Internacionales
FUERTES IMÁGENES: Así se capta la violenta represión que vive Nicaragua en los últimos días
La brutal represión del régimen de Daniel Ortega continuó este sábado, dejando seis nuevas muertes a la lista que ya supera el centenar de víctimas desde el inicio de las protestas opositoras.
La ciudad de Masaya, un antiguo bastión sandinista que se sublevó contra Ortega, se convirtió en un campo de batalla, donde cientos de manifestantes levantaron barricadas y se enfrentaron con armas caseras a policías antimotines que los reprimían desde tempranas horas de la mañana.
Los violentos choques fueron registrados por la prensa, con crudas imágenes que muestran que la escalada no parece tener freno, tras los intentos de diálogo entre la sociedad civil y el régimen sandinista.
Cinco personas murieron en Masaya, incluido un joven de 15 años, informó a la AFP la ONG Asociación Nicaragüense de Protección a Derechos Humanos (ANPDH).
La Policía informó que a ese grupo de Masaya le decomisaron seis armas de fuego, once armas artesanales adaptadas para disparar proyectiles, once pasa montañas, once lanza morteros, 10 docenas de morteros, seis bombas molotov, entre otros objetos.
Desde el 18 de abril, Nicaragua vive su crisis más sangrienta desde los años 80, con al menos 108 muertos y cerca de un millar de heridos, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Vecinos y manifestantes en la zona denunciaron la presencia de varios francotiradores en la sede de la policía de Masaya, con vista al parque San Miguel, en el centro de la ciudad.
«Están agrediendo al pueblo. Incluso a un vecino mío le metieron un balazo en el pecho. Fue un francotirador (…) por el tipo de hueco (orificio) grande» en el pecho del fallecido, contó Jonathan José.
Con unos 100.000 habitantes, Masaya demanda la renuncia del presidente Ortega, en el marco de las protestas antigubernamentales que iniciaron en rechazo a una reforma al sistema de pensiones, dejando más de 100 muertos.
Las manifestaciones luego centraron su reclamo en la renuncia del presidente, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la «Madre de todas las marchas», celebrada el 30 de mayo, hubo 15 muertos y 199 heridos, según cifras admitidas por las autoridades.
«Aquí es como un desierto, no hay comercio, no hay nada, (me siento) desesperada, acongojada, triste. La situación está horrible, horrible, horrible», dijo entre lágrimas Vanesa, quien desde que empezaron los disturbios vive encerrada en su casa con sus tres hijos y su nieto.
Este domingo, el papa Francisco abogó este domingo por la reanudación del diálogo. «Me uno a mis hermanos obispos de Nicaragua y a sus dolor por las violencias cometidas por grupos armados», dijo el papa Francisco en la oración del ángelus en la plaza San Pedro del Vaticano.
«La Iglesia sigue siendo favorable al diálogo pero para eso pide el compromiso efectivo de respetar la libertad, y antes que nada, la vida», añadió el líder católico.
La OEA, que trabaja desde 2017 en el país con miras a reformar el sistema electoral nicaragüense, anunció el viernes que acordó con el gobierno un plan de trabajo hasta enero de 2019.
Pero la oposición lo cuestiona porque cree que dará «un respiro» a Ortega, y pide cambios inmediatos, incluida la salida del mandatario, en el poder desde 2007.
A juicio del ex diputado opositor Eliseo Núñez, el mandatario ha demostrado que no está dispuesto a ceder a las demandas de democratización que han motivado las protestas y en represalia ha creado un ambiente de «caos».
«Son muchas las evidencias de que Ortega se atrinchera militarmente para resistir y mejorar sus posiciones de negociación», denunció el ex comandante guerrillero Henry Ruiz en un artículo de opinión.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
