Internacionales
Alaridos de locura, suicidios y celdas herméticas, es lo que se vive en la cárcel más hermética de los EE.UU.
Timothy Gumm, condenado por violación en una prisión de Jackson, Georgia, fue acusado de intentar escapar en 2010. Cinco años más tarde escribió, a mano y sin asesoramiento legal, una carta cal juez Charles H. Weigle en la que se quejó de que desde ese momento había estado en una celda sin ventanas casi las 24 horas de cada día, incluso después de que se expurgara ese cargo de su registro de conducta.
Su situación se repitió durante 2017 en 61.000 casos en 38 estados de los EE.UU. y las cárceles del Servicio Federal de Prisiones que utilizan el aislamiento. Entre los castigados con este método hubo menores de edad, mujeres embarazadas y personas con trastornos mentales, según una investigación del Centro Arthur Liman sobre Leyes de Interés Público de la Universidad de Yale.
Durante los cinco años que pasó encerrado en celdas de aislamiento de 2 por 4 metros, Gumm —quien creía que iba a seguir allí indefinidamente, y por eso recurrió al juez— perdió toda relación con su familia, bajó casi 25 kilos y estuvo «privado de casi cualquier estímulo ambiental y sensorial, y de casi todo contacto humano». Su manuscrito de once páginas convenció al juez, quien abrió un caso.
El Centro Sureño de Derechos Humanos (SCHR) aceptó la representación ad honorem de Gumm y solicitó al psicólogo social Craig Haney, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y uno de los máximos expertos en confinamiento solitario de los Estados Unidos, que investigara la Unidad de Control Especial de Georgia (SMU).
«Allí vi cosas que nunca antes había visto», dijo el especialista con 40 años de experiencia en el tema.
En superficies del tamaño del estacionamiento de un automóvil, con puertas de metal y ventanas tapadas, los detenidos quedaban «herméticamente sellados». Entre ellos, observó una cantidad llamativamente alta de personas con enfermedades mentales (casi un 40%), además de muchos más sin tal diagnóstico pero en estado de demolición psicológica: se herían a sí mismos, manchaban sus celdas de sangre, comían sus heces o tragaban baterías o elementos cortantes para suicidarse.
Haney describió un pabellón de la unidad como «parecido a un manicomio», en el que resonaba «la cacofonía de los alaridos de los presos y los pedidos de socorro». En una ocasión vio un cartel toscamente escrito que decía «Ayuda», informó la cadena.
Su informe, publicado en 2017, cuando Gumm ya llevaba otros dos años y medio de aislamiento, dio lugar a una demanda d colectiva. El escrito se presentó «para impedir que los funcionarios de las prisiones mantengan a la gente en una forma extrema de confinamiento solitario por muchos años sin supervisión significativa y sin perspectiva de salir».
La SMU de Georgia, un edificio para 192 detenidos, «es la cárcel más restrictiva y la única de su tipo» en el estado, según el texto de la demanda. «También es el lugar donde se realiza un régimen de modificación de conducta basado en el aislamiento, conocido como el Programa Nivel III».
Ese régimen es, en teoría, un «programa de incentivo» que se emplea para alentar «los ajustes adecuados», de modo tal que los reclusos «puedan ser devueltos a una adscripción habitacional común». Pero, según la demanda, «en la práctica las personas son enviadas al programa de aislamiento indefinidamente durante años, más allá de su conducta y a pesar de las graves consecuencias para la salud del confinamiento solitario en el largo plazo».
El texto señaló que el aislamiento se ha empleado históricamente como «técnica de tortura».
Haney concluyó que la unidad penal de Jackson era «una de las instalaciones más duras y más draconianas» que ha visto en actividad en cualquier lugar del país, en la que habitaban algunas de las personas más psicológicamente traumatizadas que ha evaluado en este tipo de contexto. En su opinión, la institución funcionaba «en abierta violación de un consenso generalizado y creciente, a nivel nacional e internacional, en lo profesional, legal y correccional».
En enero de 2019, el estado de Georgia aceptó un acuerdo para terminar con el litigio, por el cual a cada detenido de la SMU se le debían permitir al menos cuatro horas al día fuera de las celdas (excepto en fines de semana y feriados), tiempo que no se le podía quitar como forma de castigo por mala conducta común. Excepto en un puñado de circunstancias, no se podía recluir a una persona en aislamiento por más de 24 meses.
«El confinamiento solitario ha crecido en las cárceles estadounidenses desde las décadas de 1980 y 1990 como una forma de controlar a los reclusos peligrosos, castigar un delito o proteger a los detenidos vulnerables de la población común», explicó NBC News. En numerosas cárceles hay zonas supermax (de seguridad súper máxima) donde el confinamiento solitario es común.
En la SMU de Georgia, Haney entrevistó a reclusos que no tenían idea de cuándo o si saldrían del aislamiento para convivir con los demás detenidos. Muchos directamente cumplían la totalidad de sus condenas en un espacio mínimo y sin contacto humano.
«Algunos investigadores dicen que la práctica causa daño psicológico permanente, mientras que otros sostienen que hace más probable que un detenido vuelva a meterse en problemas al quedar libre», explicó NBC. La automutilación y el suicidio son las manifestaciones más evidentes de ese daño.
Quizá el caso más conocido sea el de Kalief Browder, un adolescente del Bronx, Nueva York, que en 2010 fue acusado del robo de una mochila. Pasó tres años procesado sin condena en la cárcel de Rikers, dos de ellos en aislamiento. La fiscalía no encontró evidencia suficiente y su caso fue desestimado. Dos años después de su salida en libertad, a los 22 años, Browder se ahorcó.
El ex presidente Barack Obama limitó el confinamiento solitario en prisiones federales, y la Asociación Nacional Correccional de los Estados Unidos llamó a restringirlo, en particular para quienes sufren padecimientos mentales. En 2018 el presidente Donald Trump promulgó una reforma de la Justicia penal que prohibió esa forma de encierro para los menores de edad detenidos en centros federales.
Varias causas judiciales en distintos estados condujeron a acuerdos como el que benefició a Gumm (quien hoy continúa su prisión perpetua en una celda común), y actualmente hay otras en trámite para limitar o prohibir el uso del aislamiento.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
