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Ex fiscales, obligados a rendir testimonio falso en caso Corruptela, sufren crisis nerviosa cuando esperan que el fiscal general les aclare su situación
Una crisis nerviosa sufrió esta mañana el grupo de seis testigos criteriados que el ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y su equipo en el caso Corruptela, cuando se presentó de forma voluntaria a la sede fiscal de San Benito para conocer su estado en el proceso.
El grupo de cuatro ex fiscales y dos empleados administrativos llegó con el objetivo de someterse al debido proceso, luego de que el Juzgado 7º de Paz que les revocó el criterio de oportunidad, al que ellos mismos renunciaron.
Según el abogado del grupo, Alirio Ayala, sus representados llegaron con la finalidad de que “se nos diga de qué es lo que realmente se les acusa y que se nos someta a las investigaciones a las que nunca hemos tenido acceso, se manejo con un hermetismo, con un secretismo que no sabemos qué es lo que realmente se esconde”, señaló.
Ayala señala que sus representados “están consientes” de las consecuencias de renunciar al criterio de oportunidad y es por eso que han solicitado una investigación. “no es que se nos va investigar sorpresivamente, lo que buscamos es un juicio justo y no uno torcido como el que se manejó todo este tiempo atrás”.
Los ex empleados no fueron recibido en la sede fiscal debido a que no estaba el personal encargado del caso; sin embargo querían que quedara demostrada su intención de colaborar en el proceso.
La FGR pretende revictimizar a los exempleados al intentar procesarlos sin criterio de oportunidad de forma automática
Después del largo camino de vejaciones a las que fueron sometidos, el grupo sigue presentando señales de afectación psicológica como se notó esta mañana cuando manifestaron tener temor de entrar a la sede fiscal donde anteriormente los habían tratado como delincuentes.
Tenemos a tres compañeros que están en una crisis bastante complicada”, señaló la abogada de Derechos Humanos que los acompaña, Bessy Ríos, quien los acompaña en el proceso.
“Fue en este mismo lugar que los obligaron a usar gorros navarone para luego moverlos de sala en sala frente a sus compañeros y luego interrogarlos”, señaló la abogada.
Según la jurista sus representados fueron sometidos a una tortura psicológica, que aunque aclara no tiene nada que ver con la violencia física pero que puede ser incluso peor porque “genera un estado de ansiedad de persecución, estado de delirio, provoca perdida de sueño”.
“La peor tortura es hacer creer a una persona inocente que ha cometido un delito por creer que tengo el aparato de justicia a mi favor”, señaló Ríos.
Según el relato de los afectados eran sometidos a interrogatorios en salas separadas, donde los dejaban solos por largos periodos de tiempo, les apagaban las luces y al finalizar llegaba otra persona de la institución a decirles “qué estas haciendo acá, quítate ese gorro, si aquí no pasa nada”, con la finalidad de intimidarlos y luego confundirlos.
El hostigamiento al que habrían sido sometidos ha afectado incluso a sus familiares a quienes les llamaban por teléfono a las 5:00 de la mañana o en altas horas de la noche.
Si los que contestaban esas llamadas eran niños pequeños les decían “ya vamos a ir a traer a tu papá, decile a tu papá que vamos por el”, remarcó.
Todos esos eventos han hecho que los ex empleados de la FGR presenten señales de afectación psicológica por lo que sus representantes señalan que “vamos a iniciar los trámites para el acompañamiento psicológico”, recalcó.
A pesar de todos los vejámenes señalados los ex empleados quieren solucionar su situación legal y que el fiscal general, Raúl Melara les aclare el procedimiento a seguir.
De acuerdo a la abogada Ríos el fiscal debe llegar a la raíz de todo porque de comprobarse que el ex fiscal general Douglas Meléndez lo que buscaba era un caso sonado, rimbombante, «se deben arrestar a los resposables de fabricar en caso en bases mal hechas», enfatizó.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
