Judicial
884 años de prisión suman las penas impuestas a pandilleros de la MS por diferentes delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar, con abundante prueba, la responsabilidad de 32 terroristas al haber cometido varios homicidios, además de planificar otros asesinatos y por ser parte de una pandilla.
Por dichas acciones, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana sentenció a una condena de 202 años de prisión a Wiliam Alexander Martínez Rodríguez, líder de dicha estructura con el nivel de Corredor de Zona.
Otras condenas impuestas a 31 pandilleros más oscilan entre los tres y 168 años de cárcel.
La estructura de la MS delinquía en diferentes cantones y caseríos del municipio de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán.
Con las ejemplares condenas impuestas se está haciendo justicia para las víctimas de estos pandilleros, a la vez se están resolviendo al menos 12 casos de Homicidio Agravado, tres casos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, dos casos de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego, y Agrupaciones Ilícitas.
Todos los delitos cometidos fueron entre el año 2014 al 2019.
Las penas impuestas más altas fueron para Martínez Rodríguez, quien fue condenado por 7 Homicidios Agravados -25 años de prisión por cada uno, 175 en total-, 3 casos de planificación de Homicidio Agravado -6 años por cada uno- y por Agrupaciones Ilícitas se le sumaron 9 años más, totalizando 202 años de prisión.
Asimismo, René Edenilson Morán Jiménez fue sentenciado a 168 años de cárcel por 6 Homicidios Agravados, 25 años por cada uno, y por 3 casos de planificación de homicidios, 6 años de prisión por cada uno.
Por otra parte, Santos Enrique Soriano Hernández recibió una condena de 100 años de prisión, tras haber comprobado que participó en cuatro 4 Homicidios Agravados.
José Isidro González Saldaña fue juzgado y encontrado culpable de haber cometido tres Homicidios Agravados y de planificar tres asesinatos, acumulando un total de 93 años en prisión.
Finalmente, Marvín Otoniel Magaña Mendoza fue sentenciado a 72 años de cárcel tras comprobar que había sido participe del cometimiento de dos Homicidios Agravados, haber planificados tres asesinatos, y ser parte de un grupo pandilleril.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
