Judicial
Infracción vial delató a una pareja de asaltantes que golpearon en el rostro a una anciana para robarle su celular en pasarela de un centro comercial en San Salvador
Golpeada y en estado de shock, así es como una anciana de 77 años de edad quedó luego de que una joven con la complicidad de un hombre le quitara su celular cuando se encontraba en las cercanías de un centro comercial en San Salvador. Las autoridades policiales dieron con la pareja luego de que cometieran una infracción vial.
Irene C., de 22 años, y Gustavo M., de 21, eran una pareja de asaltantes que tenían como misión recolectar la mayor cantidad de artículos y dinero a base de violencia; sus ataques debían ser directos y rápidos. Así fue como atracaron a Juana, una anciana de 77 años que esperaba a una de sus amigas afuera del centro comercial.
Según la relación de los hechos, la mañana del 16 de febrero del 2018, la anciana se encontraba sentada en una de las gradas de la pasarela cuando decidió sacar su celular para verificar la ubicación de la amiga con la que estaba por reunirse.
A unos pocos metros de Juana se asomó Irene quien sin perderle la mirada a su objetivo se acercó tal como acecha un león a su presa que estaba enfocada en darle indicaciones a su despistada amiga.
Un fuerte golpe en la cara descontroló a la víctima que desde el suelo no terminaba de comprender lo sucedido. En cuestión de segundos recibió una serie de golpes que provocaron que soltara el celular, algo que cesó el ataque.
A lo lejos, la adulto mayor miraba como su agresora corría con el botín en sus manos, una motocicleta roja la esperaba con Gustavo listo para seguir la ruta que les permitiera darse a la fuga.
La infracción que los delató
Con la adrenalina a tope, la pareja recorrió varios kilómetros del bulevar Los Héroes, hasta llegar a un retén policial desde el que los agentes les hicieron parada al ver que ambos no portaban casco.
Los criminales no tuvieron de otra que atacar las órdenes de los agentes quienes le pidieron la documentación de la motocicleta a Gustavo, este respondió que no los portaba sin prolongar su explicación.
El olfato de los agentes procedió a una revisión en la pareja, encontrando entre las pertenencias de Irene el celular que segundos antes le había arrebatado a Juana. Algo que evidenció los nervios a la ladrona.
“¿De quién es este celular?”, le cuestionó uno de los agentes. “Es de mi mamá”, le contestó la imputada quien despertó sospechas. Las dudas llevaron a los requisadores a llamar al último número que fue marcado. La voz del otro lado del teléfono le dijo que el celular correspondía a Juana y que no conocía la mujer que lo tenía en su poder.
Aprovechando la pasividad de los policías, los ladrones intentaron darse a la fuga corriendo en el sentido en el que habían atracado a la anciana. Tras ellos salió un grupo de elementos de seguridad quienes lograron recapturarlos en el redondel México, zona a la que llegó la víctima y los reconoció.
Posteriormente las investigaciones determinaron que la motocicleta con la que estos delinquían había sido reportada como robada el 15 de febrero, es decir un día antes de los hechos.
Ambos serán procesados por el delito de robo tentado y hurto de vehículos en el tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador que tiene previsto celebrar el juicio el próximo 12 de octubre.
Por: El Salvador Times.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
