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1,067 conductores borrachos capturados en lo que va de 2025
El plan de seguridad vial implementado en las carreteras del país para detectar y retirar de circulación a conductores bajo los efectos del alcohol permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) capturar a 1,067 automovilistas peligrosos entre el 1° de enero y el 5 de julio de 2025.
De acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, esta cifra representa una reducción del 10 % respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 1,192 arrestos por conducir en estado de ebriedad.
Los operativos de control, coordinados por el Viceministerio de Transporte (VMT) junto con la Dirección de Tránsito Terrestre de la PNC, han logrado sacar de las calles un promedio de seis conductores alcoholizados cada día durante el presente año.
Nuevas sanciones para conductores peligrosos
Las recientes reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial endurecen las medidas contra quienes manejan bajo influencia alcohólica. Ahora, cualquier cantidad de alcohol en el aire espirado clasifica al conductor como peligroso, mientras que anteriormente se permitían hasta 99 miligramos por decilitro.
Los conductores detectados con alcohol en su organismo serán procesados judicialmente, enfrentarán la suspensión de su licencia y multas de $150. En caso de reincidencia, la suspensión será definitiva.
Además, el Código Penal fue modificado para castigar con penas de prisión a quienes causen accidentes fatales bajo la influencia del alcohol: entre 5 y 10 años para vehículos livianos y hasta 15 años para conductores de carga o transporte colectivo.
Tragedia conmociona al país
En diciembre de 2024, un niño de dos años falleció atropellado por un conductor ebrio en el kilómetro 78.5 de la carretera entre Ahuachapán y Santa Ana, cerca del cementerio municipal de El Refugio.
El conductor tenía un nivel de alcohol en sangre de 192°, casi el doble del límite permitido. El presidente Nayib Bukele se pronunció con firmeza tras el hecho: «Un niño de 2 años falleció por culpa de un imbécil que manejaba con 192° de alcohol en la sangre. Imaginen la Navidad que tendrá que vivir esa familia, por culpa de quienes insisten en manejar alcoholizados».
Las autoridades reiteran el compromiso de continuar con los controles para reducir accidentes y proteger la vida en las vías salvadoreñas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
