Internacionales
Sentencia a 30 años de cárcel a mujer por los delitos de trata de personas y explotación sexual agravada
Un juez federal del México dictó sentencia de 30 años de prisión y el pago de una multa por más de 11 mil dólares contra Yolimar Carolina N., de nacionalidad venezolana, por los delitos de trata de personas y explotación sexual agravada.
Mediante la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), se comprobó que la mujer obligaba al menos a ocho mujeres, también de Venezuela, a prostituirse en ciudades como Toluca, Morelos, León, Querétaro, Ciudad de México, entre otras, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).
La investigación que llevó el agente del Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FEVIMTRA, dio como resultado el ejercicio de la acción penal el 7 de diciembre de 2016 en Cuernavaca, Morelos, recordó la FGR en un comunicado.
Luego, se desarrolló el proceso penal en el que se acreditó el delito y la plena responsabilidad de Yolimar.
En consecuencia, agregó, el juez federal de Juicio Oral adscrito al Centro de Justicia Federal en el Estado de Morelos, valoró los datos de prueba aportados por la FGR, y dictó la sentencia 30 años de prisión y multa equivalente a más de 226 mil pesos.
De acuerdo con reportes de la investigación, la ahora sentenciada llegó a México hace al menos cinco años y fue víctima de trata de personas. Sin embargo, cuando pagó su “deuda” a los enganchadores, aplicó el mismo delito contra mujeres de Venezuela.
Las contactaba vía redes sociales y les exigía el pago de 40% de las ganancias que obtenían, en el supuesto de que era lo que exigían los propietarios de Zona Divas para poder ser anunciadas en el sitio de internet.
Internacionales
Rescatan a joven de 24 años tras cinco días de cautiverio, encadenada y agredida sexualmente por su excompañero en Águas Lindas de Goiás, Brasil
Emiliane Tamara Nunes Carvalho, de 24 años, fue rescatada el viernes 21 de agosto por la Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de la Policía Militar de Goiás en una casa del Setor Jardim América III, en Águas Lindas de Goiás (entorno del Distrito Federal). La joven permanecía desaparecida desde el 17 de agosto, cuando salió de su domicilio en el barrio Morada da Serra para una consulta médica.
Los agentes la encontraron amordazada, con una máscara en el rostro para impedir que gritara, y con brazos, piernas y cuello sujetos por cuerdas, algemas y una cadena de hierro. Presentaba dificultades para respirar y signos de violencia. Según su relato y las investigaciones, el sospechoso la sedó con medicamentos y la agredió sexualmente de forma reiterada durante los cinco días de cautiverio.
El presunto autor es Ailton Rodrigues de Souza, su excompañero. Fue detenido en flagrante tras intentar huir en un vehículo durante una aproximación policial. En el inmueble se incautó una pistola calibre 9 mm, el automóvil, sedantes, algemas, cuerdas y la cadena. El hombre deberá responder por secuestro, estupro, cárcere privado y porte ilegal de arma.
La víctima recibió atención médica y se encuentra en estado estable. Posteriormente relató en redes sociales que el agresor le introdujo paños con ácido en la boca. La Policía Civil de Goiás continúa las investigaciones.
El caso pone de manifiesto la gravedad de la violencia de género y la importancia de la denuncia temprana y la actuación rápida de las fuerzas de seguridad.
Internacionales
Madre acusada de causar la muerte de su hijo de 28 años en accidente de bote en Nueva Jersey; segundo caso similar en Barnegat Bay
Jennifer L. Pearson, de 59 años y residente de Barnegat, Nueva Jersey, fue acusada de operar una embarcación bajo los efectos del alcohol y causar la muerte de su hijo Gunnar Pearson, de 28 años, en un accidente ocurrido el 25 de mayo (Memorial Day) en Barnegat Bay. Alrededor de las 5:45 p.m. su bote de 23 pies impactó contra una baliza de canal cerca del Brant Beach Yacht Club, en Long Beach, lo que lanzó al agua a su hijo y a la novia de este. Gunnar falleció posteriormente en un hospital a causa de las heridas; otras cuatro personas a bordo resultaron con lesiones leves.
Pearson se entregó a la Policía Estatal de Nueva Jersey el 20 de agosto. Las pruebas indicaron un nivel de alcohol en sangre de entre 0.09 y 0.12, superior al límite legal de 0.08. Se le imputan cargos por causar una muerte al operar una embarcación, operación bajo influencia, operación temeraria, no contar con certificado de seguridad náutica y no mantener vigilancia adecuada.
Este es el segundo caso similar en la misma bahía en pocas semanas. En julio, Stephen Schneider, de 64 años, fue acusado de operar ebrio un bote que chocó contra una baliza y provocó la muerte de sus dos nietos, de 7 y 9 años. Barnegat Bay, de aguas poco profundas, ha registrado varios accidentes contra marcadores de canal este verano.
La investigación continúa y Pearson permanece a la espera de audiencia. Las autoridades recuerdan que todos los cargos son acusaciones y se presume inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
El caso ha generado debate sobre la seguridad en la navegación recreativa y el consumo de alcohol en embarcaciones en la zona.
Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.
Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.
El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.
Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.
