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HISTORIA: La cruda realidad que atraviesan familias viviendo en cajas de cartón en Buenos Aries

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La pequeña Valentina Aleman corre por la acera entre cajas de cartón, un sofá deshilachado y una heladera en desuso indiferente a los automóviles que pasan a su lado. Su sonrisa delata que no tiene dimensión de los peligros que acechan a quienes viven en la calle.

Una tienda improvisada con paredes de cartón, techo de bolsas y dos colchones instalada a un costado de una transitada avenida de la capital argentina aloja a la niña de dos años, sus cuatro hermanos y sus padres desde hace ocho meses, cuando los ingresos de la familia ya no fueron suficientes para cubrir un alquiler al ritmo de la galopante inflación en Argentina.

Con la profundización de la crisis económica han aumentado las familias como los Aleman asentadas con sus pertenencias en las aceras de las principales avenidas, los accesos a grandes centros comerciales, las paradas de autobuses, los parques o debajo de las autopistas.

Según el último informe del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el segundo semestre de 2018 la pobreza creció al 32% desde el 27,3% del primer semestre. Argentina padeció el año pasado una devaluación del 51% de su moneda, que en una economía fuertemente atada al dólar se trasladó de inmediato a los precios, con fuerte impacto en los alimentos.

Argentina

ALa indigencia en la capital argentina, el distrito más rico del país y uno de los más modernos de América Latina, se duplicó en los últimos tres años a 6,46% -el equivalente a 198.000 personas-, según datos oficiales del tercer trimestre del año pasado. La alcaldía todavía no ha dado a conocer un relevamiento de fines de 2018 sobre las personas viviendo en la calle, pero organizaciones no gubernamentales estiman que son unas 8.000.

La reducción de la pobreza es una de las cuentas pendientes del presidente conservador Mauricio Macri que transita su último año de mandato y ha lanzado la campaña para la reelección en los comicios generales de octubre. Cuando asumió en 2015 dijo que su gestión debía evaluarse por la baja de la pobreza -entonces del 30% por ciento- y fijó el lema “pobreza cero” como objetivo de su gobierno.

“Confié en él cuando decía ‘pobreza cero’, creía en él, parecía que iba estar con los pobres”, se lamentó Damiana Aleman, de 37 años, con la pequeña Valentina en brazos. “Pero él se refería a descartarnos a los pobres, no a aumentar nuestros valores o economía. Desde mi punto de vista, ‘pobreza cero’ significa que él quiere borrar a los pobres del mapa de Argentina”.

Macri sostiene que subestimó los desajustes macroeconómicos heredados del gobierno populista de Cristina Fernández (2007-2015) y que corregirlos le está demandando más tiempo y un alto costo social porque en el medio se interpusieron una sequía récord, que privó al país de millones de dólares, y factores externos que atentaron contra la reactivación económica.

Pero el creciente descontento social impactó en la popularidad del mandatario mientras crece en las encuestas la líder opositora y expresidenta, quien todavía no oficializó su postulación pero que sus partidarios dan por descontada. La nostalgia por la relativa estabilidad económica y las medidas populistas para alentar el consumo durante su mandato le permitieron a la actual senadora repuntar en las mediciones pese a las numerosas investigaciones judiciales en su contra por supuesta corrupción.

Argentina

Sin embargo, la mayoría de los sondeos reflejan un escenario de paridad en una eventual segunda vuelta entre ambos.

Los Aleman pagaban entre 4.000 y 5.000 pesos (entre 90 y 112 dólares) de alquiler. La economía familiar colapsó cuando en el marco de fuertes aumentos en las tarifas de servicios públicos -77,6% en el gas, 46,3% en la electricidad y 26% en el agua durante el último año- les llegó una boleta de electricidad que duplicaba la renta y el padre, Emilio, perdió el trabajo en una fábrica de muebles que cerró por la crisis.

De los 10 hogares de tránsito y paradores nocturnos que gestiona la ciudad, uno solo es para familias y no da abasto. Los otros también tienen problemas para atender la demanda que se vio potenciada por un nuevo fenómeno: los residentes de los suburbios que vienen a la capital a trabajar y prefieren vivir en la calle de lunes a viernes para no gastar en transporte.

Las familias, por lo general, prefieren instalarse en la calle antes que separarse en diferentes centros de acogida.

“Cuando uno está en la calle siente que molesta, siente que es culpable y que se lo merece. Sentís todo lo peor sobre vos”, reflexionó Horacio Ávila, psicólogo social y uno de los fundadores de Proyecto 7, una organización no gubernamental que asiste a personas sin hogar.

El especialista sostuvo que “todo es extraño, todo es agresivo. Es muy difícil los primeros tres o cuatro días. Después te vas acomodando porque somos animales de supervivencia. Te vas conectando”.

Pero el crudo invierno, el calor agobiante, las lluvias, la inseguridad y la indiferencia de los transeúntes pueden volverse desoladores para una madre de cinco. “Estar con ellos acá no es lindo, el principal riesgo es la salud de ellos”, apuntó Aleman mientras sus niños se distraían con juguetes usados que les acababan de regalar. “Ellos quisieran mirar tele. El más grande me pregunta por qué no podemos estar en casa, con nuestra tele y en la cama”.

Los Aleman dependen del dinero que obtiene el padre por los cartones y desechos reciclables que junta en la calle y la generosidad de los vecinos, aunque también los hay que llaman a la alcaldía y piden que los desalojen de la acera. Se alimentan en comedores populares, originariamente destinados a los adictos pero que en los últimos tiempos atienden a familias y ancianos que no tienen para comer.

En febrero una familia tipo de cuatro integrantes que viven en la capital necesitó 13.319,26 pesos (unos 299 dólares) para no caer en la indigencia cuando hace un año ese valor de referencia estaba en 8.559 pesos (191 dólares). Los precios se dispararon al compás de una inflación de 47,6% en 2018, la más alta desde 1991.

El salario mínimo en Argentina está fijado en 12.500 pesos (unos 280 dólares).

De acuerdo con un relevamiento realizado por el privado Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) en capital y sus alrededores a fines de febrero, el 65% de los 1.523 entrevistados sostuvo que sus ingresos no le alcanzan y 52% disminuyó la cantidad de comida que consume por esa razón.

“La falta de certezas sobre de cuánto será la boleta de luz y gas amenaza cualquier proyecto personal. Un horizonte de aumentos ininterrumpidos de tarifas con pérdida de poder adquisitivo del salario no hace más que incrementar los miedos”, advirtió Matías Barroetaveña, director del CEM.

“Ustedes sigan riéndose que dentro de poco los voy a ver al lado mío”, bromea Héctor García a quienes pasan por delante de su tienda hecha con varias capas de tela y plásticos que comparte con María Ortega, de 77 años. El hombre de cabello y barba canosa lleva cuatro años en la acera de un barrio de clase media de Buenos Aires tras quedarse sin empleo. Sobrevive reparando electrodomésticos o desarmándolos para vender sus partes.

“La posibilidad de salir de la calle te la dan por cinco o seis meses, eso no es solución”, apuntó García, de 57 años, en referencia a los subsidios habitacionales que ofrece el gobierno.

Aunque antes de asumir Macri había cuestionado duramente las políticas asistencialistas del kirchnerismo, luego aumentó el presupuesto de ayuda social, que demanda el 70% de los recursos de la administración nacional previstos para 2019. El propio Fondo Monetario Internacional, que aprobó un rescate para Argentina de unos 56.000 millones de dólares en 2018, acaba de avalar un aumento en las partidas presupuestarias para subsidios a los pobres.

La asignación universal por hijo, que reciben unos cuatro millones de menores de 18 años de familias sin empleo, se incrementó 46% en marzo a 2.650 pesos por mes (unos 59 dólares). La alcaldía de Buenos Aires, a cargo de un aliado del presidente, también se comprometió a ampliar la capacidad de los hogares de tránsito.

“Para un lugar peor me quedo acá. Al menos no llegan las cuentas”, ironizó García antes de refugiarse en su morada callejera.

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Asciende a 2,295 la cifra de muertos una semana después de los terremotos en Venezuela

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El balance de víctimas por los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 2,295 fallecidos y más de 11,000 heridos, informó este miércoles el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.

De acuerdo con el funcionario, los sismos también dejaron 12,841 personas damnificadas. El reporte anterior, divulgado el martes, registraba 1,943 muertos y 10,571 heridos.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles siete días de duelo nacional en homenaje a las víctimas del doble sismo.

«Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (…) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy», escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram.

Según el texto oficial, el doble terremoto ocurrido el 24 de junio deja casi 2,000 muertos y alrededor de 50,000 desaparecidos.

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El Vaticano expresa su «profundo dolor» por consagración no autorizada de obispos

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La Fraternidad San Pío X consagró este miércoles, por su cuenta, a cuatro nuevos obispos durante una ceremonia celebrada en Écône, Suiza, pese al llamado del papa León XIV para desistir de la decisión. El Vaticano calificó el acto como «cismático» y advirtió que conlleva sanciones como la excomunión.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, expresó ante periodistas el «profundo dolor» que la decisión provocó en el seno de la Iglesia católica.

«Ignoro cuándo y cómo se pronunciará esta excomunión, pero espero que, pese a lo ocurrido hoy, el diálogo pueda reanudarse y que se pueda encontrar una verdadera solución», afirmó.

Antes de la ceremonia, el papa León XIV había dirigido un mensaje a la Fraternidad San Pío X para pedir que renunciara a su proyecto.

«Les suplico desde lo más hondo del corazón: ¡reconsideren su decisión!», escribió el pontífice, quien además advirtió que, en caso de concretarse un «acto cismático», los sacramentos administrados por los nuevos obispos, como el matrimonio o la confesión, dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica.

La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, en la pradera de Écône, con la asistencia de miles de fieles procedentes de distintos países. Durante el acto fueron consagrados cuatro obispos: dos franceses, un estadounidense y un suizo.

El superior general de la Fraternidad San Pío X, el sacerdote Davide Pagliarani, calificó la jornada como un día «histórico».

La Fraternidad defiende su decisión

Entre los asistentes estuvo Luz Dussan, una fiel colombiana de 57 años residente en Estados Unidos, quien viajó para participar en la ceremonia.

«Pensé que nunca en la vida viviría esto, pero mira, Dios me trajo acá», declaró.

La mujer manifestó su respaldo a la decisión de la Fraternidad y aseguró que la comunidad, especialmente la latina, continúa creciendo.

Al continuar con las consagraciones sin la aprobación del papa, los dos obispos que ya pertenecían a la comunidad y los cuatro nuevos obispos quedan, de hecho, excomulgados de la Iglesia católica romana.

No obstante, al inicio de la ceremonia, el secretario general de la sociedad, Foucault Leroux, afirmó que la Fraternidad considera que «todas las penas y censuras (…) son nulas y sin efecto».

La Fraternidad San Pío X fue fundada en 1970 por el obispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991) y reúne, según estimaciones, a unos 600,000 fieles que mantienen una interpretación estricta de la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

La organización rechaza los cambios impulsados desde el Concilio Vaticano II, celebrado en la década de 1960, y defiende un modelo de sociedad patriarcal y un ideal de Estado teocrático.

«Para mantener la fe, ¿acaso estamos rompiendo con la Iglesia? Este dilema es falso. Pertenecemos a la Iglesia, en primer lugar por la fe, por la profesión integral de la fe de la Iglesia», sostuvo Pagliarani.

La misa de consagración tuvo una duración de cuatro horas y fue celebrada íntegramente en latín, en el mismo lugar donde Marcel Lefebvre ordenó a los primeros cuatro obispos de la Fraternidad en 1988.

Durante el rito, los cuatro sacerdotes permanecieron postrados boca abajo mientras se entonaba la Letanía de los Santos, antes de recibir la imposición de manos del obispo y la unción.

Antecedentes del conflicto

Para el Vaticano, la consagración de un obispo sin autorización del papa constituye un acto de insubordinación directa que implica la excomunión automática de los obispos y es considerado un «acto cismático».

Sin embargo, el sacerdote Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône, rechazó esa interpretación.

«No es un acto de rebelión: es un acto que nace del amor por la Iglesia», declaró a la AFP.

Asimismo, aseguró que la Fraternidad no considera que sus acciones sean cismáticas.

«No hay absolutamente nada cismático o contrario a la Iglesia en nuestras acciones. Esperamos que llegue el día en el que el papa vea esto. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría ocurrir, preferiríamos morir a ser cismáticos», afirmó.

La situación recuerda a lo ocurrido en 1988, cuando el papa Juan Pablo II también pidió a la Fraternidad que desistiera de ordenar nuevos obispos. En aquella ocasión, las consagraciones derivaron en una excomunión inmediata que posteriormente fue levantada por Benedicto XVI en 2009.

Actualmente, la Fraternidad San Pío X asegura tener presencia en más de 75 países de seis continentes. Según la propia organización, cuenta con 751 sacerdotes, 264 seminaristas y cerca de 800 lugares de culto distribuidos en 77 países, aunque sigue siendo un grupo minoritario frente a los más de 1,300 millones de fieles que integran la Iglesia católica en el mundo.

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Venezolana confirma la muerte de su madre tras cuatro días de búsqueda entre los escombros en Caracas

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Durante cuatro días, María Pessina y sus hermanos, residentes en Ecuador, Suiza y Alemania, buscaron información sobre el paradero de su madre tras el derrumbe del edificio donde vivía, provocado por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio. La búsqueda concluyó el sábado, cuando una fotografía confirmó la muerte de Magnolia, de 79 años.

«La agonía terminó», expresó Pessina, investigadora venezolana radicada en Quito, luego de identificar la ropa que llevaba su madre en una imagen de uno de los cuerpos recuperados entre los escombros.

María había permanecido tres semanas de visita en Venezuela y abordó el vuelo de regreso a Ecuador apenas unas horas antes de que ocurrieran los sismos.

«El terremoto ocurrió cuando yo volaba», relató a la AFP por vía telefónica. Al aterrizar, aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes porque muchas personas pensaban que aún permanecía en Caracas. Antes de reencontrarse con su familia, recibió un video que mostraba el edificio reducido a escombros.

Tras conocer la tragedia, ella y sus hermanos iniciaron una intensa búsqueda. Activaron grupos familiares y de vecinos en aplicaciones de mensajería y contrataron a un motorizado para revisar los listados de personas vivas, heridas y desaparecidas en hospitales de Caracas.

Un grupo de WhatsApp permitió que vecinos del edificio Petunia, de 14 pisos, restablecieran contacto con familiares que viven en Miami, España, República Dominicana, Panamá y Ecuador.

El viernes, un mensaje informó sobre el hallazgo de un cuerpo con características similares a las de Magnolia. Un día después, María confirmó que se trataba de su madre.

«Pasé tres semanas limpiando y doblando su ropa, por eso pude reconocer lo que llevaba puesto en esa foto», explicó la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Familias buscan respuestas

La situación de la familia Pessina se repite entre millones de venezolanos que residen en el extranjero, quienes continúan buscando a familiares entre los cerca de 2,000 fallecidos y decenas de miles de desaparecidos que dejaron los terremotos ocurridos hace una semana, sin posibilidad de viajar ni de participar en los funerales en su país.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 7.9 millones de venezolanos han abandonado el país durante la última década, en el mayor éxodo de la historia reciente de América Latina.

Desde ciudades como Miami, Madrid y Santiago, integrantes de la diáspora organizaron redes de apoyo para enviar medicinas, pañales y fórmulas infantiles, además de difundir solicitudes de rescate.

Desde Miami, Andre, quien prefirió no revelar su apellido por motivos profesionales, relató a la AFP que continúa buscando a su cuñado, Jorge Sedano, desaparecido tras el colapso del edificio Vallarta, en Playa Grande.

«Mi cuñado Jorge Sedano está en el edificio Vallarta, en Playa Grande, y todavía no sabemos nada de él», expresó.

Según su testimonio, en esa zona de La Guaira los vecinos iniciaron por cuenta propia las labores de búsqueda hasta la llegada, el fin de semana, de rescatistas salvadoreños.

Andre aseguró que no ha dormido desde la tragedia debido a que permanece difundiendo solicitudes de ayuda y coordinando donaciones.

Asimismo, manifestó su indignación al señalar que el martes fueron suspendidas las labores de rescate en el edificio donde se encontraba su cuñado, luego de que vecinos sorprendieran a agentes de policía robando dólares entre los escombros.

«No llegaron a tiempo para salvar vidas. Quizá mi cuñado estaba vivo en las primeras horas. Pero sí llegaron a robar», afirmó.

Un adiós a la distancia

Desde España, Broli Rumbos relató que conoció la tragedia mientras un amigo buscaba desesperadamente a su familia entre los escombros de un edificio en La Guaira.

«Es raro estar tan lejos, seguir la rutina. Estamos viviendo aquí, con la cabeza allá», escribió en un chat con amigos.

Por su parte, María Pessina afirmó que las nuevas tecnologías permiten seguir en tiempo real lo que ocurre en Venezuela.

«Para bien y para mal ahora vivimos en tiempo real lo que pasa al otro lado del mundo», expresó.

Según explicó, en el edificio Petunia, ubicado en un sector de clase media y acomodada de Caracas, la mayoría de los residentes tenía familiares viviendo en el extranjero.

El martes, mediante el grupo de vecinos, conocieron que un matrimonio y su hija también fallecieron en el derrumbe. El único sobreviviente de esa familia era otro de sus hijos, quien se encontraba estudiando en Italia.

Ahora, la familia Pessina analiza cómo despedir a Magnolia desde la distancia. La ceremonia podría realizarse por streaming una vez que las hermanas de la fallecida reciban sus cenizas.

«No sabemos cuándo, todo eso es ahora mismo un caos», comentó María.

Indicó que será una ceremonia con música porque a su madre le gustaba cantar y considera que probablemente la seguirán por streaming, como ya es habitual para quienes han construido su vida fuera de Venezuela.

Pessina añadió que también le gustaría participar en un homenaje junto a los vecinos del edificio Petunia, lugar donde nació y que, tras la tragedia, adquirió un significado especial para todos.

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