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HISTORIA: La cruda realidad que atraviesan familias viviendo en cajas de cartón en Buenos Aries
La pequeña Valentina Aleman corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.
Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.
Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Aleman asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.
Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32% desde el 27,3% del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51% de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.
ALa indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6,46% -el equivalente a 198.000 personas-, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8.000.
La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza -entonces del 30% por ciento- y fijó el lema “pobreza cero” como objetivo de su gobierno.
“Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres”, se lamentó Damiana Aleman, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. “Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina”.
Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.
Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.
Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.
Los Aleman pagaban entre 4.000 y 5.000 pesos (entre 90 y 112 dólares) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos -77,6% en el gas, 46,3% en la electricidad y 26% en el agua durante el último año- les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.
De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.
Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.
“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar.
El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando”.
Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. “Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos”, apuntó Aleman mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. “Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama”.
Los Aleman dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.
En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13.319,26 pesos (unos 299 dólares) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8.559 pesos (191 dólares). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47,6% en 2018, la más alta desde 1991.
El salario mínimo en Argentina está fijado en 12.500 pesos (unos 280 dólares).
De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65% de los 1.523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52% disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.
“La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos”, advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.
“Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío”, bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.
“La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución”, apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.
Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70% de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos 56.000 millones de dólares en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.
La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46% en marzo a 2.650 pesos por mes (unos 59 dólares). La alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.
“Para un lugar peor me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas”, ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.
«Con más de 1,3 millones de muestras que representan miles de variedades de plantas cultivables, esenciales para la seguridad alimentaria de la humanidad, el jurado ha valorado la cooperación silenciosa de esta infraestructura crítica y estratégica como legado para las generaciones futuras», indicó el fallo.
La iniciativa noruega, inaugurada en 2008, fue creada «para salvaguardar la diversidad de cultivos en caso de pérdidas debidas a desastres naturales, conflictos humanos u otras circunstancias», resaltó el fallo leído por el presidente del jurado, el jurista y exministro de Defensa español Gustavo Suárez Pertierra.
Los Premios Princesa de Asturias, instituidos en 1981 y considerados los más prestigiosos del mundo iberoamericano, están dotados con 50.000 euros (58.000 dólares) y una escultura creada por el fallecido artista catalán Joan Miró.
El banco subterráneo de semillas, situado en la isla de Spitsbergen del archipiélago de Svalbard, en el corazón del Ártico a unos 1.300 km del Polo Norte, fue seleccionada entre 32 candidaturas de 17 nacionalidades que optaban al galardón este año.
El Gobierno de Noruega es el responsable de la bóveda, junto a una organización internacional sin ánimo de lucro en la que participan varios países, «dedicada a conservar la diversidad de cultivos y hacer que esté disponible siempre para su uso en todo el mundo», explicó la Fundación Princesa de Asturias en un comunicado.
La colección ya mostró su utilidad, como cuando en 2015 los investigadores pudieron recuperar en Svalbard las semillas desaparecidas de la ciudad de Alepo, devastada por la guerra en Siria.
Asimismo, en 2025 la bóveda recibió 2.000 muestras de semillas del Banco Nacional de Germoplasma de Sudán, atacado durante la guerra civil en ese país.
Cuarto premio de 2026
El de Cooperación Internacional es el cuarto de los galardones concedidos en esta edición de los premios anuales que, a un ritmo de uno por semana, otorga la Fundación Princesa de Asturias, que toma el nombre de la heredera al trono de la Corona española.
El año pasado este premio recayó en Mario Draghi, ex primer ministro italiano y «salvador del euro» cuando era gobernador del Banco Central Europeo (BCE).
Entre los anteriores galardonados están Wikipedia, la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Estación Espacial Internacional y la Organización Mundial de la Salud.
Este año, se anunció el Princesa de Asturias de las Artes, que recayó en la cantante estadounidense Patti Smith, y el de Comunicación y Humanidades, que distinguió a la célebre factoría de animación japonesa Studio Ghibli, cofundada por Hayao Miyazaki.
La semana pasada se falló el de Investigación Científica, que condecoró a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por su trabajo en la secuenciación rápida de genomas.
Los galardones serán entregados por la Princesa de Asturias, Leonor, y los reyes Felipe VI y Letizia en octubre en una ceremonia en Oviedo, capital de Asturias, en el norte de España.
Una nueva tragedia violenta ha ocurrido en Honduras luego de que medios locales informaran sobre una masacre registrada en una finca de palma ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
De acuerdo con reportes preliminares, el ataque dejó más de 10 personas fallecidas y varias heridas, generando alarma entre los habitantes de la zona.
Según medios hondureños, hombres armados habrían llegado hasta la finca y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar.
El motivo del hecho todavía está bajo investigación por parte de las autoridades.
Elementos policiales y equipos forenses se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil del ataque ni la identidad de todas las víctimas.
Medios locales señalaron que este hecho se suma a otros de violencia registrados recientemente en distintas regiones del país.
Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, la primera vez que un alto cargo del régimen comunista es acusado ante la justicia de su país vecino y enemigo.
Castro está acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, por la muerte de cuatro personas.
Estos cargos suponen una nueva vuelta de tuerca en la gran presión que ejerce Washington sobre la isla comunista, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una gravísima crisis económica.
Raúl Castro, de 94 años en la actualidad, era en 1996 ministro de Defensa.
«Se trata de una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba», escribió en X el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.
Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos», proclamó el fiscal general, Todd Blanche. Washington espera que Castro acabe entre rejas, añadió.
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, había ofrecido horas antes una «nueva relación» entre su país y Cuba, que «tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano», sostuvo.
«La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país, han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo», esgrimió Rubio.
EE. UU. ofrece $100 millones en alimentos y medicinas que deben ser distribuidos directamente a los cubanos por la Iglesia Católica u otra entidad apolítica.
