Nacionales
Asamblea inicia entrevistas a candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Los diputados que integran la Comisión Política de la Asamblea Legislativa dieron inicio a las entrevistas de los diez de 30 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se espera renovar un tercio de este órgano de Estado.
«La población será testigo y estamos comprometidos con la transparencia», dijo el presidente de la Asamblea Legislativa y presidente de esa comisión, Ernesto Castro, para dar paso a paso al primer candidato.
El primero en entrar fue Héctor Arnoldo Bolaños, un abogado con suficiente experiencia quien dejó claro que aspira a una magistratura en la Sala de lo Civil.
Bolaños explicó que se debe tener vocación para ejercer el cargo y la falta de ello «ha llevado a que la gente de a pie sufra que no le resuelvan en tiempo”.
El diputado Jorge Castro le preguntó si lo actuado por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo con la destitución de los magistrados fue legal. El aspirante señaló que hay argumentos jurídicos correctos o otros que señalan que hubo un error de procedimiento.
Luego fue recibida Nidia Oneyda Cáceres de Jiménez, quien expuso que de ser electa luchará contra la corrupción porque esta es una amenaza para el país. En ese sentido, se deben hacer evaluaciones de desempeño a los empleados y se debe fortalecer la Sección de Providad de la CSJ.
También fue entrevistado Jaime Mauricio Campos Pérez, un abogado y notario con 25 años de experiencia y especialista en derecho de familia.
También a Campos se le preguntó por la decisión de la Asamblea de destituir a los magistrados el pasado 1 de mayo. Ante ello, el aspirante indicó «que unos podrían estar de acuerdo y otros en contra, pero para eso están las instancias judiciales» para resolver, explicó.
El resto de candidatos qué fueron entrevistados por la Comisión Política fueron: Óscar Antonio Canales, Raymundo Alirio Carballo, José Ernesto Castaneda, Sandra LUZ Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco, Marlon Harold Cornejo y Francisco Díaz Rodríguez.
La Comisión Política continuará la próxima semana entrevistando a los aspirantes y terminará de evacuar el listado del CNJ, y dar paso a las 15 propuestas enviadas por la Federación de Agogados de El Salvador (Fedaes).
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
