Internacionales
Senador Bob Menendez acusado de corrupción
La fiscalía federal de Estados Unidos imputó el viernes al poderoso senador demócrata Robert Menéndez de soborno y extorsión, y declaró que se habían encontrado lingotes de oro y cientos de miles de dólares en efectivo en su domicilio.
En una de las acusaciones, el departamento de Justicia afirmó que Menéndez facilitó información sensible a Egipto para ayudar a un empresario egipcio-estadounidense a proteger su monopolio.
Se trata de la segunda acusación de corrupción en ocho años contra el veterano político de Nueva Jersey, de 69 años, y puede hacer peligrar su posición, y con ella la escasa mayoría del Partido Demócrata en el Senado.
Conocida de la acusación, Menéndez dimitió «temporalmente» como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cargo desde cual se tornó muy influyente en la diplomacia estadounidense.
En un comunicado, Menéndez, de origen cubano, tildó las acusaciones de «infundadas» y de ataque personal contra él y su esposa Nadine Menéndez, que también fue acusada en la misma causa.
«Han tergiversado el trabajo normal de una oficina del Congreso», dijo Menéndez.
Los fiscales dijeron que se encontraron más de medio millón de dólares en efectivo en la casa de Menéndez en Nueva Jersey y en la caja de seguridad de su esposa Nadine Menéndez, supuestamente recibidos de tres empresarios que buscaban su ayuda.
Gran parte del dinero estaba metido en sobres y cajas y escondido por toda la casa, así como en chaquetas con el nombre del veterano senador. También se encontraron lingotes de oro por valor de unos 150.000 dólares y un lujoso Mercedes Benz descapotable regalado por uno de los empresarios.
Menéndez aceptó el dinero para ayudar a proteger a dos de los empresarios de las investigaciones del departamento de Justicia y para ayudar al tercero, un egipcio-estadounidense, con un monopolio empresarial que le había concedido el gobierno egipcio, según la acusación.
Asimismo, «Menéndez proporcionó información sensible del gobierno de Estados Unidos y adoptó otras medidas que ayudaron secretamente al gobierno de Egipto», afirma la acusación.
El senador, su esposa y los tres empresarios, Wael Hana, José Uribe y Fred Daibes, fueron acusados de dos cargos de soborno y fraude. Menéndez y su esposa también fueron acusados de extorsión. De ser declarados culpables, los cargos más graves pueden acarrear hasta 20 años de prisión.
Menendez, de origen cubano, ha sido un crítico del presidente salvadoreño Nayib Bukele e incluso pidió que el FBI investigara al país por la ley que estableció el bitcoin como moneda de curso legal, debido a sospechas que pudiera usarse por delincuentes para lavado de dinero.
Bukele reaccionó en sus redes sociales publicando notas del allanamiento y comentando en inglés: «Este tipo pidió una investigación contra nosotros. Él terminó siendo acusado».
Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez ha sido un incondicional demócrata en el Congreso durante tres décadas.
Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ha sido un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba. También ha sido un enemigo acérrimo de Venezuela y China, y un defensor de Israel.
En 2015, fue acusado de aceptar sobornos de vuelos en jets privados, vacaciones de lujo y más de 750.000 dólares en donaciones ilegales de campaña.
Pero los cargos fueron desestimados tres años más tarde debido a que el jurado no logró llegar a un veredicto unánime.
Menéndez se presenta a la reelección al Senado el próximo año, pero no está claro de qué manera puede influir su situación en los votantes de Nueva Jersey.
«A mis partidarios, amigos y a la comunidad en general, les pido que recuerden las otras veces que los fiscales se equivocaron y que se reserven su juicio», dijo Menéndez en un comunicado el viernes.
Los demócratas se dirigen a las elecciones de 2024 con una estrecha mayoría de 51-49 en el Senado.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
