Internacionales
Niño murió en choque causado por su madre intoxicada
Un niño de 9 años murió en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario en Long Island (NY), la madrugada de ayer.
Kerri A. Bedrick, de 32 años, fue acusada el jueves de conducir en sentido contrario bajo la influencia del alcohol en la Southern State Parkway en Bay Shore causando el accidente múltiple que cobró la vida de su hijo Eli D. Henrys, dijo la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Ayer se declaró “no culpable”, informó ABC News.
“Fue una colisión muy grave. Fue una colisión frontal. Los daños a los vehículos involucrados fueron cuantiosos y (…) para darles una idea el motor del vehículo que circulaba en sentido contrario salió despedido, se cortó, se separó del vehículo y aterrizó en el bosque”, declaró a la prensa Stephen Udice de NYSP, citado por Fox News.
El choque sucedió alrededor de las 2:20 a.m. del jueves. Los agentes de NYSP y de la Oficina del Alguacil del condado Suffolk que acudieron a la escena en la autopista, cerca de Exit 42 en dirección este, encontraron una colisión de cuatro autos, reportó Patch.com.
Los agentes vieron a la madre parada afuera de su auto y encontraron al niño herido en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero luego murió, dijo la policía.
Bedrick fue acusada de conducir sin licencia e intoxicada con un pasajero menor de 16 años, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de un estimulante, entre otros delitos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
La madre y dos de los otros cuatro conductores involucrados resultaron heridos sin gravedad, y sólo uno salió ileso del accidente. La colisión aún está bajo investigación y NYSP solicita que cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información adicional llamar al 631-756-3300.
Diane Bedrick, abuela del niño, dijo que su hija había estado sufriendo problemas médicos y estaba tomando medicamentos recetados, destacó New York Post.
Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.
En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.
Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.
En abril de este año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.
En febrero Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
