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Nacionales

1,067 conductores borrachos capturados en lo que va de 2025

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El plan de seguridad vial implementado en las carreteras del país para detectar y retirar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a 1,067 automovilistas peligrosos entre el 1° de enero y el 5 de julio de 2025.

De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, esta cifra representa una reducción del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1,192 arrestos por conducir en estado de ebriedad.

Los operativos de control, coordinados por el Viceministerio de Transporte (VMT) junto con la Dirección de Tránsito Terrestre de la PNC, han logrado sacar de las calles un promedio de seis conductores alcoholizados cada día durante el presente año.

Nuevas sanciones para conductores peligrosos

Las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial endurecen las medidas contra quienes manejan bajo influencia alcohólica. Ahora, cualquier cantidad de alcohol en el aire espirado clasifica al conductor como peligroso, mientras que anteriormente se permitían hasta 99 miligramos por decilitro.

Los conductores detectados con alcohol en su organismo serán procesados judicialmente, enfrentarán la suspensión de su licencia y multas de $150. En caso de reincidencia, la suspensión será definitiva.

Además, el Código Penal fue modificado para castigar con penas de prisión a quienes causen accidentes fatales bajo la influencia del alcohol: entre 5 y 10 años para vehículos livianos y hasta 15 años para conductores de carga o transporte colectivo.

Tragedia conmociona al país

En diciembre de 2024, un niño de dos años falleció atropellado por un conductor ebrio en el kilómetro 78.5 de la carretera entre Ahuachapán y Santa Ana, cerca del cementerio municipal de El Refugio.

El conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 192°, casi el doble del límite permitido. El presidente Nayib Bukele se pronunció con firmeza tras el hecho: «Un niño de 2 años falleció por culpa de un imbécil que manejaba con 192° de alcohol en la sangre. Imaginen la Navidad que tendrá que vivir esa familia, por culpa de quienes insisten en manejar alcoholizados».

Las autoridades reiteran el compromiso de continuar con los controles para reducir accidentes y proteger la vida en las vías salvadoreñas.

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Detienen a pandillero de la clica Arce Malditos Locos Salvatruchos

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Un nuevo golpe contra las pandillas se registra hoy con la detención de José Francisco Yanes Linares, de 22 años, quien de acuerdo a la Policía Nacional Civil es miembro de la MS13, clica Arce Malditos Locos Salvatruchos.

Las investigaciones arrojan que este sujeto tenía un cargo principal para la financiación de la mara, de acuerdo a la corporación policial.

«Según las investigaciones se encargaba de movilizar la droga y dinero para la pandilla», informó la PNC en la red social X.

Yanes Linares fue capturado en el cantón La Esperanza, en Ciudad Arce, La Libertad Centro.

Tras su aprehensión será remitido por el delito de pertenencia a esta organización terrorista.

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Incautan cocaína y más de 15 mil dólares a una mujer en Santa Ana

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Una mujer fue puesta bajo arresto luego de ser denunciada por comerciar y distribuir droga en la zona occidental. Al momento de su captura se le incautaron estupefacientes y miles de dólares en efectivo, informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo a la versión del Ministerio Público, la detenida, identificada como Andrea Dessire Beltrán Calderón se dedicaba al comercio y distribución de cocaína en Ciudad Real, San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.

La Policía Nacional Civil llevó a cabo el procedimiento en la vivienda de Beltrán Calderón en la cual se encontraron diferentes porciones de droga, una báscula y 15,129 dólares en efectivo.

La FGR detalló que Beltrán Calderón fue denunciada, lo que llevó a las autoridades a seguirle la pista comprobando el cometimiento de los delitos de tráfico de droga y lavado de activos, por los cuales será juzgada.

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En 2026, 10 estafadores han sido condenados a penas de seis a 62 años de cárcel

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Según informes de la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que va del año al menos 10 personas acusadas de estafa han sido condenadas a prisión.

Las cantidades defraudadas por los imputados oscilan entre $12,000 y $375,360, mientras que las penas impuestas van desde seis hasta 62 años de cárcel.

Las autoridades aseguran que las detenciones de estafadores y posteriores condenas se deben al trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, quienes han fortalecido sus esfuerzos tanto en la investigación de estos casos como en la propuesta y diseño de reformas legales orientadas a combatir delitos para combatir delitos que afectan contra el patrimonio de los salvadoreños.

«Tenemos la responsabilidad de gestionar, ordenar e investigar para poner tras las rejas y frente a un juez a los responsables de delitos graves. Hemos venido trabajando en una técnica de empezar por los delitos más graves, todo lo que tiene que ver con los delitos de la libertad sexual, violaciones, agresiones sexuales, estafas, robos y hurtos», señaló recientemente, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

El funcionario detalló que, para luchar contra este tipo de delitos, se presentaron el año pasado ante la Asamblea Legislativa, una serie de reformas relacionadas a delitos patrimoniales.

«El año pasado también llevamos a la Asamblea el último compacto de reformas que estaba relacionado a delitos patrimoniales, y también estamos analizando la información, escuchando las nuevas formas en que los salvadoreños se manifiestan y denuncian este tipo de delitos para lograr capturar a los implicados y llevarlos tras las rejas», indicó Villatoro.

El pasado 16 de febrero, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó una condena de seis años de prisión a Jorge Franklin Ríos Rugamas, quien fue declarado culpable por el delito de estafa agravada. El imputado también fue condenado a pagar $85,000 en calidad de responsabilidad civil.

«Los hechos sucedieron a comienzos del año 2020 cuando la víctima conoció a Ríos Rugamas, quien se hacía pasar como un empresario del área de las edificaciones y otros rubros. El imputado le ofreció a la víctima diferentes servicios del sector construcción y suscribió varios contratos para efectuar los proyectos», explicó el fiscal del caso.

Al vencer los plazos establecidos, Ríos Rugamas incumplió los contratos; sin embargo, simuló que respondería económicamente debido a los daños y perjuicios que ocasionó, pero lo hizo emitiendo cheques sin fondos.

En otro caso, un mes después, el 20 de marzo, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó que Edgar Omar Revelo Álvarez siga en prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra por el delito de estafa agravada en perjuicio de 23 víctimas.

«En 2025 se comenzaron a recibir múltiples denuncias contra el imputado, quien ofrecía boletos aéreos a bajo costo a través de redes sociales», explicó la fiscal del caso.

Según la representación fiscal, Revelo Álvarez se hacía pasar por empleado de una aerolínea y promocionaba supuestas ofertas bajo modalidades como el pago únicamente de impuestos o promociones de 2×1 a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Indonesia, Tailanda, Japón, Panamá, Perú y México.

«Las víctimas realizaban transferencias por los supuestos boletos; sin embargo, el imputado cortaba toda comunicación posteriormente, y las reservaciones resultaban falsas o inexistentes. El monto total de lo estafado asciende a $50,491.04», dijo la fiscal.

Mientras que, en Usulután, el Tribunal de Sentencia de dicha localidad declaró culpables a Santos Tomás Mercado y José Reinaldo Turcios Callejas por el delito de estafa y les impuso una pena de ocho años de prisión. Los imputados estafaron a 32 personas residentes en distintas comunidades del departamento.

«Los ahora condenados solicitaron a las víctimas diversas cantidades de dinero a cambio de supuestos beneficios como viviendas, terrenos, ganado y abonos para proyectos agrícolas. Los imputados aseguraban que dichos recursos serían entregados mediante una presunta ayuda humanitaria proveniente de China Taiwán», detalló el fiscal del caso.

En abril de 2025, las víctimas fueron convocadas a una reunión en San Salvador, donde supuestamente recibirían escrituras y otros beneficios; sin embargo, las promesas nunca se concretaron. Tras constatar el incumplimiento y la pérdida de su dinero, los afectados interpusieron la denuncia que dio origen al proceso judicial y a la posterior sentencia condenatoria.

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