Internacionales
Alaridos de locura, suicidios y celdas herméticas, es lo que se vive en la cárcel más hermética de los EE.UU.
Timothy Gumm, condenado por violación en una prisión de Jackson, Georgia, fue acusado de intentar escapar en 2010. Cinco años más tarde escribió, a mano y sin asesoramiento legal, una carta cal juez Charles H. Weigle en la que se quejó de que desde ese momento había estado en una celda sin ventanas casi las 24 horas de cada día, incluso después de que se expurgara ese cargo de su registro de conducta.
Su situación se repitió durante 2017 en 61.000 casos en 38 estados de los EE.UU. y las cárceles del Servicio Federal de Prisiones que utilizan el aislamiento. Entre los castigados con este método hubo menores de edad, mujeres embarazadas y personas con trastornos mentales, según una investigación del Centro Arthur Liman sobre Leyes de Interés Público de la Universidad de Yale.
Durante los cinco años que pasó encerrado en celdas de aislamiento de 2 por 4 metros, Gumm —quien creía que iba a seguir allí indefinidamente, y por eso recurrió al juez— perdió toda relación con su familia, bajó casi 25 kilos y estuvo «privado de casi cualquier estímulo ambiental y sensorial, y de casi todo contacto humano». Su manuscrito de once páginas convenció al juez, quien abrió un caso.
El Centro Sureño de Derechos Humanos (SCHR) aceptó la representación ad honorem de Gumm y solicitó al psicólogo social Craig Haney, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y uno de los máximos expertos en confinamiento solitario de los Estados Unidos, que investigara la Unidad de Control Especial de Georgia (SMU).
«Allí vi cosas que nunca antes había visto», dijo el especialista con 40 años de experiencia en el tema.
En superficies del tamaño del estacionamiento de un automóvil, con puertas de metal y ventanas tapadas, los detenidos quedaban «herméticamente sellados». Entre ellos, observó una cantidad llamativamente alta de personas con enfermedades mentales (casi un 40%), además de muchos más sin tal diagnóstico pero en estado de demolición psicológica: se herían a sí mismos, manchaban sus celdas de sangre, comían sus heces o tragaban baterías o elementos cortantes para suicidarse.
Haney describió un pabellón de la unidad como «parecido a un manicomio», en el que resonaba «la cacofonía de los alaridos de los presos y los pedidos de socorro». En una ocasión vio un cartel toscamente escrito que decía «Ayuda», informó la cadena.
Su informe, publicado en 2017, cuando Gumm ya llevaba otros dos años y medio de aislamiento, dio lugar a una demanda d colectiva. El escrito se presentó «para impedir que los funcionarios de las prisiones mantengan a la gente en una forma extrema de confinamiento solitario por muchos años sin supervisión significativa y sin perspectiva de salir».
La SMU de Georgia, un edificio para 192 detenidos, «es la cárcel más restrictiva y la única de su tipo» en el estado, según el texto de la demanda. «También es el lugar donde se realiza un régimen de modificación de conducta basado en el aislamiento, conocido como el Programa Nivel III».
Ese régimen es, en teoría, un «programa de incentivo» que se emplea para alentar «los ajustes adecuados», de modo tal que los reclusos «puedan ser devueltos a una adscripción habitacional común». Pero, según la demanda, «en la práctica las personas son enviadas al programa de aislamiento indefinidamente durante años, más allá de su conducta y a pesar de las graves consecuencias para la salud del confinamiento solitario en el largo plazo».
El texto señaló que el aislamiento se ha empleado históricamente como «técnica de tortura».
Haney concluyó que la unidad penal de Jackson era «una de las instalaciones más duras y más draconianas» que ha visto en actividad en cualquier lugar del país, en la que habitaban algunas de las personas más psicológicamente traumatizadas que ha evaluado en este tipo de contexto. En su opinión, la institución funcionaba «en abierta violación de un consenso generalizado y creciente, a nivel nacional e internacional, en lo profesional, legal y correccional».
En enero de 2019, el estado de Georgia aceptó un acuerdo para terminar con el litigio, por el cual a cada detenido de la SMU se le debían permitir al menos cuatro horas al día fuera de las celdas (excepto en fines de semana y feriados), tiempo que no se le podía quitar como forma de castigo por mala conducta común. Excepto en un puñado de circunstancias, no se podía recluir a una persona en aislamiento por más de 24 meses.
«El confinamiento solitario ha crecido en las cárceles estadounidenses desde las décadas de 1980 y 1990 como una forma de controlar a los reclusos peligrosos, castigar un delito o proteger a los detenidos vulnerables de la población común», explicó NBC News. En numerosas cárceles hay zonas supermax (de seguridad súper máxima) donde el confinamiento solitario es común.
En la SMU de Georgia, Haney entrevistó a reclusos que no tenían idea de cuándo o si saldrían del aislamiento para convivir con los demás detenidos. Muchos directamente cumplían la totalidad de sus condenas en un espacio mínimo y sin contacto humano.
«Algunos investigadores dicen que la práctica causa daño psicológico permanente, mientras que otros sostienen que hace más probable que un detenido vuelva a meterse en problemas al quedar libre», explicó NBC. La automutilación y el suicidio son las manifestaciones más evidentes de ese daño.
Quizá el caso más conocido sea el de Kalief Browder, un adolescente del Bronx, Nueva York, que en 2010 fue acusado del robo de una mochila. Pasó tres años procesado sin condena en la cárcel de Rikers, dos de ellos en aislamiento. La fiscalía no encontró evidencia suficiente y su caso fue desestimado. Dos años después de su salida en libertad, a los 22 años, Browder se ahorcó.
El ex presidente Barack Obama limitó el confinamiento solitario en prisiones federales, y la Asociación Nacional Correccional de los Estados Unidos llamó a restringirlo, en particular para quienes sufren padecimientos mentales. En 2018 el presidente Donald Trump promulgó una reforma de la Justicia penal que prohibió esa forma de encierro para los menores de edad detenidos en centros federales.
Varias causas judiciales en distintos estados condujeron a acuerdos como el que benefició a Gumm (quien hoy continúa su prisión perpetua en una celda común), y actualmente hay otras en trámite para limitar o prohibir el uso del aislamiento.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
