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Empleados de alcaldía de San Salvador no recogen basura por falta de combustible en camiones
Por segundo día consecutivo sigue suspendida la recolección de basura en varios puntos de la capital, luego que no salieran a trabajar los empleados del área de desechos sólidos por falta de combustible en los camiones que utilizan para ese trabajo.
Empleados de esa unidad manifestaron que las gasolineras que les proveen de combustible diésel se negaron a seguir proporcionando ese producto por falta de pago de facturas vencidas y que estarían acumuladas desde hace seis meses.
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La situación se ha complicado, dijeron, porque la empresa que también proporciona en transporte de la basura en góndolas desde la planta Aragón a MIDES, desde este lunes pararon operaciones por falta de pago de facturas vencidas.
“No hemos salido a trabajar por falta de pago a proveedores de diésel. La alcaldía no les ha pagado las facturas vencidas y el lunes ya no nos dieron combustible”, detallaron los empleados.
Los camiones están estacionados en la planta de transferencia Aragón cargados con basura, “no podemos depositar los desechos a las góndolas porque no están proporcionando ese servicio”, indicaron.
Se dijo que en San Salvador a diario se recogen unas 720 toneladas de basura y que en esa tarea se involucran unas 47 unidades, muchas de ellas estacionadas en la planta Aragón.
Esta problemática ocurre a pocos días que la alcaldía de San Salvador recibió una parte de los 75 millones de dólares que el Gobierno central destinos para que con criterio FODES se repartiera a los 262 municipios, cuyo dinero serviría para la recolección de la basura, pago de proveedores y para realizar acciones para enfrentar la pandemia de Covid-19, como también para el pago de empleados.
Desde el día que se entregaron los fondos, el Presidente de la República Nayib Bukele, manifestó a los alcaldes que hicieran buen uso de ese dinero y que no tenían la necesidad de rendir cuentas al Gobierno.
La situación del alcalde Ernesto Muyshondt se le complica con el tema de la recolección y disposición final de la basura, ya que por un lado los empleados mantienen un descontento por el despido de algunos de sus compañeros para ceder la recolección de los desechos a una empresa privada, reclaman el pago de descuentos que les han realizado de Seguro Social, AFP, renta, Fondo Social para la Vivienda y de algunas obligaciones con bancos y casas comerciales.
Por otra parte, la empresa MIDES reclama aproximadamente cuatro millones de dólares como pago por la recolección de la basura y tras recibir tres cheques sin provisión de fondos, los apoderados legales de Manejo Integral de Desechos Solidos llegaron a la Fiscalía General de la República a interponer una demanda contra el tesorero de la alcaldía de San Salvador, Fernando Portillo Linares, por los delitos de estafa y actos arbitrarios.
En el documento que MIDES presentó este martes a la FGR se detalla que Portillo Linares quien es nombrado por acuerdo del Concejo Municipal, actuó con dolo al entregar en tres ocasiones cheques sin fondos para supuestamente cancelar lo adeudado, que asciende a casi $4 millones, según la empresa.
Se aseguró que el tesorero hizo la “argucia” de sustituir los cheques en nuevas fechas, pero los mismos no podían cobrarse porque continuaban sin fondos suficientes.
La denuncia advierte que el tesorero municipal, al momento de entregar los cheques, sabía que la alcaldía carecía de los fondos, ya que desde octubre de 2018 había cedido para el pago de una titularización, por un plazo de 15 años, los ingresos percibidos en concepto de tasas por recolección de basura.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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