Internacionales
Senador Bob Menendez acusado de corrupción
La fiscalía federal de Estados Unidos imputó el viernes al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.
En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.
Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.
Conocida de la acusación, Menéndez dimitió «temporalmente» como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense.
En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de «infundadas» y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa.
«Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso», dijo Menéndez.
Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.
Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador. También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.
Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.
Asimismo, «Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto», afirma la acusación.
El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Menendez, de origen cubano, ha sido un crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluso pidió que el FBI investigara al país por la ley que estableció el bitcoin como moneda de curso legal, debido a sospechas que pudiera usarse por delincuentes para lavado de dinero.
Bukele reaccionó en sus redes sociales publicando notas del allanamiento y comentando en inglés: «Este tipo pidió una investigación contra nosotros. Él terminó siendo acusado».
Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba. También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.
En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.
Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.
Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey.
«A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio», dijo Menéndez en un comunicado el viernes.
Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
