Sucesos
Discoalmacén, un ícono del Centro Histórico de San Salvador, cerró sus puertas debido a la pandemia
Para Ciro González la “esquina más alegre de San Salvador” era la 4a avenida norte y 1a calle oriente, allí se ubicaba, hasta hace muy poco, Discoalmacén, el negocio en el que dejó su vida. Era uno de los últimos almacenes de tradición en el corazón de San Salvador, que sobrevivía a la evolución del ambiente económico en la zona.
En esa misma avenida funcionó otro mítico negocio, el café “Bella Nápoles”, que también cerró sus puertas hace dos años, por no soportar la crisis que originó la falta de clientes en la zona por la remoción del área, en ese entonces.
La historia de Discoalmacén inició en 1975, cuando González decidió cumplir un sueño que tuvo en su primer trabajo en una fábrica de camisas: tener un almacén. Él había llegado a la capital a sus 14 años, buscando un futuro prometedor, alejado de las actividades del campo y poder estudiar.
Para cumplir con su formación académica, tuvo que estudiar y trabajar a temprana edad. De día trabajaba en la fábrica de camisas y por la noche asistía a la escuela República de Chile, en la calle Concepción. Allí también hacía dinero. A sus compañeros, la mayoría de ellos adultos, les vendía al crédito las camisas que conseguía para vender en la fábrica.
González llegó este lunes al local del almacén. Allí conservaba periódicos de cuando se publicitaba. Foto EDH / Eduardo Alvarenga
A los 21 años, con su trabajo y ventas, González había logrado hacer un capital que le permitió tener su primer negocio propio, el “Bazar González”, que se ubicada en la terminal de oriente. Siguió ahorrando y un día le ofrecieron una barbería que estaba a la par de su bazar y también lo compró.
El primer fracaso para él le llegó en su tercer negocio, cuando se asoció con un amigo para abrir una sala de baile. A los seis meses de funcionamiento, su amigo, con quien no había firmado ningún contrato, lo retiró porque tenía nuevos socios que “invertirían más”, según le dijo.
Los discos y cassettes fueron de los principales productos que vendía Discoalmacén. Foto EDH
Con ese conocimiento, se atrevió a fundar su propia sala de baile, a la cual llamó “Dancing Down Town” y que fue todo un éxito a finales de los años 60. También alquilaba los equipos de sonido para fiestas y con un primo puso una pequeña imprenta.
La llegada de Discoalmacén
Con un patrimonio sólido, se animó a retomar su sueño original de tener su propio almacén, así fue que en 1975, en la primera planta del emblemático “Edificio José Gadala Maria”, abrió las puertas de Discoalmacén.
“Me fue muy bien porque con el Dancing Down Town yo me había hecho popular, daba el anuncio para que la gente visitara Discoalmacén”, recuerda González. Pero hubo un elemento que convirtió en suceso la apertura del negocio: un auto dentro de la sala que servía como caja registradora.
El nombre Thunderbird proviene mitología estadounidense de Arizona y Nuevo México. Según la leyenda el Thunderbird (Pájaro del trueno) batía sus alas para originar las tormentas en el desierto que proporcionaban a los indígenas estadounidenses el agua para seguir viviendo. Foto EDH/ Archivo
Esa idea, reconoce González, se le ocurrió en un viaje que hizo con otro amigo empresario. “En Puerto Rico vi un almacén con un carro adentro que me llamó la atención. Al dueño le pedí permiso para tomarle una foto y platicando con él, me animó a que hiciera lo mismo en El Salvador. Al volver del viaje conseguí el Ford Thunderbird del 64 y lo pusimos en la sala de ventas, llamó la atención hasta de los medios”, explicó González.
La pandemia terminó de apagar el sueño
El ocaso de Discoalmacén, según explica su propietario, inició hace 10 años, cuando su expareja e hijo lo apartaron del negocio. Por las diferencias legales, González tiene procesos judiciales abiertos con los cuales busca recuperar su patrimonio, entre ellos el almacén.
La penúltima sucursal de Discoalmacén, ubicada en Metrocentro, cerró sus puertas en noviembre pasado. El plan era dejar la sucursal del centro como única, pero debido a la crisis por la pandemia no pudo continuar. Durante los más de 45 años, también abrieron otras sucursales cerca de catedral y frente a las fuentes Beethoven.
González llegó este lunes al local del almacén. Ahora está vacío con solo algunos objetos olvidados. Foto EDH / Eduardo Alvarenga.
Texto y Fotos: EDH.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
