Judicial
62 miembros de pandillas son enviados a prisión por homicidio y extorsión, en San Miguel
Instrucción formal con detención provisional se les decretó ayer en la tarde a 62 miembros de pandillas que según las investigaciones forman parte de una estructura terrorista conformada por seis clicas que delinquían en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Las fiscales del caso de la Unidad Antiextorsiones de la sede de San Miguel explicaron que la resolución fue emitida después de la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel.
Los incriminados, que fueron capturados la semana pasada con órdenes giradas por la Fiscalía General, responderán por nueve homicidios agravados, entre ellos el de un soldado, dos homicidios agravados tentados, 16 casos de extorsión agravada, y seis proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio. También se les imputan 11 casos de tráfico ilícito de droga y organizaciones terroristas.
A otros tres incriminados se les sustituyó la detención por otras medidas.
Entre los procesados hay 29 mareros que tienen calidad de reos ausentes, para quienes posteriormente se celebrará una audiencia para resolver su situación jurídica.
Por los homicidios que tendrán que responder está el cometido en contra del soldado Elías Santos Díaz Amaya y el de Juan Francisco Romero Reyes, atacados con disparos de arma de fuego el 2 de febrero de 2020, en el cantón La Joya del municipio de Yamabal.
El militar estaba de alta en el Destacamento Militar #4 de San Francisco Gotera.
Tampoco quedará impune el asesinato de Jesús Jiobani Amaya y otra víctima que sobrevivió y por el que serán procesados por homicidio agravado tentado; este caso se registró el 20 de mayo de 2020, en el cantón Volcán de Delicias de Concepción, del municipio de Morazán.
Las víctimas de extorsión de estos grupos criminales suman 16 de diferentes sectores, quienes han sido chantajeadas con cantidades semanales y mensuales que oscilan entre los $2,500.00, $800.00 y $50.00, efectuadas entre los años 2015 y 2020.
Este 8 de octubre inició el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de actos arbitrarios y desobediencia, en perjuicio de la administración pública y de empleados municipales.
De acuerdo con las investigaciones, durante su gestión al frente de la municipalidad, Montano realizó despidos de manera arbitraria, sin respetar los procedimientos legales establecidos para separar de sus cargos a los trabajadores de la comuna.
“Durante su gestión, Nercy Patricia Montano de Martínez realizó despidos de forma arbitraria, sin seguir el procedimiento legal establecido para separar de sus cargos a empleados de la municipalidad”, señaló la Fiscalía en su reporte.
Ante estas vulneraciones, los trabajadores afectados interpusieron recursos ante los juzgados correspondientes y obtuvieron fallos favorables que ordenaban su reinstalación inmediata, así como el pago de los salarios y las prestaciones adeudadas.
Sin embargo, según la información proporcionada, la exfuncionaria y su concejo municipal se negaron a cumplir con los mandatos judiciales, situación que dio origen al proceso penal que enfrenta actualmente.
Rodrigo Alejandro González Franco fue condenado a 20 años de prisión por intentar asesinar a su compañera de vida, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El fallo fue emitido por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, a solicitud presentada por la Fiscalía.
El hecho ocurrió el 7 de marzo de 2026, cuando González Franco llegó a la vivienda de la víctima, ubicada en una comunidad del distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este.
De acuerdo con lo establecido durante el proceso, González Franco comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, minutos después, golpeó en varias ocasiones a su compañera de vida. Esta conducta fue calificada durante el juicio penal como feminicidio agravado tentado.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público también establecieron que el ahora condenado intentó asfixiar a la víctima. Sin embargo, la hija de ella intervino para poner fin a la agresión.
Posteriormente, la víctima y sus familiares acudieron a interponer la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), lo que permitió la captura de González Franco en el término de flagrancia.
Semanas después, la Fiscalía inició el proceso penal en un juzgado de paz de Ilopango, mientras que la fase de instrucción fue conocida por juzgados especializados de la mujer.
«Durante el proceso judicial, la representación fiscal presentó elementos probatorios que fueron contundentes para demostrar la vinculación del imputado con los hechos atribuidos», publicó el Ministerio Público.
Omar Iván Alfaro Cruz fue condenado a 12 años de prisión por el delito de hurto agravado y al pago de $1,000 en concepto de responsabilidad civil, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la investigación realizada por la Fiscalía, Alfaro Cruz se hacía pasar como paciente o acompañante para sustraer objetos de valor de empleados o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
El condenado aprovechaba que el personal se encontraba realizando sus labores para hurtar teléfonos celulares y otros objetos de valor que permanecían a la vista.
Uno de los hechos ocurrió el 2 de mayo de 2025, cuando ingresó al Hospital Médico Quirúrgico, en San Salvador. Al llegar al área de Neumología, esperó a que ocurriera una emergencia para hurtar una tablet propiedad del ISSS.
La sentencia condenatoria fue dictada durante un juicio sumario por el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador. Este procedimiento permitió agilizar el desarrollo del juicio.
