Internacionales
Senador Bob Menendez acusado de corrupción
La fiscalía federal de Estados Unidos imputó el viernes al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.
En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.
Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.
Conocida de la acusación, Menéndez dimitió «temporalmente» como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense.
En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de «infundadas» y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa.
«Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso», dijo Menéndez.
Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.
Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador. También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.
Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.
Asimismo, «Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto», afirma la acusación.
El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Menendez, de origen cubano, ha sido un crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluso pidió que el FBI investigara al país por la ley que estableció el bitcoin como moneda de curso legal, debido a sospechas que pudiera usarse por delincuentes para lavado de dinero.
Bukele reaccionó en sus redes sociales publicando notas del allanamiento y comentando en inglés: «Este tipo pidió una investigación contra nosotros. Él terminó siendo acusado».
Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba. También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.
En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.
Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.
Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey.
«A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio», dijo Menéndez en un comunicado el viernes.
Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.
Internacionales
Policías se enfrentan con gases a manifestantes para desbloquear carreteras en Bolivia
Policías antimotines se enfrentaron este sábado en Bolivia con manifestantes para abrir carreteras y permitir el paso de alimentos, medicinas y combustibles a la ciudad de La Paz, bloqueadas desde hace tres semanas por protestas contra el gobierno.
Los agentes, que iniciaron el operativo a primera hora de la mañana, lanzaron gases lacrimógenos cuando grupos de manifestanbtes con hondas y petardos intentaron retomar puntos de bloqueo en la ciudad de El Alto (oeste), vecina a La Paz, y en la carretera hacia Oruro (sur), según imágenes de medios locales.
En El Alto, manifestantes mantienen al menos dos autopistas tomadas, y se retiraron de otra importante vía donde los vehículos pasan entre los escombros que dejaron, constató la AFP.
Los manifestantes piden la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, con seis meses en el poder, pero las protestas de campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas iniciaron hace tres semanas con reclamos de alzas salariales, combustibles de calidad y estabilización de la economía.
«Tengo fe de que a partir de este corredor humanitario ya se levanten los bloqueos (…). Pensamos que las demandas (sociales) de estos sectores son válidas y es por eso que el diálogo es el mejor camino», dijo Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, al inicio del operativo a la televisora Unitel.
Maquinaria pesada del gobierno, resguardada por contingentes de policías, remueve los montículos de tierra, rocas y otros objetos que obstruyen las autopistas, donde se forman largas filas de vehículos varados.
Al menos 57 puntos de bloqueo se registran en seis de los nueve departamentos del país, según la estatal Administradora Boliviana de Carreteras.
En La Paz, los precios de los alimentos se dispararon. Largas filas de espera se forman en las gasolineras y faltan medicamentos en los hospitales.
El gobierno se ha visto obligado a organizar vuelos desde Santa Cruz (este) y Cochabamba (centro) para abastecer de carnes y vegetales a la ciudad altiplánica.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
