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HISTORIA: La cruda realidad que atraviesan familias viviendo en cajas de cartón en Buenos Aries

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La pequeña Valentina Aleman corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Aleman asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32% desde el 27,3% del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51% de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

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ALa indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6,46% -el equivalente a 198.000 personas-, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8.000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza -entonces del 30% por ciento- y fijó el lema “pobreza cero” como objetivo de su gobierno.

“Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres”, se lamentó Damiana Aleman, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. “Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina”.

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Argentina

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Aleman pagaban entre 4.000 y 5.000 pesos (entre 90 y 112 dólares) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos -77,6% en el gas, 46,3% en la electricidad y 26% en el agua durante el último año- les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar.

El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando”.

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. “Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos”, apuntó Aleman mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. “Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama”.

Los Aleman dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13.319,26 pesos (unos 299 dólares) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8.559 pesos (191 dólares). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47,6% en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12.500 pesos (unos 280 dólares).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65% de los 1.523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52% disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

“La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos”, advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

“Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío”, bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

“La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución”, apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70% de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos 56.000 millones de dólares en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46% en marzo a 2.650 pesos por mes (unos 59 dólares). La alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

“Para un lugar peor me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas”, ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

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Gerente de medios de pago del banco estatal CHN muere por balas en zona 4 de Ciudad de Guatemala

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Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, gerente de Medios de Pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 tras recibir dos impactos de bala en la espalda mientras caminaba por la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, cerca del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de un automóvil tipo sedán blanco y un motorista que realizaba entregas a domicilio. Testigos indicaron que el automovilista sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista; sin embargo, los proyectiles alcanzaron a Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, no participaba en el altercado. Ambos involucrados huyeron del sitio y las primeras búsquedas policiales no lograron localizarlos.

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron tras reportes de detonaciones. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa, pero el gerente falleció en la escena. La PNC consignó preliminarmente el caso como muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación —a cargo de agentes y del Ministerio Público, que revisa cámaras de seguridad— deberá esclarecer la secuencia exacta, el móvil y las responsabilidades. El CHN confirmó a medios locales el cargo que desempeñaba la víctima.

Mazariegos Díaz lideraba desde 2022 proyectos de modernización de tarjetas de crédito y débito, canales electrónicos y pagos digitales en el CHN, institución bancaria estatal con más de 95 años de trayectoria, especializada en financiamiento de vivienda popular y programas sociales como Mi Primera Casa, con respaldo estatal para sus operaciones.

El incidente provocó el cierre parcial de carriles y afectó la circulación en una avenida transitada de la capital. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a los responsables mientras se procesa la escena.

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México emplaza a las redes sociales para eliminar contenido que incite a la violencia

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El Gobierno de México dio este miércoles un plazo de un mes a las redes sociales para ajustar sus sistemas y comenzar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida, que cuenta con el acuerdo de las plataformas, se anunció después de varios incidentes de violencia registrados en centros educativos del país.

«En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes», declaró Sheinbaum durante su conferencia diaria, tras firmar el decreto.

Las empresas Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft deberán cumplir con las restricciones. La mandataria advirtió que, si no lo hacen, el Gobierno avanzará hacia una ley que contemple sanciones.

Días antes, el Gobierno anunció que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora e hirieran a otras tres personas durante un ataque con armas blancas en una escuela de la ciudad de Torreón, en el norte de México.

Sheinbaum aseguró que, en ese caso y en otro incidente, se identificaron «similitudes» relacionadas con «un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales».

El nuevo decreto prohíbe que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a «imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio».

Además, las redes sociales deberán alertar a las autoridades «cuando identifiquen contenido que atente contra la vida».

El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca. Sin embargo, según medios de comunicación, los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el centro educativo.

México es un país golpeado por la violencia del crimen organizado, aunque los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.

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Noboa anuncia nuevos toques de queda en provincias costeras ecuatorianas

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles una nueva serie de operativos de seguridad acompañados de toques de queda, que se ejecutarán del 1 al 10 de noviembre en provincias de la región costera, como parte de las acciones del Gobierno para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

«Vamos a hacer una nueva serie de operaciones especiales entre el 1 y el 10 de noviembre con toque de queda en las provincias de la costa», indicó el mandatario durante una entrevista con Radio Centro, en la ciudad de Ambato, ubicada en la zona central del país.

Noboa explicó que la medida se adoptará tras los resultados reportados por el Gobierno en anteriores operativos de seguridad y restricciones a la movilidad nocturna. Según el mandatario, estas acciones permitieron reducir los delitos y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El presidente aseguró que durante el último toque de queda, aplicado del 17 al 30 de septiembre en cuatro provincias costeras, Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, se registró una reducción del 40 % de los delitos.

Asimismo, afirmó que varias de las semanas recientes registraron algunas de las cifras más bajas de homicidios en lo que va del año.

«Estamos viendo también una reducción significativa de las extorsiones», añadió Noboa, quien destacó que los operativos de seguridad han permitido capturar a presuntos cabecillas de organizaciones criminales vinculadas a cárteles de la droga.

El mandatario también señaló que, solo en septiembre pasado, las autoridades incautaron más de ocho toneladas de droga. Según su estimación, este decomiso representó una afectación de 400 millones de dólares a las economías criminales.

«Entonces, más que una percepción, me baso en los números, y los números muestran que está funcionando», sostuvo el presidente al ser consultado sobre los resultados de las medidas de seguridad.

Noboa afirmó que la lucha contra el crimen organizado requiere planificación a mediano y largo plazo. También destacó la necesidad de implementar medidas para prevenir que los jóvenes se incorporen a estructuras delictivas, mediante oportunidades de capacitación, empleo y educación técnica.

Desde 2024, el Gobierno de Noboa mantiene un «conflicto armado interno» contra grupos criminales vinculados al narcotráfico, en medio de una escalada de violencia en Ecuador.

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