Internacionales
Senador Bob Menendez acusado de corrupción
La fiscalía federal de Estados Unidos imputó el viernes al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.
En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.
Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.
Conocida de la acusación, Menéndez dimitió «temporalmente» como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense.
En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de «infundadas» y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa.
«Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso», dijo Menéndez.
Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.
Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador. También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.
Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.
Asimismo, «Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto», afirma la acusación.
El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Menendez, de origen cubano, ha sido un crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluso pidió que el FBI investigara al país por la ley que estableció el bitcoin como moneda de curso legal, debido a sospechas que pudiera usarse por delincuentes para lavado de dinero.
Bukele reaccionó en sus redes sociales publicando notas del allanamiento y comentando en inglés: «Este tipo pidió una investigación contra nosotros. Él terminó siendo acusado».
Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba. También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.
En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.
Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.
Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey.
«A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio», dijo Menéndez en un comunicado el viernes.
Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
