Estados Unidos enviará a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno del presidente Daniel Noboa cómo combatir el crimen organizado, informó este jueves el Departamento de Estado.

Ecuador sufre «niveles atroces de violencia y terrorismo a manos de elementos narcocriminales que tienen como objetivo a civiles inocentes», señala el portavoz del Departamento de Estado Matthew Miller en un comunicado, en el que recuerda que «más de 100 guardias penitenciarios están retenidos como rehenes».

«Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una estrecha colaboración con Ecuador, incluido en la lucha contra las organizaciones criminales», añade.

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden lleva días condenando el terror que han sembrado en el país más de una veintena de bandas de narcotráfico y se ha mostrado dispuesto a cooperar, pero de forma muy evasiva, sin entrar en detalles.

El comunicado del Departamento de Estado sobre «violencia narcocriminal en Ecuador» es más preciso.

«Trabajaremos con el presidente Noboa para profundizar nuestra cooperación en materia de aplicación de la ley a través de programas de asistencia en seguridad», señala.

Para agilizar la cooperación Washington da un paso al frente y enviará a altos cargos «en las próximas semanas».

Su objetivo: «explorar con sus homólogos ecuatorianos formas en que podemos trabajar juntos de manera más eficaz para enfrentar la amenaza que representan las organizaciones criminales transnacionales».

Entre los funcionarios destacan la general Laura Richardson, el subsecretario de la Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley, Todd Robinson y Kevin Sullivan, un alto cargo de la oficina del Departamento de Estado para América Latina.

Además, viajarán policías estadounidenses «para ayudar a Ecuador en investigaciones criminales», añade el comunicado.

Estados Unidos aumentará asimismo «el intercambio de inteligencia, la cooperación para combatir la actividad cibernética maliciosa y la ayuda con la implementación de reformas penitenciarias».

Prevé además emplear «otras herramientas disponibles para responsabilizar a aquellos individuos y organizaciones que participan en actividades criminales y socavan el estado de derecho». No dice cuáles.