Internacionales
Jueza que Trump nombrará al Supremo favorece carga pública a migrantes y rechaza el aborto
La jueza Amy Coney Barrett, a quien el presidente, Donald Trump, planea nominar este sábado a la Corte Suprema, goza del respaldo del movimiento conservador, y es una de las preferidas de los evangélicos y los activistas antiaborto para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muertede la magistrada Ruth Bader Ginsburg hace una semana.
Barrett, de 48 años, es jueza de un tribunal de apelaciones federal y ha sido conservadora en temas como el aborto y el papel del Gobierno en la salud. En caso de ser confirmada sería la magistrada más joven en la Corte Suprema, donde los cargos son vitalicios. Su presencia consolidaría una sólida mayoría conservadora de seis votos frente a tres de magistrados progresistas.
Antes de unirse a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett trabajó brevemente como abogada y luego enseñó durante 15 años en la facultad de derecho de Notre Dame, de donde es egresada.
Trump la nominó a su actual puesto hace tres años; de ser designada y confirmada por el Senado, sería la magistrada con menos experiencia en una corte.
“Es la combinación perfecta de una jurista brillante y de una mujer que lleva a la corte un argumento que es potencialmente contrario a las opiniones de las juezas que actualmente ejercen”, declaró al diario The New York Times Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, una organización antiaborto.
El derecho al aborto
Las opiniones de Barrett, una católica devota miembro de varios grupos antiaborto, y su filosofía jurídica respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han atraído mucha atención y tienen el potencial de llevar al país a un debate nacional altamente polarizado.
En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ha habido muchos desafíos a la sentencia en las cortes, pero esta ha prevalecido, sentando un importante precedente.
Durante su audiencia de confirmación en 2017, Barrett dijo que no desafiará la decisión desde una corte de apelaciones: “No tendría interés como jueza de una corte de apelaciones en desafiar ese precedente. Sería vinculante”.
Sin embargo, como profesora de derecho, Barrett escribió en 2013 en la revista Texas Law Review un artículo en el que estaba de acuerdo en que un precedente no podía estar por encima de la interpretación de la Constitución.
“El deber de un magistrado [de la Corte Suprema] es hacia la Constitución y por ende es más legítimo aplicarla según su mejor entendimiento que un precedente que claramente cree que está en conflicto con esta”, escribió Barrett.
Como jueza de apelaciones Barrett se mostró a favor de restringir el acceso de las mujeres al aborto legal.
Durante una conferencia en la Universidad de Jacksonville en 2016, reporta el New York Times, la jueza Barrett dijo que Roe v. Wade establecía el derecho al aborto de las mujeres y que no era probable que eso cambiara, aunque sí podría cambiar la manera en que los estados restringen el acceso a ese derecho.
“Creo que la cuestión de si la gente puede tener abortos a muy largo plazo, ya saben, cuántas restricciones se pueden poner en las clínicas, creo que eso cambiaría”, señaló.
En 2018, defendió una decisión judicial en Indiana que prohibía los abortos que se basaban exclusivamente en el sexo o la discapacidad en un feto. Una corte de apelaciones dictaminó que esa ley estaba en conflicto con el precedente de la Corte Suprema.
El año pasado, Barrett siguió el precedente de la Corte Suprema y defendió una ley en Chicago que protege a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto de interacciones no deseadas con manifestantes y consejeros.
Con una posible nominación de Barrett, los votantes evangélicos confían que tendrán mayores posibilidades de revocar el caso Roe vs Wade y así terminar con el aborto legal en el país.
Inmigración
Barrett votó a favor de mantener la regla de carga pública de la Administración Trump, que permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.
El Séptimo Circuito bloqueó la capacidad de la Administración para hacer cumplir su interpretación de la regla de carga pública en Illinois. Barrett escribió que la definición del Departamento de Seguridad Nacional no es “poco razonable”, especialmente considerando que “el texto del estatuto actual fue enmendado en 1996 para aumentar la determinación de la carga pública”.
Armas
También en el Séptimo Circuito, Barrett alegó que la Segunda Enmienda no prohíbe necesariamente poseer un arma a los condenados por delitos graves. También declaró una ley de Wisconsin que prohíbe tener armas a cualquier persona condenada por un delito grave, incluso si no ha sido condenada por un delito violento, como inconstitucional.
“Los cuerpos legislativos tienen el poder de prohibir que las personas peligrosas posean armas. Pero ese poder se extiende sólo a las personas que sean peligrosas”, escribió Barrett.
Internacionales
Costa Rica endurece controles en cárceles: destruyen seis consolas PlayStation decomisadas a reclusos
El Gobierno de Costa Rica reforzó las medidas de seguridad en sus centros penitenciarios tras decomisar y destruir seis consolas PlayStation, junto con controles y accesorios, que eran utilizadas por privados de libertad en el Centro Especializado para el Adulto Joven, en Alajuela.
La medida forma parte del programa «Cero Ocio», impulsado por el Ministerio de Justicia y Paz, que busca eliminar privilegios dentro de las cárceles y sustituir las actividades recreativas por programas de trabajo y reinserción social. Como parte del plan, los reclusos serán incorporados a labores de mantenimiento en carreteras, escuelas y espacios públicos.
Las autoridades señalaron que las consolas habían ingresado con permisos otorgados en administraciones anteriores, pero la nueva política penitenciaria eliminó ese beneficio al considerar que estos dispositivos no son compatibles con los objetivos del sistema carcelario.
El decomiso ha generado un amplio debate en Costa Rica sobre el equilibrio entre los derechos de los privados de libertad, la disciplina en los centros penales y los procesos de rehabilitación.
Internacionales
27 años de prisión por asesinar a su esposa y dispersar sus restos en un parque de París
Un tribunal de París condenó este viernes a 27 años de prisión a un hombre de 53 años por el asesinato de su esposa, un crimen ocurrido en la capital francesa.
De acuerdo con la investigación, trabajadores del parque Buttes Chaumont, un popular lugar frecuentado por familias y corredores en el noreste de París, encontraron una bolsa de plástico con partes del cuerpo de la víctima. La cabeza de la mujer fue localizada al día siguiente.
Los investigadores determinaron que la pareja era originaria de Argelia y tenía tres hijos. Ambos residían en las afueras de París, pero su relación se había deteriorado y atravesaban dificultades económicas.
Según los elementos recopilados durante la investigación, tras asesinar a su esposa, el hombre colocó el cuerpo en el sofá, lo cubrió con una manta y les dijo a sus hijos que no la molestaran porque estaba cansada. Posteriormente, salió a comprar una amoladora angular.
El condenado también envió mensajes al teléfono de la víctima preguntándole dónde se encontraba, con el objetivo de desviar las sospechas. Sin embargo, posteriormente confesó el crimen ante la policía.
El caso se da a conocer en un contexto de violencia contra las mujeres en Francia. Según cifras oficiales, en 2024 un total de 107 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja en ese país, lo que representa un aumento del 11 % respecto al año anterior.
Internacionales
Incendio en Almería deja 12 fallecidos y 23 personas sin localizar mientras continúan las labores de emergencia
Un incendio forestal de gran magnitud registrado en la provincia de Almería, en el turístico sur de España, dejó 12 personas fallecidas que intentaban escapar de las llamas, mientras que 23 continúan sin localizar, según informaron autoridades regionales.
El fuego se propagó rápidamente el jueves en la zona de Los Gallardos, un área con una orografía escarpada, caracterizada por barrancos y viviendas dispersas en zonas forestales, lo que habría dificultado la evacuación y atrapado a algunas personas que intentaban huir.
El presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó el viernes que el balance preliminar era de 12 fallecidos y 23 personas no localizadas, aunque pidió prudencia debido a que algunas podrían no haber logrado comunicarse con sus familiares o autoridades.
«Tenemos 12 personas fallecidas, 23 personas no localizadas», declaró Moreno Bonilla ante los periodistas, al tiempo que calificó la situación como «una tragedia».
Posteriormente, en una entrevista con la radio andaluza, el presidente regional indicó que aún se buscaba a 19 personas que permanecían sin localizar.
El incendio, que continúa fuera de control y es considerado uno de los más graves de la historia reciente de España, también dejó ocho personas heridas, cuatro de ellas con lesiones de mayor gravedad.
La rápida propagación de las llamas convirtió la zona, ubicada a pocos kilómetros de la costa Mediterránea, en una especie de «ratonera», según describió Moreno Bonilla.
El responsable de Emergencias, Antonio Sanz, señaló que todo apunta a que la mayoría o la totalidad de las víctimas podrían ser extranjeras, aunque aclaró que esta información no puede confirmarse hasta completar la identificación de los fallecidos.
De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de las víctimas se encontraban dentro de un vehículo que tenía el volante al lado derecho, por lo que se investiga si podrían ser de nacionalidad británica. Este dato aún no ha sido confirmado.
Las otras siete personas habrían intentado escapar caminando por los caminos escarpados de la zona, donde quedaron rodeadas por el avance del fuego.
El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, explicó que las autoridades alertaron a los habitantes «puerta por puerta» sobre el peligro, pero señaló que un grupo de personas no atendió las recomendaciones de vecinos que les pedían permanecer en sus viviendas, situación que habría dejado siete fallecidos.
Ante la emergencia, Antonio Sanz insistió en la importancia de acatar las indicaciones oficiales. «No son recomendaciones, son instrucciones», afirmó, al señalar que cuando las autoridades ordenan evacuar y establecen las rutas de salida, es fundamental seguirlas.
Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos 150 bomberos regionales con medios aéreos y miembros de la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando para controlar el incendio, que ya consumió 3,150 hectáreas.
Las autoridades indicaron que las labores han sido complicadas debido a la compleja orografía del terreno. Además, consideran como una de las hipótesis que el incendio pudo originarse por la caída de una línea de tendido eléctrico que provocó la ignición de la vegetación y su rápida expansión impulsada por el viento.
Mientras continúan los trabajos de control, numerosas personas permanecen desalojadas, y cerca de 200 están siendo ubicadas en distintos puntos municipales.
