Internacionales
Perú extradita a EE. UU. a neerlandés sospechoso en desaparición de una joven en 2005
Perú entregó este jueves a los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos al preso neerlandés Joran Van der Sloot, quien fue extraditado temporalmente a ese país para ser procesado por un caso ligado con la desaparición de una joven estadounidense en 2005.
«Joran Van der Sloot partió a Estados Unidos… en un avión junto a agentes del FBI», dijo a AP el jefe de Interpol en Perú, coronel Carlos López. El acusado fue llevado por 16 agentes en un avión Gulfstream G-550 desde el aeropuerto militar Grupo Aéreo Número 8.
El neerlandés es reclamado en Estados Unidos por un cargo de extorsión y otro de fraude electrónico, los únicos que lo relacionan con la desaparición de la joven Natalee Holloway en la isla caribeña de Aruba.
Su extradición siguió adelante después de que un juez peruano confirmó el martes la decisión del gobierno de transferir temporalmente la custodia a las autoridades estadounidenses.
Van der Sloot cumple una condena de 28 años por el asesinato de una peruana en 2010. El sábado, las autoridades lo trasladaron de una cárcel en los Andes a una prisión en Lima donde permaneció hasta la madrugada del jueves, antes de ser llevado al aeropuerto.
No está claro cuándo comparecerá por primera vez ante un tribunal estadounidense.
Holloway, quien vivía en los suburbios de Birmingham, Alabama, tenía 18 años cuando desapareció durante un viaje a Aruba con sus compañeros de clase. Fue vista por última vez saliendo de un bar con Van der Sloot, que estudiaba en una escuela internacional de la isla.
El neerlandés fue identificado como sospechoso y detenido semanas después junto con dos hermanos surinameses. El cuerpo de Holloway nunca fue encontrado y no se presentaron cargos en el caso. Un juez declaró posteriormente muerta a Holloway.
Los cargos presentados en Alabama contra Van der Sloot derivan de una acusación de que trató de extorsionar a la familia Holloway en 2010 prometiendo llevarlos hasta el cuerpo de la joven a cambio de cientos de miles de dólares.
Un gran jurado lo acusó ese año de fraude electrónico y extorsión.
En 2012, Van der Sloot se declaró culpable en Perú del asesinato de una estudiante peruana de 21 años quien fue asesinada en 2010, cinco años después de la desaparición de Holloway.
Un tratado de 2001 entre Perú y Estados Unidos permite que un sospechoso sea extraditado temporalmente para ser juzgado en el otro país.
El tiempo que Van der Sloot pase en Estados Unidos «se prorrogará hasta la conclusión del proceso penal», incluida la apelación, si la hubiera, según una resolución de la justicia peruana.
La resolución también establece que las autoridades estadounidenses acordaron devolver al neerlandés a Perú una vez concluido el proceso.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
