Internacionales
Niño murió en choque causado por su madre intoxicada
Un niño de 9 años murió en un accidente vial en el que su madre aparentemente estaba conduciendo intoxicada y en sentido contrario en Long Island (NY), la madrugada de ayer.
Kerri A. Bedrick, de 32 años, fue acusada el jueves de conducir en sentido contrario bajo la influencia del alcohol en la Southern State Parkway en Bay Shore causando el accidente múltiple que cobró la vida de su hijo Eli D. Henrys, dijo la Policía Estatal de Nueva York (NYSP). Ayer se declaró “no culpable”, informó ABC News.
“Fue una colisión muy grave. Fue una colisión frontal. Los daños a los vehículos involucrados fueron cuantiosos y (…) para darles una idea el motor del vehículo que circulaba en sentido contrario salió despedido, se cortó, se separó del vehículo y aterrizó en el bosque”, declaró a la prensa Stephen Udice de NYSP, citado por Fox News.
El choque sucedió alrededor de las 2:20 a.m. del jueves. Los agentes de NYSP y de la Oficina del Alguacil del condado Suffolk que acudieron a la escena en la autopista, cerca de Exit 42 en dirección este, encontraron una colisión de cuatro autos, reportó Patch.com.
Los agentes vieron a la madre parada afuera de su auto y encontraron al niño herido en el asiento trasero con el cinturón de seguridad abrochado. Le realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP), pero luego murió, dijo la policía.
Bedrick fue acusada de conducir sin licencia e intoxicada con un pasajero menor de 16 años, poner en peligro el bienestar de un menor y posesión criminal de un estimulante, entre otros delitos. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.
La madre y dos de los otros cuatro conductores involucrados resultaron heridos sin gravedad, y sólo uno salió ileso del accidente. La colisión aún está bajo investigación y NYSP solicita que cualquier persona que haya presenciado el accidente o que tenga información adicional llamar al 631-756-3300.
Diane Bedrick, abuela del niño, dijo que su hija había estado sufriendo problemas médicos y estaba tomando medicamentos recetados, destacó New York Post.
Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.
En mayo una abuela boricua de 71 años murió al ser arrollada por un conductor que huía de la policía en Brooklyn (NYC) y abandonó la escena subiéndose al Metro. Irónicamente apenas horas antes la gobernadora Kathy Hochul había firmado la llamada Sammy’s Law que reduce el límite de velocidad a 20 mph e incluso 10 mph en algunas calles de los cinco condados de NYC para proteger a los peatones. En lo que va de este año más de 40 personas han muerto arrolladas en la ciudad.
Previamente, en diciembre la gobernadora Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.
En abril de este año una joven fue arrestada como sospechosa de cometer una racha de delitos graves al supuestamente chocar borracha, matar a una mujer y luego huir en la patrulla que acudió a la escena en el condado Nassau (NY). También un conductor de 33 años se declaró culpable de manejar intoxicado al chocar y causar la muerte de unos esposos dominicanos en Long Island.
En febrero Jessica Beauvais (35) fue sentenciada tras ser hallada culpable de atropellar fatalmente al oficial de carreteras de la policía de Nueva York (NYPD) Anastasios Tsakos en Queens mientras conducía ebria, drogada y con una licencia suspendida en 2021.
Internacionales
Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump
El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.
La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.
La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.
Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.
Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.
Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.
El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.
La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.
Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.
El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.
Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.
El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.
Internacionales
La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.
Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.
De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.
En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.
Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.
El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.
