Internacionales
Pervertido ató y abusó de una niña dentro de un auto
José Carabantes Pineda fue sentenciado a 23 años de prisión tras declararse culpable de atar y agredir sexualmente a una niña en un estacionamiento comercial en Long Island (NY).
Según la investigación y la declaración de culpabilidad del acusado, el 20 de marzo de 2021 Carabantes Pineda (37) llevó a la víctima de 10 años al estacionamiento de la tienda “Big Lots” en Riverhead, condado Suffolk, la ató con cinta adhesiva y la agredió sexualmente en el parte trasera de una minivan. La niña gritó y golpeó las ventanas del vehículo con la esperanza de que alguien la ayudara mientras intentaba quitarse de encima al acusado.
Un buen samaritano la escuchó y golpeó las ventanas fuertemente polarizadas y empañadas. Inmediatamente llamó al 911 y proporcionó información sobre el vehículo al Departamento de Policía de Riverhead. Mientras el conductor arrancó y él comenzó a seguirlo.
Carabantes condujo de regreso a su casa, puso a la víctima en un vehículo diferente y la entrenó para que le dijera a la policía que estaba gritando porque acababan de golpear un auto, en caso de que la interrogaran. Al regresar a su domicilio minutos después, el imputado fue detenido.
Investigaciones posteriores revelaron que había estado abusando sexualmente de la niña durante los meses previos al asalto, agregó News 12. Carabantes se declaró culpable el pasado 24 de febrero. No está claro su vínculo con la menor para poder aproximársela en varias ocasiones.
Además de cumplir 23 años de prisión, la jueza Karen M. Wilutis también ordenó a Carabantes 20 años de supervisión posterior a la liberación.
“La valentía de esta joven víctima para luchar contra su abusador, la rápida reacción de un buen samaritano y la rápida respuesta del Departamento de Policía de Riverhead son la razón por la que este depredador fue detenido”, dijo en un comunicado el fiscal de distrito, Raymond A. Tierney. “El hecho de que haya personas que se aprovechan de niños inocentes como éste es simplemente incomprensible”.
En un caso similar, el mes pasado Elmer Martínez se declaró culpable de abusar sexualmente y amenazar a una niña durante seis años en Long Island (NY).
En febrero otros dos hispanos fueron acusados en casos separados de abuso sexual de menores de edad en Nueva York y uno de ellos se declaró culpable.
También ese mes Justin Dixon, presunto miembro de la pandilla Crips, fue acusado de promover la prostitución de mujeres, incluida una niña de 14 años, a las que obligada a vivir desnudas en una casa en Staten Island (NYC) y atenderlo como sus sirvientes, según una acusación federal.
Esta semana tres proxenetas y tres empleados de un hotel en El Bronx (NYC) fueron acusados como sospechosos de dirigir una red de prostitución que victimizó a al menos siete menores de edad.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
