Internacionales
Alaridos de locura, suicidios y celdas herméticas, es lo que se vive en la cárcel más hermética de los EE.UU.
Timothy Gumm, condenado por violación en una prisión de Jackson, Georgia, fue acusado de intentar escapar en 2010. Cinco años más tarde escribió, a mano y sin asesoramiento legal, una carta cal juez Charles H. Weigle en la que se quejó de que desde ese momento había estado en una celda sin ventanas casi las 24 horas de cada día, incluso después de que se expurgara ese cargo de su registro de conducta.
Su situación se repitió durante 2017 en 61.000 casos en 38 estados de los EE.UU. y las cárceles del Servicio Federal de Prisiones que utilizan el aislamiento. Entre los castigados con este método hubo menores de edad, mujeres embarazadas y personas con trastornos mentales, según una investigación del Centro Arthur Liman sobre Leyes de Interés Público de la Universidad de Yale.
Durante los cinco años que pasó encerrado en celdas de aislamiento de 2 por 4 metros, Gumm —quien creía que iba a seguir allí indefinidamente, y por eso recurrió al juez— perdió toda relación con su familia, bajó casi 25 kilos y estuvo «privado de casi cualquier estímulo ambiental y sensorial, y de casi todo contacto humano». Su manuscrito de once páginas convenció al juez, quien abrió un caso.
El Centro Sureño de Derechos Humanos (SCHR) aceptó la representación ad honorem de Gumm y solicitó al psicólogo social Craig Haney, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y uno de los máximos expertos en confinamiento solitario de los Estados Unidos, que investigara la Unidad de Control Especial de Georgia (SMU).
«Allí vi cosas que nunca antes había visto», dijo el especialista con 40 años de experiencia en el tema.
En superficies del tamaño del estacionamiento de un automóvil, con puertas de metal y ventanas tapadas, los detenidos quedaban «herméticamente sellados». Entre ellos, observó una cantidad llamativamente alta de personas con enfermedades mentales (casi un 40%), además de muchos más sin tal diagnóstico pero en estado de demolición psicológica: se herían a sí mismos, manchaban sus celdas de sangre, comían sus heces o tragaban baterías o elementos cortantes para suicidarse.
Haney describió un pabellón de la unidad como «parecido a un manicomio», en el que resonaba «la cacofonía de los alaridos de los presos y los pedidos de socorro». En una ocasión vio un cartel toscamente escrito que decía «Ayuda», informó la cadena.
Su informe, publicado en 2017, cuando Gumm ya llevaba otros dos años y medio de aislamiento, dio lugar a una demanda d colectiva. El escrito se presentó «para impedir que los funcionarios de las prisiones mantengan a la gente en una forma extrema de confinamiento solitario por muchos años sin supervisión significativa y sin perspectiva de salir».
La SMU de Georgia, un edificio para 192 detenidos, «es la cárcel más restrictiva y la única de su tipo» en el estado, según el texto de la demanda. «También es el lugar donde se realiza un régimen de modificación de conducta basado en el aislamiento, conocido como el Programa Nivel III».
Ese régimen es, en teoría, un «programa de incentivo» que se emplea para alentar «los ajustes adecuados», de modo tal que los reclusos «puedan ser devueltos a una adscripción habitacional común». Pero, según la demanda, «en la práctica las personas son enviadas al programa de aislamiento indefinidamente durante años, más allá de su conducta y a pesar de las graves consecuencias para la salud del confinamiento solitario en el largo plazo».
El texto señaló que el aislamiento se ha empleado históricamente como «técnica de tortura».
Haney concluyó que la unidad penal de Jackson era «una de las instalaciones más duras y más draconianas» que ha visto en actividad en cualquier lugar del país, en la que habitaban algunas de las personas más psicológicamente traumatizadas que ha evaluado en este tipo de contexto. En su opinión, la institución funcionaba «en abierta violación de un consenso generalizado y creciente, a nivel nacional e internacional, en lo profesional, legal y correccional».
En enero de 2019, el estado de Georgia aceptó un acuerdo para terminar con el litigio, por el cual a cada detenido de la SMU se le debían permitir al menos cuatro horas al día fuera de las celdas (excepto en fines de semana y feriados), tiempo que no se le podía quitar como forma de castigo por mala conducta común. Excepto en un puñado de circunstancias, no se podía recluir a una persona en aislamiento por más de 24 meses.
«El confinamiento solitario ha crecido en las cárceles estadounidenses desde las décadas de 1980 y 1990 como una forma de controlar a los reclusos peligrosos, castigar un delito o proteger a los detenidos vulnerables de la población común», explicó NBC News. En numerosas cárceles hay zonas supermax (de seguridad súper máxima) donde el confinamiento solitario es común.
En la SMU de Georgia, Haney entrevistó a reclusos que no tenían idea de cuándo o si saldrían del aislamiento para convivir con los demás detenidos. Muchos directamente cumplían la totalidad de sus condenas en un espacio mínimo y sin contacto humano.
«Algunos investigadores dicen que la práctica causa daño psicológico permanente, mientras que otros sostienen que hace más probable que un detenido vuelva a meterse en problemas al quedar libre», explicó NBC. La automutilación y el suicidio son las manifestaciones más evidentes de ese daño.
Quizá el caso más conocido sea el de Kalief Browder, un adolescente del Bronx, Nueva York, que en 2010 fue acusado del robo de una mochila. Pasó tres años procesado sin condena en la cárcel de Rikers, dos de ellos en aislamiento. La fiscalía no encontró evidencia suficiente y su caso fue desestimado. Dos años después de su salida en libertad, a los 22 años, Browder se ahorcó.
El ex presidente Barack Obama limitó el confinamiento solitario en prisiones federales, y la Asociación Nacional Correccional de los Estados Unidos llamó a restringirlo, en particular para quienes sufren padecimientos mentales. En 2018 el presidente Donald Trump promulgó una reforma de la Justicia penal que prohibió esa forma de encierro para los menores de edad detenidos en centros federales.
Varias causas judiciales en distintos estados condujeron a acuerdos como el que benefició a Gumm (quien hoy continúa su prisión perpetua en una celda común), y actualmente hay otras en trámite para limitar o prohibir el uso del aislamiento.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
