Internacionales
Jueza que Trump nombrará al Supremo favorece carga pública a migrantes y rechaza el aborto
La jueza Amy Coney Barrett, a quien el presidente, Donald Trump, planea nominar este sábado a la Corte Suprema, goza del respaldo del movimiento conservador, y es una de las preferidas de los evangélicos y los activistas antiaborto para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muertede la magistrada Ruth Bader Ginsburg hace una semana.
Barrett, de 48 años, es jueza de un tribunal de apelaciones federal y ha sido conservadora en temas como el aborto y el papel del Gobierno en la salud. En caso de ser confirmada sería la magistrada más joven en la Corte Suprema, donde los cargos son vitalicios. Su presencia consolidaría una sólida mayoría conservadora de seis votos frente a tres de magistrados progresistas.
Antes de unirse a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett trabajó brevemente como abogada y luego enseñó durante 15 años en la facultad de derecho de Notre Dame, de donde es egresada.
Trump la nominó a su actual puesto hace tres años; de ser designada y confirmada por el Senado, sería la magistrada con menos experiencia en una corte.
“Es la combinación perfecta de una jurista brillante y de una mujer que lleva a la corte un argumento que es potencialmente contrario a las opiniones de las juezas que actualmente ejercen”, declaró al diario The New York Times Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, una organización antiaborto.
El derecho al aborto
Las opiniones de Barrett, una católica devota miembro de varios grupos antiaborto, y su filosofía jurídica respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han atraído mucha atención y tienen el potencial de llevar al país a un debate nacional altamente polarizado.
En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ha habido muchos desafíos a la sentencia en las cortes, pero esta ha prevalecido, sentando un importante precedente.
Durante su audiencia de confirmación en 2017, Barrett dijo que no desafiará la decisión desde una corte de apelaciones: “No tendría interés como jueza de una corte de apelaciones en desafiar ese precedente. Sería vinculante”.
Sin embargo, como profesora de derecho, Barrett escribió en 2013 en la revista Texas Law Review un artículo en el que estaba de acuerdo en que un precedente no podía estar por encima de la interpretación de la Constitución.
“El deber de un magistrado [de la Corte Suprema] es hacia la Constitución y por ende es más legítimo aplicarla según su mejor entendimiento que un precedente que claramente cree que está en conflicto con esta”, escribió Barrett.
Como jueza de apelaciones Barrett se mostró a favor de restringir el acceso de las mujeres al aborto legal.
Durante una conferencia en la Universidad de Jacksonville en 2016, reporta el New York Times, la jueza Barrett dijo que Roe v. Wade establecía el derecho al aborto de las mujeres y que no era probable que eso cambiara, aunque sí podría cambiar la manera en que los estados restringen el acceso a ese derecho.
“Creo que la cuestión de si la gente puede tener abortos a muy largo plazo, ya saben, cuántas restricciones se pueden poner en las clínicas, creo que eso cambiaría”, señaló.
En 2018, defendió una decisión judicial en Indiana que prohibía los abortos que se basaban exclusivamente en el sexo o la discapacidad en un feto. Una corte de apelaciones dictaminó que esa ley estaba en conflicto con el precedente de la Corte Suprema.
El año pasado, Barrett siguió el precedente de la Corte Suprema y defendió una ley en Chicago que protege a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto de interacciones no deseadas con manifestantes y consejeros.
Con una posible nominación de Barrett, los votantes evangélicos confían que tendrán mayores posibilidades de revocar el caso Roe vs Wade y así terminar con el aborto legal en el país.
Inmigración
Barrett votó a favor de mantener la regla de carga pública de la Administración Trump, que permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.
El Séptimo Circuito bloqueó la capacidad de la Administración para hacer cumplir su interpretación de la regla de carga pública en Illinois. Barrett escribió que la definición del Departamento de Seguridad Nacional no es “poco razonable”, especialmente considerando que “el texto del estatuto actual fue enmendado en 1996 para aumentar la determinación de la carga pública”.
Armas
También en el Séptimo Circuito, Barrett alegó que la Segunda Enmienda no prohíbe necesariamente poseer un arma a los condenados por delitos graves. También declaró una ley de Wisconsin que prohíbe tener armas a cualquier persona condenada por un delito grave, incluso si no ha sido condenada por un delito violento, como inconstitucional.
“Los cuerpos legislativos tienen el poder de prohibir que las personas peligrosas posean armas. Pero ese poder se extiende sólo a las personas que sean peligrosas”, escribió Barrett.
Los primeros resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Colombia muestran una ventaja de Abelardo de la Espriella sobre Iván Cepeda, según el Boletín 6 del preconteo electoral.
Con el 28.62 % de las mesas informadas, De la Espriella acumulaba 3,126,550 votos, mientras que Cepeda registraba 2,975,165 sufragios, lo que representa una diferencia superior a los 151 mil votos a favor del candidato de derecha.
No obstante, las autoridades electorales recordaron que estos resultados son preliminares y que aún falta por contabilizar más del 70 % de las mesas de votación, por lo que la tendencia podría modificarse conforme avance el escrutinio en las diferentes regiones del país.
Los maestros mexicanos que mantuvieron una huelga durante 20 días en Ciudad de México acordaron el sábado levantar su protesta, luego de realizar bloqueos callejeros y manifestaciones con las que buscaron presionar por sus demandas laborales y boicotear el inicio del Mundial de fútbol.
La movilización fue encabezada por un ala disidente del sindicato de la educación, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes exigían un aumento salarial del 100% y la derogación de una ley de pensiones.
Durante las protestas, los docentes intentaron afectar el inicio del Mundial en Ciudad de México, programado para el pasado 11 de junio. Sin embargo, las autoridades desplegaron medidas de seguridad para proteger los accesos al estadio Azteca, donde comenzó el torneo con el partido entre México y Sudáfrica.
El grupo también intentó llegar al estadio el pasado 17 de junio, cuando Colombia enfrentó a Uzbekistán, pero sus integrantes fueron bloqueados por la policía. Además, las autoridades impidieron que los maestros llegaran al Zócalo, la principal plaza pública del país, donde se desarrolla la fan fest del Mundial de fútbol, evento que ha atraído a multitudes.
Los docentes instalaron tiendas de campaña y colocaron mantas en varias calles del Centro Histórico de la capital mexicana durante el periodo de protesta.
En medio de las manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno no recurriría a la represión ni caería en provocaciones, y llamó al diálogo entre las partes.
Decenas de negocios reportaron afectaciones debido a los bloqueos en el centro de la ciudad y solicitaron a las autoridades retirar a los maestros de la zona.
“Hoy regresamos a nuestras aulas, porque vamos a cumplir con nuestros estudiantes, las comunidades y los padres”, declaró en rueda de prensa Pedro Hernández, representante de la CNTE en Ciudad de México.
Hernández aseguró que el movimiento no está derrotado y señaló que la lucha continuará. “No han logrado mermar nuestra convicción de que esta lucha va a seguir, de que esta lucha tiene que triunfar”, expresó.
Estados Unidos e Irán retomaron este domingo en Suiza las negociaciones orientadas a buscar un acuerdo que permita poner fin a la guerra en Oriente Medio, con conversaciones centradas en el conflicto en Líbano y el programa nuclear iraní.
El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para alcanzar un pacto. Sin embargo, desde su firma se han acumulado diversos obstáculos que dificultan el avance de las conversaciones.
Irán exige que las negociaciones incluyan un alto el fuego en Líbano entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá. Ante la continuidad de los bombardeos israelíes, el sábado Teherán anunció como represalia el cierre del estrecho de Ormuz, una zona considerada clave para el comercio mundial de hidrocarburos.
Durante esa jornada, al menos 30 personas murieron en el este y el sur del territorio libanés. La calma regresó al final del día, luego de que el ejército israelí recibiera la orden de cesar los enfrentamientos con Hezbolá.
Catar, que participa como mediador junto a Pakistán, informó sobre el inicio de las negociaciones denominadas “Cumbre del Lago de Lucerna”, con la primera reunión de un comité de alto nivel en la que participan representantes de Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores.
Las delegaciones estadounidense e iraní llegaron horas antes al hotel de Bürgenstock, ubicado a orillas del lago de Lucerna, donde se desarrollarán las conversaciones. La representación de Estados Unidos está encabezada por el vicepresidente JD Vance, mientras que la delegación iraní es liderada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.
Vance afirmó el sábado que las discusiones podrían extenderse “unos días” y señaló que permanecería en Suiza uno o dos días. También indicó que en el lugar se encontraban el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Espero que logremos avanzar en la cuestión nuclear, avanzar en el tema del alto el fuego en Líbano. Esos son los dos grandes asuntos en los que estaremos enfocados”, declaró Vance antes de partir de Estados Unidos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló el domingo que Líbano es el principal tema de las conversaciones, junto con los activos congelados de Irán y sus exportaciones de petróleo.
Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Irán está dispuesto a ofrecer garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque sostuvo que el país no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.
“La otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, afirmó en una publicación difundida en su sitio web oficial.
