan desapercibidos en muchos hogares del país.
Un peritaje socioeconómico del Tribunal Especializado para una vida de Violencia contra las Mujeres ha puesto entre la espada y la pared a una madre que dice solo busca que su expareja se haga responsable de sus hijas.
En enero de 2018, Sandra inició su recorrido lleno de obstáculos para que Samuel (ambos nombres modificados a petición) le brinde la asistencia socioeconómica a las dos niñas producto de una relación de siete años.
La mujer interpuso la denuncia contra su excompañero por episodios de violencia económica y psicológica que este ejerció sobre ella mientras vivieron juntos en una colonia de San Salvador.
La jueza del tribunal que recibió el caso ordenó que los peritos iniciaran un estudio a las finanzas de ambos para verificar los hechos denunciados, algo que no fue favorable para la supuesta víctima.
El examen concluyó que Sandra se había aprovechado de sus conocimientos en leyes de género para señalar a su excompañero como el responsable de ejercer violencia económica y psicológica.
“Decía que prácticamente yo vulneraba los derechos de mi pareja, que yo lo agredía a él. Eso no fue así”, explicó la mujer mientras analizaba sobre el verdadero papel que dicha instancia ha tenido en el caso.
Este no sería el único golpe para la madre quien no fue informada de los avances de las investigaciones, lo único que supo fue que el lunes 4 de marzo había una audiencia para la que no contó con ningún abogado que la representara, algo que provocó la reprogramación de esta para el 16 de mayo.
Según lo dicho por la mujer a El Salvador Times, cuando solicitó una abogada para su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), el colaborador jurídico le explicó que no podía acceder a este servicio debido a que Samuel ya contaba con uno de la misma institución.
Dos días después y tras asesoramientos y constantes presiones a la PGR a Sandra le fue asignado un defensor público que poco ha podido hacer por la mujer que teme represalias de Samuel ya que las medidas de protección que se le brindaron vencen el 8 de mayo y hasta el momento no han sido renovadas.
“Él está empecinado en querer ver a mis hijas; me manda correos diciéndome que ama, que me quiere y en otros me insinúa que se va a suicidar. Cuando me dice que se va a llegar a mis hijas entro en pánico porque yo sé sus niveles de alcoholismo, me genera miedo”, señaló angustiada la mujer
Las deudas por amor a él
Pago de vehículo, proyectos fracasados y una casa, son el fruto que la mujer ha recogido de su relación con ese hombre por quien se endeudó con más de $50,000 que tienen comprometido más de la mitad de su salario.
“Me tocó aguantar cosas difícil económicamente. Él decía que iba a hacer proyectos de los cuales nunca daban buenos resultados, nos íbamos endeudado y no me permitía avanzar en mis cosas”, recordó Sandra.
La deuda por una casa valorada en $39,000 la tuvo que asumir la mujer en su totalidad cuando su todavía pareja se quedó sin trabajo, situación que se repitió con el préstamo de $2,230 que la mujer adquirió para recuperar un carro que habían perdido y que nunca volvió a ver.
“A veces decía que no tenía dinero para el supermercado y yo extralimite la tarjeta de crédito porque ya tenía un crédito anterior pero al final financió la deuda”, comentó a El Salvador Times.
Sandra explicó que lo único que busca es justicia para sus hijas y que el padre no deje de llevarle el sustento a su casa. Así como también el compromiso de pagar las deudas.
Ella se espera la fecha de la nueva audiencia con la esperanza que el abogado asignado le ayude a agilizar una estrategia que le sea favorable a sus hijas.
Nota tomada de El Salvador Times
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue haciendo justicia para los salvadoreños que por años fueron víctimas de las pandillas y tras una vista pública logró que 26 miembros de pandillas fueran condenados a penas de hasta 180 años de prisión.
En la audiencia en contra de los imputados, la FGR demostró que son parte de un grupo terrorista y que fueron responsables de quitarle la vida a 11 personas, además de extorsionar, haber incendiado un microbús y lesionar con arma de fuego al motorista.
Según el fiscal del caso, estos sujetos se dedicaban a atemorizar a los habitantes del distrito de Chalchuapa y sus alrededores, a quienes les exigían el pago de la mal denominada “renta”.
Entre los condenados está Marlon Alexander López Arana, alias sayco, quien fue perfilado como corredor de clica, y sentenciado a 180 años de prisión por el delito de homicidio agravado, actos terroristas, homicidio agravado imperfecto y agrupaciones ilícitas. El imputado también está condenado a pagar $1,200.00 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Para Eduardo Enrique Campos Castaneda, alias pesadilla, se logró una condena de 95 años prisión, por los mismo delitos.
Otro de los terroristas con altas penas fue Luis Alfredo Mendoza Carranza, alias slipy, corredor de clica, quien fue condenado a 89 años de prisión y al pago de $800.00 de responsabilidad civil.
Ulises Antonio Moreno Ramos, alias zorro o flama, pasará los próximos 75 años en la celda de una cárcel prisión; Óscar Enrique Salas Cortez, corredor de programa recibió una pena de 65 años de cárcel y deberá pagar $400.00 dólares de responsabilidad civil.
Mientras que para el resto de terroristas se logró una condena impuso penas de 10, 14,25,30 y 35 años de cárcel.
Las sentencias fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra El Crimen Organizado de Santa Ana.
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Envían a prisión a sujeto que transportaba un cadáver envuelto en sábanas en su vehículo accidentado
Fredy Enrique Figueroa Salazar, quien fue detenido el pasado 30 de marzo transportando el cadáver de un hombre en su vehículo, seguirá en prisión, así ha resuelto el Juzgado Primero de Paz de Quezaltepeque, La Libertad.
La Fiscalía General de la República lo acusa de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Según el expediente judicializado, a eso de las 6:00 de la mañana, el imputado se accidentó manejando en estado de ebriedad y a excesiva velocidad en el redondel que está en la entrada de Quezaltepeque.
Cuando llegaron a inspeccionar la escena del accidente, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) constataron que Miguel Ángel Acosta Estrada quien transitaba por el lugar había sido atropellado y al seguir el procedimiento registraron el automotor que llevaba en su interior el cuerpo de un hombre envuelto en sábanas. En el vehículo también encontraron $4,000, de los que se desconoce la procedencia lícita.
En las indagaciones, el ministerio público determinó que el homicidio del joven que era trasladado en el vehículo había ocurrido en Nejapa, en horas de la madrugada del 30 de marzo.
Al verificar una casa relacionada con el detenido, los agentes hallaron la escena del crimen: había manchas de sangre, el arma de fuego utilizada para el crimen y un zapato de la víctima similar al que encontraron en el vehículo que manejaba Figueroa Salazar.
La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador ha condenado este martes a 13 años y cuatro meses de cárcel a Norman Quijano, por los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
Al diputado desaforado del Parlamento Centroamericano y excandidato a la presidencia de ARENA en las alecciones de 2014, los magistrados le inpusieron la condena por reunirse con pandillas y negociar con los principales cabecillas una serie de beneficios a cambio de que votaran por él y lo eligieran presidente, acción calificada como fraude electoral.
La Cámara luego de evaluar una serie de pruebas consistentes en videos, testimonios y documentos, consideró que el político incurrió en los dos delitos y sus acciones ilegales deben ser sancionadas con prisión.
Fue condena en concurso ideal, es decir que con una sola cometió los dos delitos. Y la ley dice que se debe condenar por el delito que tenga la pena más grave y en esta caso el fraude electoral que tiene 10 años y se le debe aumentar la tercera pena.
Para emitir su fallo los magistrados valoraron videos que los mismos cabecillas de las pandillas grabaron y donde se observa a Norman Quijano reunido y pidiéndoles que revoquen su decisión de impedirle a la gente que vaya a votar y que a todos los mareros se les diga que voten por el partido ARENA.
A cambio el exfuncionario les dice que va invertir en beneficio de las pandillas $100 millones, que esos fondos saldrán del presupuesto general de la nación.
La Cámara también tuvo a disposición la declaración rendida de forma virtual por el testigo criteriado Noé, uno de los cabecillas que compareció a la reunión con Quijano, lo dicho por el testigo, complementó y reforzó los videos presentados como evidencia por parte de la Fiscalía.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó información sobre esa reunión entre Quijano con las pandillas a principios de marzo de 2014 en la sede de la iglesia de una red de pastores, en la colonia Flor Blanca.
Además de los $100 millones ofrecidos, hubo entregas de dinero, a la MS le dieron $50,000, y las dos facciones de la pandilla 18, $25,000 cada una.
#CRONIO El exdiputado Norman Quijano ha recibido una condena de 13 años y 4 meses de cárcel por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Además, fue inhabilitado para ejercer el cargo que tiene actualmente. https://t.co/uARgoOy6gA
— Diario Digital Cronio (@croniosv) April 16, 2024
