Internacionales
Salen a la luz inconsistencias en manejo de «los papeles de Biden»
El iceberg de «los papeles de Biden» sigue despuntando cada vez con más inconsistencias y con lo que parece favoritismo de parte del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés). El presidente Joe Biden alega desconocer por completo el contenido del material clasificado. Hasta esta semana, parte de los archivos secretos del Gobierno han sido encontrados desperdigados en una antigua oficina del entonces vicepresidente Biden en Pensilvania y en su residencia privada de Delaware.
The New York Post pone bajo sospecha que el presidente Biden haya enviado a un equipo de abogados a vaciar su antigua oficina en el Penn Biden Center, la cual ocupó entre 2017 y abril de 2019. Al parecer, Biden no solo tardó más de tres años en limpiar su antiguo lugar de trabajo, sino que también mandó a un equipo bien preparado para mover papeles que, según defiende, lo han sorprendido a él mismo.
Los documentos «Top Secret» relacionados con Biden se encontraron por primera vez en su oficina privada en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, a una semana de las elecciones de medio mandato del Congreso. Pero la Casa Blanca lo hizo público el 9 de enero pasado.
James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo que desde el Congreso iniciarán su propia investigación. La prensa reportó que Comer ya envió una carta a los Archivos Nacionales para exigir más información. «Durante meses, [la Administración Nacional de Archivos y Registros] no reveló a los republicanos del Comité ni al público estadounidense que el presidente Biden, después de desempeñarse como vicepresidente, almacenó documentos altamente clasificados en un armario en su oficina personal. [Archivos Nacionales] se enteró de estos documentos días antes de las elecciones de mitad de período de 2022 y no alertó al público de que el presidente Biden estaba potencialmente violando la ley», dijo Comer.
A partir del primer hallazgo, los abogados del presidente también localizaron documentos secretos en la casa de Biden, en Delaware, en tres ocasiones diferentes. La primera en el garaje de la casa, el 20 de diciembre; la segunda, en el estudio del presidente, el 11 de enero; y la tercera ocasión, también en su estudio, el mismo día.
Los republicanos reclaman el favoritismo con el que el DOJ ha tratado a Biden, en contraposición al manejo que se le dio al expresidente Donald Trump. En agosto pasado, el DOJ, instruido por el fiscal general de Biden, Merrick Garland, allanó la vivienda de Trump en Mar-a-Lago para recuperar una gran cantidad de material clasificado que el republicano había luchado por retener.
En el caso de Biden, el Departamento de Justicia le permitió usar sus propios abogados para buscar más documentos en su casa de Delaware para evitar «complicaciones», aun después de los primeros hallazgos. The Wall Street Journal constató que las autoridades vieron «buena voluntad» ya que los abogados de Biden informaron todo de inmediato. Aunque de forma interna.
Los republicanos también quieren que Biden entregue los registros de visitas a su residencia en Delaware. Su equipo legal alega que estos archivos no existen. Garland nombró un fiscal especial para indagar los dos casos. Tanto Trump como Biden tienen intención de volver a lanzarse por la presidencia en 2024.
Joe Biden ganó casi un millón de dólares de la Universidad de Pensilvania, donde se encontró el primer cúmulo de documentos clasificados. Fue profesor honorario de 2017 a 2019. The Washington Post dice que solo se supo de nueve compromisos con estudiantes.
La universidad recibió $54,6 millones en donaciones de China desde 2014 hasta junio de 2019, incluidos $23.1 millones en obsequios anónimos a partir de 2016, según registros públicos.
CNN reportó que diez documentos clasificados fechados entre 2013 y 2016 estaban junto a un puñado de papeles personales en el Penn Biden Center. Estos documentos familiares contenían información del funeral de Beau, en 2015; uno de los hijos de Biden. Aquí se encontraron también papeles con la marca de «Top Secret», el nivel más alto de confidencialidad:
De acuerdo a The New York Post, entre estos tres años (2013-2016) se funden eventos importantes en el Gobierno de Obama, entre ellos, el pacto nuclear con Irán, y la toma de Crimea por Rusia.
En ese tiempo también se inició la relación de Hunter Biden con Burisma, una compañía ucraniana de gas natural. El hijo del presidente fue contratado por la firma en 2014 en la junta directiva, a pesar de no tener experiencia.
The New York Post reveló en 2020 que Hunter presentó a un ejecutivo de Burisma con su padre, quien en ese momento era vicepresidente y se encargaba de la política hacia Ucrania.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
