Internacionales
Niño murió en choque causado por su madre intoxicada
Un niño de 9 años murió en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario en Long Island (NY), la madrugada de ayer.
Kerri A. Bedrick, de 32 años, fue acusada el jueves de conducir en sentido contrario bajo la influencia del alcohol en la Southern State Parkway en Bay Shore causando el accidente múltiple que cobró la vida de su hijo Eli D. Henrys, dijo la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Ayer se declaró “no culpable”, informó ABC News.
“Fue una colisión muy grave. Fue una colisión frontal. Los daños a los vehículos involucrados fueron cuantiosos y (…) para darles una idea el motor del vehículo que circulaba en sentido contrario salió despedido, se cortó, se separó del vehículo y aterrizó en el bosque”, declaró a la prensa Stephen Udice de NYSP, citado por Fox News.
El choque sucedió alrededor de las 2:20 a.m. del jueves. Los agentes de NYSP y de la Oficina del Alguacil del condado Suffolk que acudieron a la escena en la autopista, cerca de Exit 42 en dirección este, encontraron una colisión de cuatro autos, reportó Patch.com.
Los agentes vieron a la madre parada afuera de su auto y encontraron al niño herido en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero luego murió, dijo la policía.
Bedrick fue acusada de conducir sin licencia e intoxicada con un pasajero menor de 16 años, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de un estimulante, entre otros delitos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
La madre y dos de los otros cuatro conductores involucrados resultaron heridos sin gravedad, y sólo uno salió ileso del accidente. La colisión aún está bajo investigación y NYSP solicita que cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información adicional llamar al 631-756-3300.
Diane Bedrick, abuela del niño, dijo que su hija había estado sufriendo problemas médicos y estaba tomando medicamentos recetados, destacó New York Post.
Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.
En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.
Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.
En abril de este año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.
En febrero Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
