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Ex fiscales, obligados a rendir testimonio falso en caso Corruptela, sufren crisis nerviosa cuando esperan que el fiscal general les aclare su situación
Una crisis nerviosa sufrió esta mañana el grupo de seis testigos criteriados que el ex fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y su equipo en el caso Corruptela, cuando se presentó de forma voluntaria a la sede fiscal de San Benito para conocer su estado en el proceso.
El grupo de cuatro ex fiscales y dos empleados administrativos llegó con el objetivo de someterse al debido proceso, luego de que el Juzgado 7º de Paz que les revocó el criterio de oportunidad, al que ellos mismos renunciaron.
Según el abogado del grupo, Alirio Ayala, sus representados llegaron con la finalidad de que “se nos diga de qué es lo que realmente se les acusa y que se nos someta a las investigaciones a las que nunca hemos tenido acceso, se manejo con un hermetismo, con un secretismo que no sabemos qué es lo que realmente se esconde”, señaló.
Ayala señala que sus representados “están consientes” de las consecuencias de renunciar al criterio de oportunidad y es por eso que han solicitado una investigación. “no es que se nos va investigar sorpresivamente, lo que buscamos es un juicio justo y no uno torcido como el que se manejó todo este tiempo atrás”.
Los ex empleados no fueron recibido en la sede fiscal debido a que no estaba el personal encargado del caso; sin embargo querían que quedara demostrada su intención de colaborar en el proceso.
La FGR pretende revictimizar a los exempleados al intentar procesarlos sin criterio de oportunidad de forma automática
Después del largo camino de vejaciones a las que fueron sometidos, el grupo sigue presentando señales de afectación psicológica como se notó esta mañana cuando manifestaron tener temor de entrar a la sede fiscal donde anteriormente los habían tratado como delincuentes.
Tenemos a tres compañeros que están en una crisis bastante complicada”, señaló la abogada de Derechos Humanos que los acompaña, Bessy Ríos, quien los acompaña en el proceso.
“Fue en este mismo lugar que los obligaron a usar gorros navarone para luego moverlos de sala en sala frente a sus compañeros y luego interrogarlos”, señaló la abogada.
Según la jurista sus representados fueron sometidos a una tortura psicológica, que aunque aclara no tiene nada que ver con la violencia física pero que puede ser incluso peor porque “genera un estado de ansiedad de persecución, estado de delirio, provoca perdida de sueño”.
“La peor tortura es hacer creer a una persona inocente que ha cometido un delito por creer que tengo el aparato de justicia a mi favor”, señaló Ríos.
Según el relato de los afectados eran sometidos a interrogatorios en salas separadas, donde los dejaban solos por largos periodos de tiempo, les apagaban las luces y al finalizar llegaba otra persona de la institución a decirles “qué estas haciendo acá, quítate ese gorro, si aquí no pasa nada”, con la finalidad de intimidarlos y luego confundirlos.
El hostigamiento al que habrían sido sometidos ha afectado incluso a sus familiares a quienes les llamaban por teléfono a las 5:00 de la mañana o en altas horas de la noche.
Si los que contestaban esas llamadas eran niños pequeños les decían “ya vamos a ir a traer a tu papá, decile a tu papá que vamos por el”, remarcó.
Todos esos eventos han hecho que los ex empleados de la FGR presenten señales de afectación psicológica por lo que sus representantes señalan que “vamos a iniciar los trámites para el acompañamiento psicológico”, recalcó.
A pesar de todos los vejámenes señalados los ex empleados quieren solucionar su situación legal y que el fiscal general, Raúl Melara les aclare el procedimiento a seguir.
De acuerdo a la abogada Ríos el fiscal debe llegar a la raíz de todo porque de comprobarse que el ex fiscal general Douglas Meléndez lo que buscaba era un caso sonado, rimbombante, «se deben arrestar a los resposables de fabricar en caso en bases mal hechas», enfatizó.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
