Internacionales
Juez ordena prisión preventiva del ex presidente de Ecuador Rafael Correa
La Justicia ecuatoriana aceptó el martes la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición del ex presidente Rafael Correa, tras desoír la medida cautelar de presentarse en Quito ayer, lunes.
La jueza Daniela Camacho «niega pedido de revisión de medidas cautelares a defensa de ex presidente Rafael Correa, resuelve imponer prisión preventiva en su contra y emite difusión roja a Interpol», señaló la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por Twitter.
El ex mandatario está siendo investigado en un caso que investiga el intento de secuestro en Colombia de un ex legislador ecuatoriano en 2012.
La solicitud la realizó Paúl Pérez, fiscal general encargado, durante una audiencia de revisión de medidas cautelares aplicadas a Correa en el caso de Fernando Balda y que tuvo lugar en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito.
La defensa de Fernando Balda, presente en el lugar, apoyó la petición del fiscal y será la jueza Daniela Camacho quien decida si acoge o no el pedido del fiscal.
Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, debió acudir el lunes a la CNJ en Quito, pero a su libre albedrío se presentó en el Consulado de Ecuador en Bélgica, como presunto cumplimiento de la medida cautelar que le había sido impuesta tras su vinculación penal al caso el pasado 18 de junio.
Según la disposición judicial ese día, el ex mandatario debía presentarse en el CNJ cada quince días a partir del 2 de julio, medida cautelar que, a juicio de la Fiscalía, ha desoído y por lo tanto corresponde la imposición de la prisión preventiva.
El fiscal pidió que se notifique a Interpol la petición de arresto del expresidente mediante la difusión de alerta roja para su captura y extradición.
Por su parte, el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, pidió a la jueza que niegue la petición de arresto y que acepte una sustitución de medidas cautelares para que Correa pueda presentarse en el Consulado en Bélgica.
Ochoa también adujo que esa había sido también la postura inicial de la Fiscalía y que fue la jueza la que decidió requerir su comparecencia en Quito.
El ex presidente, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, ya había comparecido anteriormente desde el Consulado en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación del caso.
Según denunció Balda, el intento de secuestro se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo y lo mantuvieron retenido por cerca de hora y media, tras lo cual fue rescatado.
Correa rechaza cualquier participación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación personal en los hechos y denuncia que es objeto de una persecución política y mediática.
La audiencia ha sido suspendida brevemente y debe reinstalarse de nuevo esta tarde.
EFE
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
